El Supremo niega clemencia a Sousa e irá seis años a la cárcel: “Falseó a conciencia”

Setenta y dos años. Es la edad a la que entrará en prisión el expresidente de Pescanova SA Manuel Fernández de Sousa-Faro (Mérida, 1951). No ha habido segunda ronda de clemencia para el otrora todopoderoso empresario; aunque el Supremo sí había accedido a reducir su pena de ocho –decretados por la Audiencia Nacional– a seis años de cárcel, el alto tribunal ha rechazado prolongar la temporada de rebajas. Así que Sousa vivirá una temporada entre rejas por su gestión al frente de la compañía que fundó su padre, José Fernández López, y que condujo por un camino de mieles, rosas y espinas a lo largo de tres décadas. Lejos de los coches y los barcos de los que ha disfrutado en su azarosa vida y por haber pergeñado un engaño colosal que se le vino encima un 28 de febrero de 2013, cuando no pudo seguir ocultando por más tiempo que Pescanova llevaba años perdiendo dinero y que sus brillantes balances contables eran un cuento fantástico. Estará privado de libertad por un delito continuado de falsedad en las cuentas anuales, falseamiento de información económico-financiera y alzamiento de bienes. Intentó minimizar daños arguyendo un error de cálculo, apelando a los jueces que solo le correspondían cuatro años y nueve meses en un presidio. No funcionó. Serán seis.

La resolución de la sala se ha producido en escasas dos demanas, con un pronunciamiento firmado por el mismo tribunal –Manuel Marchena (presidente), Julián Sánchez Melgar, Pablo Llarena, Vicente Magro y Leopoldo Puente (ponente)– que enterró todas las opciones del empresario de evitar la cárcel. La defensa de Sousa alegó que, en el fallo del Supremo, no quedó zanjado que el delito de falseamiento en la información económico-financiera “no lo fue en su modalidad continuada”, y que por lo tanto le correspondía una sanción más leve. Poco más de cuatro páginas ha dedicado el magistrado ponente a ventilar esta pretensión. “Este tribunal consideró y considera que la condena por los cuatro delitos referidos se pronunciaba en su condición de ilícitos penales continuados”, y singularmente con “informaciones económico-financieras conscientemente falseadas”. Así que, en definitiva, “no es dable ahora –continúa el auto de aclaración–, como recuerda en su informe el Ministerio Fiscal, entablar un diálogo”. “No hay recurso alguno” posible contra esta decisión.

Tanto la sentencia de la Audiencia Nacional como el fallo de casación del Supremo constatan esa continuidad en el maquillaje de la información económica de Pescanova SA (o vieja Pescanova). “Al menos desde finales de 2007, ideó una serie de mecanismos que tenían por objeto aparentar una relación comercial, en realidad inexistente, que permitiera a Pescanova seguir obteniendo financiación bancaria y ostentar frente al resto de los socios y terceros interesados en invertir una situación económica y financiera positiva muy distinta a la publicada oficialmente”, expone literalmente la sentencia redactada por Leopoldo Puente. Fue entonces, en los albores de la tormenta bancaria global, cuando creó una docena de sociedades instrumentales, que sobre el papel se convirtieron en las mejores y mayores proveedoras y compradoras de los langostinos y las merluzas de Pescanova, a fin de generar un circuito de actividad que le permitía acceder a financiación de forma irregular.

Y fue también entonces, dentro de esa “continuidad” de operaciones ilícitas negada por su defensa en cuanto al cálculo de la pena de cárcel, cuando Fernández de Sousa embarcó a la compañía en una carrera agotadora de inversiones, embelesado con convertir Pescanova SA en líder mundial de productos pesqueros. Destinó cerca de 834 millones de euros, con recursos 100% externos –y, en parte, cuando la empresa ya estaba en pérdidas–, a crecer principalmente en el segmento acuícola. Buena estrategia, mala ejecución. Y un esfuerzo titánico que no ha podido rentabilizar la actual Nueva Pescanova. Con múltiples ejemplos.

La inversión en Cono Sur, materializada entre 2011 y abril de 2013 –ya con la sociedad en causa de disolución–, rozó los 190 millones de euros. Con granjas de salmónidos (salmón y trucha) en las regiones de Magallanes y la Antártida chilena; fueron a la quiebra a instancias de HSBC por el impago de pagarés por importe inferior a los siete millones de euros. Aquellas factorías, bajo el paraguas de las filiales Acuinova Chile y Nova Austral, pasaron a manos de la competencia. En ese mismo periodo Pescanova SA invirtió cerca de 12 millones de euros en su participada de Australia, Austral Fisheries, de la que tenía un 50% del capital social y que acabaría por malvender en el año 2014. Una retahíla que se completa con una de las peores decisiones de Fernández de Sousa: la macroplanta de rodaballo en Mira (Portugal). Diseñada para producir hasta 7.000 toneladas anuales de esta especie –sin demanda en España, que consumía en aquel momento 15.000 toneladas al año–, nunca pudo operar al completo. Se sucedieron varios episodios de colapso, con la muerte de miles de peces y venta de producto por debajo de la talla óptima comercial a fin de generar liquidez. Un salmón atlántico (salmon salar) tarda hasta 18 meses en alcanzar los 4,5 kilos de tamaño objetivo para su venta; un rodaballo, 900 días hasta los 2,9 kilos. Es un periodo muy largo de maduración de un proyecto, con un consumo muy intensivo de capital circulante –instalaciones, plantilla, energía, piensos...– del que Pescanova SA carecía. La granja portuguesa es propiedad hoy, también, de competidores de la multinacional.

A la cárcel

El auto de aclaración de sentencia del Supremo fue remitido ayer a las partes, aunque solo para Sousa tenía el interrogante sobre la privación de libertad. Su guardia pretoriana, el equipo de directivos que le ayudó a tejer el enredo societario y fiscal en el grupo, había sido condenado a penas inferiores a los dos años de cárcel. Al carecer de antecedentes penales, no tendrán que pisarla. Son Joaquín Viña Tamargo, Antonio Táboas Moure, Alfredo López Uroz, Ángel González Domínguez y Carlos Turci Domingo. La esposa de Sousa, Rosario Andrade, fue condenada a seis meses; la auditora BDO y su socio director Santiago Sañé resultaron absueltos.

Ahora, como aclararon fuentes jurídicas, el Tribunal Supremo deberá dictar auto para el ingreso en prisión. “Empieza la ejecución y ordenarán una fecha para que ingrese voluntariamente”, acotan. Para hacer efectivo este mandato, el tribunal podrá recabar el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por si hubiese que librar órdenes de búsqueda y captura en caso de que el expresidente de la multinacional gallega no se presentase en la cárcel dentro del plazo otorgado por los jueces.

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