El Instituto Nacional de Estadística (INE) prepara una revolución en cómo mide la evolución de los precios de la luz y su impacto en el consumo de los hogares. Los cambios se aplicarán dentro de dos meses y llegarán casualmente en mitad de una espiral de subidas de los precios de la electricidad que están provocando que la inflación se dispare en España.

El organismo aplicará en enero de 2022 un cambio en la base cálculo del índice de precios al consumo (IPC), que entre otras modificaciones incluirá la de dejar de medir sólo la evolución de la tarifa regulada de la electricidad e incluir también las tarifas del mercado libre, que desde hace años concentran la mayoría del mercado y que hasta ahora no se han tenido en cuenta para calcular la inflación.

Desde el organismo se subraya que la renovación de la base de cálculo del IPC se realiza cada cinco años (actual está vigente desde 2016) y que incluyen muchas modificaciones sobre el modo de medición y sobre ponderaciones del peso cada producto en la cesta final. Y aunque el INE lleva años trabajando con las compañías eléctricas para ajustar la recepción de información a la nueva metodología, el hecho de que el cambio vaya a coincidir con una situación de precios desorbitadas previsiblemente tendrá repercusiones a corto plazo en el IPC.

Tradicionalmente, la inmensa mayoría de las tarifas del mercado libre -que las compañías fijan y pactan con sus clientes- son más caras que la tarifa regulada, denominada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), así que su inclusión en el cálculo del IPC tendría generalmente un efecto al alza. Sin embargo, es previsible que a corto plazo tenga ahora el efecto contrario. Cuando se renueva la base de cálculo del IPC se actualizan también los datos del año anterior para hacerlos comparables.

El PVPC de momento refleja de manera directa en el componente energético de la tarifa la evolución del mercado mayorista de electricidad, que es el que lleva meses marcando máximos históricos. Así que una rebaja del peso de la tarifa regulada en el IPC puede suponer de manera coyuntural una rebaja. El Gobierno, no obstante, trabaja ahora en una reforma de la formación de precios del PVPC para amortiguar el efecto de la volatilidad del mercado y darle más estabilidad.

Hace una década, más del 90% de todos los clientes eléctricos se acogían a la tarifa regulada, por eso era la única medición que realizaba el INE para calcular la evolución de la inflación. Pero en los últimos años la fuga de clientes del PVPC se ha disparado y el trasvase a las tarifas del mercado libre -pese a ser más caras- ha sido masivo y ya copan casi el 61% del mercado del pequeño consumidor. Actualmente, las tarifas libres concentran 10,5 millones de clientes, frente a los 16,2 millones de pequeños consumidores del mercado libre (más otros 1,8 millones de grandes consumidores sin derecho a PVPC).

La luz sigue al alza

El precio de la luz sigue desbocado en octubre a pesar de las medidas del Gobierno para contener la subida. El INE ha desvelado este jueves su estimación de IPC adelantado para este mes y ha alertado de que la inflación escalará hasta el 5,5%, situando el índice de precios al consumo en su nivel más alto desde 1992. El INE advierte explícitamente de que la fuerte subida se debe principalmente a los costes de la electricidad que asumen los hogares españoles, y en menor medida al encarecimiento de los combustibles, aunque aún no se conocen las tasas de crecimiento concretas de cada uno de ellos.

El IPC adelantado no refleja de manera desagregada la evolución de los diferentes componentes de la cesta de precios, así que la subida exacta y su impacto en la inflación no se conocerán hasta mediados de noviembre, cuando el INE publique la estadística completa referida al mes actual. En la estadística correspondiente a septiembre -cuando las medidas del Gobierno ya estuvieron vigentes en la segunda mitad del mes- el precio de la electricidad ya se disparó un 10,9% y colocó la variación del IPC anual en el 4%, netamente por debajo de la tasa que el INE anticipa para octubre.

La promesa de Sánchez

El Gobierno puso en marcha a mediados de septiembre un plan de choque para contener la subida del recibo de la luz con fuertes rebajas de impuestos y de la parte fija de la tarifa, que profundizaba otras medidas adoptadas en pleno verano. La escalada de los precios de la electricidad y su impacto en la factura son tales que han acabado por comerse el efecto de las medidas impulsadas por el Ejecutivo un mes y medio después de su aprobación.

La subida de la luz continúa y aparentemente hace inviable que el Gobierno cumpla la promesa -que el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta Teresa Ribera reconfirman en las últimas semanas e insisten en mantener- de que el coste medio de la factura eléctrica será en el conjunto de 2021 similar al de 2018, descontando el efecto de la inflación.

La cuestión es que desde el Gobierno no se precisa cómo se ha calculado el promedio de gasto de 2018 que se pretende igualar este año (unos 600 euros, según sus cifras) o si se incluye en la estimación a todos los clientes domésticos, tanto con tarifa regulada como del mercado libre, o sólo a una parte. Lo cierto es que el Ejecutivo insiste en su total convencimiento de que se cumplirá el compromiso a pesar de que las subidas de la electricidad persiste.

El pasado 16 de septiembre entró en vigor el real decreto-ley del Gobierno con las medidas para amortiguar el impacto en el recibo de luz de las subidas de los mercados de electricidad y de gas con rebajas de impuestos y reducción de costes cargados al recibo, y que reforzaba las primeras medidas adoptadas en junio.

La norma consolidaba la rebaja del IVA de la factura eléctrica del 21% al 10% aplicada desde junio, prorrogaba la suspensión del impuesto del 7% sobre la generación eléctrica hasta final de año y reducía al mínimo permitido por Bruselas el impuesto especial sobre la electricidad, del 5,1% al 0,5%. Además, se rebajaban un 96% los cargos regulados incluidos en la factura (que sirven para financiar las primas a las renovables, los sobrecostes de los territorios extrapeninsulares y el pago de la deuda del sistema eléctrico).