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La Provincia - Diario de Las Palmas

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2.500 residentes de las Islas declaran activos y patrimonio en países extranjeros

La Justicia europea no anula del todo el modelo 720, que tiene abierto el plazo de presentación

La ministra María Jesús Montero (segunda por la izquierda), ayer en Ayamonte. EFE

La sentencia hecha pública el jueves por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no anula el modelo 720, solo alguno de sus preceptos. Por ello, hasta el 31 de marzo está abierto –el periodo se inició el 1 de enero– el plazo de presentación del modelo 720 con el que los ciudadanos cuyo domicilio fiscal está en España declaran los bienes y posesiones que tienen en otros países. En ese caso se encuentran alrededor de 2.500 contribuyentes del Archipiélago, según fuentes del sector fiscal.

El elevado número de extranjeros que viven en Canarias es responsable en buena medida de esa cifra total. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fijó en 225.200 millones de euros el importe declarado en todo el país y algo más de 10.000 millones tienen procedencia canaria, según las citadas fuentes.

 El Colegio de Gestores Administrativos de Santa Cruz de Tenerife explicó ayer que lo que dice el fallo del TJUE es que España «ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del principio de libre circulación de capitales». Es decir, la norma puesta en funcionamiento por Cristóbal Montoro (PP) en 2012, en su etapa de ministro de Hacienda, supone una discriminación para quienes cuentan con bienes en otros países del proyecto común europeo.

¿Por qué exactamente? Por un lado por la imprescriptibilidad de los supuestos sancionables. Es decir, mientras que el error u omisión de alguien que trabaja y tiene todos sus bienes en España deja de ser sancionable a los cinco años, el de quienes cuentan con alguna posesión en el extranjero se convierte en eterno a ojos de la inspección fiscal.

La otra cuestión que la Comisión Europea consideró «desproporcionada» en su Dictamen Motivado de febrero de 2017, que inició el proceso que ha desembocado en la sentencia actual, es el régimen sancionador. La multa es de hasta el 150% del valor no declarado, con, además, cantidades fijas que van de los 5.000 a los 10.000 euros. Hasta la fecha, según María Jesús Montero, el fisco español había impuesto sanciones por valor de 230 millones de euros que ahora habrán de devolverse a los contribuyentes.

La ministra María Jesús Montero anuncia que los cambios llegarán «en los próximos días»

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La ministra señaló ayer en Ayamonte (Huelva) que el formato actual del modelo 720 tiene autor: Cristóbal Montoro. «Fue una iniciativa que vino acompañando a la amnistía fiscal que se produjo en ese mismo año, perdonando, con la oposición del PSOE, el que no se hubieran declarado bienes en el extranjero por parte de los defraudadores», incidió.

Eran tiempos en los que España estaba al borde del rescate por la crisis de deuda soberana. Bruselas apretaba para reducir el déficit público del país, los ingresos fiscales se desplomaban por el masivo cierre de empresas y el abono de las prestaciones por desempleo se disparó ante el notable incremento del número de parados.

Para elevar la recaudación de impuestos, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió, entre otras cuestiones, declarar una amnistía fiscal, relató Montero. En otras palabras, las cuentas públicas conseguían más recursos a cambio de olvidar las ilegalidades del pasado. Una práctica que consideró espuria el propio Tribunal Constitucional. Sin embargo, consumada la amnistía fiscal, no había modo de dar marcha atrás y deshacer lo considerado impropio.

La puesta en marcha del proceso se acompañó con la advertencia a quienes mantuvieran su patrimonio en el exterior sin regularizar de que pagarían grandes sumas en sanciones, las que ahora el TJUE considera desproporcionadas. «Montoro quiso compensar de forma no correcta la amnistía fiscal», explicó la ministra de Hacienda y anunció que «el Gobierno de España, tras la lectura de la sentencia, va a corregir esas cuestiones» que la Justicia europea considera inaceptables.

El Colegio de Gestores Administrativos de Santa Cruz de Tenerife señaló que, además, las correcciones, que el Ejecutivo pretende introducir mediante una de las leyes que están actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, se tienen que realizar en medio del periodo de recepción del modelo 720. 

Lo que estos profesionales esperan de los cambios que se introduzcan es que sirvan para conseguir «ganar en seguridad jurídica» que la sentencia conocida el jueves exige. «Lo corregiremos en los próximos días», expuso Montero.

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