El gas tiene las puertas de Canarias abiertas. Así lo recoge la propuesta de orden emitida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que insta a los generadores de energía eléctrica convencional de Canarias (Endesa) y Melilla a utilizar este hidrocarburo en lugar de los derivados del petróleo que emplean en la actualidad. El documento está en periodo de información pública, admite alegaciones hasta el 30 de diciembre y elude hablar de regasificadoras, si bien contempla el almacenamiento.
«El gas no aparece como alternativa; está totalmente descartado», señaló en febrero de este mismo año el consejero para la Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena. Resulta que no era así. La hoja de ruta que el Gobierno de Pedro Sánchez ha trazado para la descarbonización de España y los compromisos adquiridos por el país con organismos internacionales en esa misma materia obligan a Madrid a cambiar el paso.
La presencia de renovables en el mix energético de las Islas se ha incrementado exponencialmente en los últimos cuatro años. Sin contar con las tres convocatorias que están en periodo de ejecución –dos eólicas y una fotovoltaica– ya se hace necesario parar los aerogeneradores cuando la demanda cae, sobre todo por las noches. En cambio, los megavatios hora limpios no llegan para cubrir la demanda cuando despiertan hogares y empresas.
Esta situación mejorará cuando los sistemas de almacenamiento estén operativos. En el caso de Gran Canaria, la central de Chira-Soria obtuvo su autorización definitiva esta semana, pero no estará operativa hasta entrada la segunda mitad de esta década. Esta infraestructura y los avances que promueva la investigación permitirán almacenar los excedentes nocturnos de energía renovable.
Menos emisiones
Mientras ese mundo ideal llega, es necesario contar con la tecnología convencional, la que quema hidrocarburos en las centrales eléctricas. De hecho, mantiene el papel protagonista en el Archipiélago y, a juicio de la ministra Teresa Ribera, «resulta adecuado reducir la dependencia del petróleo» para, en su lugar, «emplear combustibles con menores niveles de emisiones», parámetro que cumple el gas natural.
La entrada de esta última fuente ha incendiado de manera intermitente el debate político durante más de 20 años en Canarias. Se plantearon dos regasificadoras –Gran Canaria y Tenerife– para el abastecimiento de las centrales eléctricas de Juan Grande y Granadilla. La prevista en Arinaga topó con el rechazo frontal del sureste, con el hoy presidente del Cabildo y antes alcalde de Agüimes, Antonio Morales, a la cabeza.
La del sur de Tenerife no logró superar una judicializada tramitación administrativa. A ello se unieron, en la pasada legislatura, las dudas que mostró en torno a su amortización y rentabilidad la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este organismo entendía que su construcción afectaría a la cuenta de resultados del sistema gasista.
Retornando a febrero, el consejero Valbuena señaló que el Gobierno de Ángel Víctor Torres optaba por una transición a las energías renovables rápida, pero por mucho que acelere, todavía durante no pocos años será necesaria una tecnología de respaldo que garantice la estabilidad de los sistemas eléctricos canarios.
La propuesta de orden ministerial contempla dos escenarios posibles y, en ambos prevé sustanciales ahorros en la compra de combustibles. En el primero de ellos, solo «los ciclos combinados de la central térmica de Granadilla, en Tenerife, cambiarían su combustible a gas natural, en lugar de emplear gasoil». Los costes se reducirían «entre los 40 millones de euros» anuales, «tomando como referencia los precios de 2020 y los 130 millones para la previsión de precios de 2026»; alrededor de 84 millones de media sin centrar la mira en un solo año.
La otra opción estimada es que, además de Granadilla, también se pasen al gas «los ciclos combinados de Barranco de Tirajana, en Gran Canaria; los grupos de Punta Grande 15 a 19, en Lanzarote, y los grupos de Las Salinas 8 y Las Salinas 10 a 12, en Fuerteventura». El coste por combustible bajaría entonces otros 120 millones de euros más.
Esos cálculos se ciñen al cambio de hidrocarburo, «sin valorar posibles inversiones de conversión de los grupos para el empleo de un combustible diferente, o los costes de (...) infraestructuras gasistas para uso exclusivo que sean necesarias asociadas al consumo del gas natural».
Al ahorro por el menor coste del gas –extremo que la realidad ha atropellado en los últimos meses–, su uso «supone un ahorro en emisiones de CO2 con respecto a las emisiones con los combustibles actualmente empleados por los grupos generadores», resalta el ministerio. Otro apartado del texto señala que los mencionados grupos de generación de ciclo combinado estaban ideados para funcionar con gas natural. El empleo de otros hidrocarburos, fuel BIA (bajo índice de azufre) o gasoil, principalmente, los hace menos eficientes.
Por tanto, se señala como «adecuada y necesaria la aprobación del gas natural como combustible» y la propuesta de orden establece las fórmulas para calcular el precio de esta nueve fuente de alimentación de la maquinaria eléctrica convencional de las Islas.
En cuanto a la llegada del combustible a Canarias y Melilla –Baleares y Ceuta quedan fuera porque la planificación eléctrica contempla sendas conexiones submarinas con la Península–, el ministerio incide en la inexistencia de «un sistema de transporte y distribución de gas natural». No hay regasificadoras.
¿Cómo prevé que se salve esta eventualidad? Mediante «la utilización de instalaciones asociadas para uso exclusivo de los grupos generadores de electricidad». Es decir, almacenes en los que se hará acopio del combustible en estado líquido, que se regasificará antes de inyectarlo en los ciclos combinados existentes.
«Para asegurar el aprovisionamiento de combustible sin implantar un subsistema de transporte de gas natural u otras instalaciones que formen parte del sistema gasista, debe considerarse la utilización de determinadas infraestructuras para uso exclusivo de los grupos generadores de electricidad, por ejemplo, instalaciones de regasificación o almacenamiento», señala la propuesta. Claro que para llevarlas a cabo también se necesita cambiar la legislación vigente, que impide las inversiones que generan sobrecoste.
Medio ambiente y competitividad
El gas natural, como todos los combustibles fósiles, produce emisiones de dióxido de carbono (CO2), si bien estas son un 30% menores que las que provoca el fuel oil. Es cierto que las tensiones geoestratégicas y los problemas de logística han provocado un incremento del precio de gas hasta niveles desconocidos. Argelia cierra uno de los gasoductos que conecta con Europa, el que atraviesa Marruecos; con la política de vecindad entre ambos países en plena ebullición. Rusia da al grifo un par de vueltas en dirección a su cierre para presionar a la Unión Europea (UE) y conseguir así que se eliminen las trabas a la nueva conducción que pretende extender hacia el oeste. Ahora bien, los expertos vaticinan que este escenario es difícilmente sostenible en el tiempo, por lo que cuando las temperaturas comiencen a subir, y la demanda de energía a bajar, en la próxima primavera, las aguas retornarán a un cauce habitual. Cuando ese momento llegue, el ahorro no vendrá solamente determinado por esa diferencia de coste entre el gas y el petróleo. Bruselas aprieta las clavijas a los estados miembros para que el proceso de descarbonización gane velocidad dentro de su política de lucha contra el cambio climático. Uno de los castigos que padecen los que quedan más retrasados es el de abonar millonarias sumas por sobrepasar los niveles permitidos de CO2. El mercado, que todo lo negocia, intercambia derechos de emisión y estos se han puesto también por las nubes en el último año. De ahí que reducir el CO2 lanzado a la atmósfera se haya convertido en un factor importante de cara a ganar competitividad.
