El sistema eléctrico español fue alimentando un enorme agujero financiero durante 14 años consecutivos. El permanente desfase entre los ingresos y los costes reconocidos (el antaño tan famoso déficit de tarifa) llegó a alcanzar los 29.000 millones de euros que se convirtieron en deuda que los clientes siguen pagando en su factura mes a mes y seguirán haciéndolo al menos hasta 2028.

La drástica reforma eléctrica del primer Gobierno de Rajoy, con duros recortes en todas las partidas del sistema, dieron un vuelco a la situación y desde 2014 los ingresos del sistema eléctrico empezaron a ser mayores a los gastos, por lo que se fue acumulando sucesivos superávits año tras año. Entre 2014 y 2018 los sucesivos superávits permitieron acumular un total de 1.687,5 millones de euros.

Un dinero que durante años se guardó en una cuenta bancaria común y corriente del banco Santander -heredada de Popular tras su absorción-, cuyo titular es la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Se trataba de una suerte de hucha de la luz millonaria que por ley inicialmente sólo podía utilizarse para reducir la deuda acumulada.

Sin embargo, los sucesivos Gobiernos han ido introduciendo cambios legales para poder usarla para pagar compensaciones a las eléctricas por pleitos ganados en los tribunales, para cubrir desajustes entre ingresos y costes del sistema eléctrico en los últimos años o para financiar algunas políticas de fomento de las renovables. La necesidad de cubrir parte el desbarajuste de ingresos y costes del sistema eléctrico en 2021 provocado por los récords de precios y el las medidas del Gobierno para amortiguar la subida de la luz ha provocado que la hucha de la luz se agote.

El actual Gobierno ha inyectado a las cuentas del sistema eléctrico los últimos 115,7 millones de euros que quedaba

n en esa hucha de la luz, según confirma la CNMC en su último informe sobre la evolución de la deuda del sistema. La hucha se vacía… o se vuelve a vaciar. Porque el Ministerio para la Transición Ecológica ya utilizó un año antes todo el remanente que quedaba, pero finalmente no tuvo que utilizar esos casi 116 millones que acabaron convirtiéndose en nuevo superávit.

Tapar agujeros

Durante años, los superávits acumulados quedaron inmovilizados porque la legislación sólo permitía utilizarlos para reducir la deuda del sistema eléctrico, pero requería de un desarrollo reglamentario que no llegaba.

El Gobierno de Mariano Rajoy encontró la vía para empezar a hacer uso de ese montante en desuso e incluyó en una disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado de 2017 que permitía hacer uso de esos fondos para hacer frente al pago de indemnizaciones a compañías eléctricas o fondos de inversión en pleitos internacionales. Y otros cambios legislativos parciales posteriores permitieron utilizar ese remanente para otros fines diferentes al pago de la deuda acumulada.

En los últimos años, los sucesivos Gobiernos han utilizado la hucha de la luz para pagar 519 millones en indemnizaciones a las compañías eléctricas tras las sentencias del Tribunal Supremo que tumbaron el sistema de financiación del bono social (los descuentos en la factura que se aplican a los hogares vulnerables) entre los 2014 y 2016; otros 11,3 millones para compensar a las empresas de tratamiento de purines tras un pleito; y se destinaron 120 millones en dos convocatorias de ayudas a proyectos renovables a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Desde 2019, el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho uso de esos fondos acumulados para cubrir los desajustes entre ingresos y costes del sistema eléctrico cada uno de los ejercicios. Ese mismo 2019 inyectó 528 millones de euros para evitar que hubiera déficit de tarifa y conseguir el equilibrio en las cuentas. En 2020 destinó 506 millones también para cubrir el agujero, pero finalmente otros ajustes hicieron que esa cantidad fuera excesiva y se provocó un inesperado superávit de 116 millones.

Son esos 116 millones sobrantes los que el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, ha utilizado para inyectarlos en el sistema eléctrico y los que deja prácticamente vacía la hucha de la luz (se ha utilizado todo el importe principal acumulado, pero Gobierno y CNMC no desvelan los intereses generados por esos fondos mientras estuvieron en la cuenta bancaria por tratarse de información confidencial).

¿Equilibrio en 2021?

El plan de choque del Gobierno para contener la subida del recibo de la luz, con rebajas temporales de impuestos y con un drástico recorte del 96% de los cargos que se pagan en la factura, han provocado un roto en los ingresos del sistema de 2021. Los cálculos que manejan las compañías eléctricas anticipan, no obstante, que las cuentas del sistema podrían cerrar el año prácticamente en equilibrio.

En los últimos meses, las propias eléctricas venían anticipando que en 2021 se registraría un déficit de tarifa de cientos de millones de euros. Sin embargo, el uso del superávit acumulado, la inyección a través de los PGE para compensar el impacto de las bajadas de potencia contratada durante el confinamiento y los mayores ingresos por las subastas de derechos de emisión de CO2, entre otros ajustes, han hecho que se vaya tapando ese agujero millonario del que las compañías venían advirtiendo.