Las peticiones de los transportistas isleños empiezan a ver la luz. La consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela Armas, y el de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, acordaron ayer, tras reunirse con los representantes de la Federación de Empresarios del Transporte (FET) de Canarias, crear una mesa de trabajo conjunta en la que, entre otros asuntos, se abordará la actualización de los precios de transporte escolar al IPC actual y un plan de pagos para llevarla a cabo.
Ambos consejeros, junto al director general de Transportes del Gobierno, Manuel Hernández Dámaso, mantuvieron una reunión con Agustín Espino y José Ángel Hernández, presidente y secretario general respectivamente de la FET, para dar cumplimiento a los compromisos alcanzados desde el Gobierno con el sector del transporte en las Islas para hacer frente a las consecuencias derivadas de la crisis provocada por el alza de los precios del combustible. Uno de los acuerdos que se cerró ayer fue la creación de una mesa de trabajo entre la Consejería de Educación y la FET cuya primera reunión tendrá lugar el próximo 7 de abril.
En esa mesa de trabajo se van a abordar varios puntos esenciales. Por un lado, la actualización de las tarifas de los contratos del transporte escolar en consonancia con el IPC actual. Otros puntos a tratar en estas reuniones serán la actualización de las rutas de este servicio complementario –que supuso en el curso 2020/21 una inversión de 43,6 millones de euros, en 1.451 rutas, y benefició a 37.426 alumnos y alumnas–, y la adaptación del salario mínimo interprofesional (SMI) del personal empleado en el transporte escolar. Tras las reuniones se establecerá un plan de pagos para que la administración abone a las empresas del sector del transporte escolar las cantidades adeudadas.
Además, la semana pasada la Consejería de Hacienda terminó por aceptar que la devolución del impuesto del combustible a los transportistas y agricultores profesionales sea del 100% al menos hasta el 31 de julio, si bien la patronal ha demandado que esta medida sea prorrogable si se mantienen los elevados precios del gasoil. El incremento de la devolución supone pasar de 15 a 22 céntimos por litro, es decir, siete céntimos más, lo que equivale subir del 68% actual al 99,9% y más de 30 millones de euros de coste para las arcas autonómicas.
