Emergencia energética

Red Eléctrica tardó cinco años en alertar de la fragilidad del sistema

Endesa ha dejado de invertir 2.000 millones en la renovación de los equipos desde el 2013, año en el que se aprobó la ley eléctrica impulsada por Soria

Tendidos eléctricos sobre la autovía GC-1 y GC-2, a la altura de la potabilizadora.

Tendidos eléctricos sobre la autovía GC-1 y GC-2, a la altura de la potabilizadora. / Andrés Cruz

La situación de emergencia energética que sufren las Islas no es nueva. Endesa lleva desde el año 2016 avisando en sus informes anuales de la obsolescencia de sus equipos –que en el 60% de los casos ya han superado su vida útil– y desde 2018 advirtiendo, además, del déficit de potencia que sufren las islas capitalinas y que las pone en riesgo de apagones generalizados. Esta información no solo se trasladó hace ya siete años al Gobierno central, local y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), sino que además, llegó al operador técnico del sistema, en este caso Red Eléctrica de España, quien decidió obviarla en sus informes hasta septiembre de 2021, cinco años después. Es en esa fecha cuando el operador alerta a las administraciones de la existencia de problemas de seguridad del sistema eléctrico en Gran Canaria y Tenerife por la falta de generación de potencia eléctrica. En concreto, se considera «necesario» aumentar el contingente de generación hasta disponer de 120 megavatios adicionales en Gran Canaria y 80 megavatios en Tenerife.

Sobre este asunto fuentes de Red Eléctrica solo han querido añadir que se «realizan los informes de cobertura de los sistemas canarios conforme a la normativa vigente y dentro de las competencias fijadas en la ley del sector eléctrico». Además, insisten en que en estos documentos se «informa de la potencia que ha cumplido vida útil regulatoria y de la potencia adicional necesaria».

En total fueron 46 las ocasiones que Endesa advirtió de la crítica situación desde 2016. El problema ha pasado ya por las manos de tres gobiernos autonómicos distintos. Y es ahora, siete años más tarde, cuando las administraciones se llevan las manos a la cabeza y se han propuesto solucionar cuanto antes un problema que lleva casi una década sobre la mesa de todos los responsables.

Lo que sí lleva exactamente diez años paralizado es la instalación de nuevas centrales o grupos no renovables en Canarias, justo desde que se aprobó la Ley 17/2013 para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. Una norma aprobada bajo el mandato del que fuera en ese momento ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, dentro del Gobierno liderado por Mariano Rajoy.

Esta ley impide realizar nuevas inversiones sin la celebración de un proceso de concurrencia competitiva que depende, en este caso, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Un proceso que se planteó para incentivar la competencia en el sector, pero que no se valoró hasta enero de 2023, con la emergencia ya en marcha. Por ello, Endesa lleva sin poder renovar sus equipos desde hace diez años. Basta observar las cifras de inversión en renovación anteriores a la ley de 2013 para darse cuenta del retraso que llevan los sistemas de las Islas.

Y es que antes de 2013, Endesa gastaba una media de 200 millones anuales en la reparación y renovación de los grupos de las centrales térmicas de Canarias. Lo que permitía garantizar el suministro sin problemas de potencia. Con los diez años de retraso, se acumula una inversión total de 2.000 millones que nunca se puso en marcha.

La antigüedad de las instalaciones de producción es tal, que el 60% de los casos ya ha sobrepasado su vida útil. De los 97 grupos instalados en las centrales térmicas del Archipiélago, 60 están obsoletos al contar con más de 25 años. Pero hay más, 34 de ellos alcanzan los 35 y trece, superan los 45 años. Esto pone en riesgo el suministro en las Islas y abre la posibilidad a que se produzcan nuevos ceros energéticos como el sufrido en La Gomera el pasado mes de julio. Actualmente los grupos más veteranos generan el 47% de la potencia actual de las Islas, es decir 1.114 megavatios de los 2.355 que existen.

Endesa ha tenido, incluso, que declarar «indisponibles» algunos de los grupos existentes ya que no se podía seguir operando con ellos porque no cumplían con los parámetros medioambientales de emisión que marca la normativa estatal y la europea. Esto ha provocado que centrales como la de Jinámar hoy estén a medio gas, lo que conduce a que exista un déficit de potencia en Gran Canaria.

Pero el problema no solo está en las islas capitalinas. En el Informe anual de cobertura de la demanda del sistema eléctrico de Canarias de Red Eléctrica –en el que se plantean las necesidades en el horizonte 2024-2028–, se detecta la «urgente necesidad» de instalar potencia adicional por cobertura a partir de 2024 en todos los sistemas de las Islas.

Para abordar esta situación, el Ejecutivo canario ya ha iniciado los trámites para activar la declaración de emergencia energética en Canarias, que se pretende aprobar el próximo lunes en el Consejo de Gobierno. Con este documento la consejería de Transición Ecológica y Energía, que dirige Mariano Hernández Zapata, busca «presionar» a Madrid para que apruebe medidas de emergencia y agilice el concurso de renovación de los sistemas eléctricos en las Islas. Ya está en marcha la búsqueda de empresas dispuestas a implantar los grupos de generación de potencia que hacen falta para cubrir la demanda, solo queda que Madrid de luz verde al coste de la inversión.

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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reclama una reunión urgente con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para abordar «sin mayores dilaciones» la situación de emergencia energética en el Archipiélago. Clavijo enmarca el encuentro en las gestiones que ya viene impulsando el Gobierno regional con el Ministerio desde el pasado agosto, cuando con el cero energético ocurrido en La Gomera quedó en evidencia la fragilidad de los sistemas eléctricos insulares. El mandatario regional busca sumar esfuerzos entre ambas administraciones a fin de hallar una fórmula que sea «efectiva, rápida y sostenible en el tiempo» para ampliar la seguridad de la red de distribución eléctrica en el conjunto del Archipiélago. Recuerda el Gobierno que varios estudios especializados revelan que Canarias sufre un déficit energético de unos 1.000 megavatios, con especial incidencias en las islas más pobladas de Gran Canaria y Tenerife, en las que la necesidad de energía adicional para garantizar el servicio eléctrico se traduce en 200 megavatios en cada una de ellas. A esa situación de riesgo se suman la antigüedad de los grupos generadores y la ausencia de una renovación efectiva de los mismos debido a las trabas que impone para las Islas la ley aprobada en 2013 y, de otra parte, las restricciones a las emisiones que imponen la UE.