El coste del despido en España varía según la provincia donde se produce

Modificar las condiciones del despido promete ser una de las batallas magnas –con permiso de la reducción de la jornada semanal– de la nueva legislatura. Tras atar lo socialistas una mayoría suficiente y una vez llevada a cabo la investidura de Pedro Sánchez, patronal y sindicatos sacarán a pasear las armas que ahora velan para iniciar una nueva pugna en las mesas de diálogo social.

El acuerdo de coalición alcanzado por PSOE y Sumar contempla una referencia ambigua sobre cómo pretenden ambas formaciones modificar las condiciones de un cese de la relación laboral: «Establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral», se explica en el texto.

Por un lado, la coalición quiere modificar los supuestos en los que las empresas pueden invocar o no un despido justificado. Y, por el otro, mejorar las indemnizaciones más bajas en el actual marco normativo. Y es que existe una disparidad muy elevada entre lo que cobra un trabajador destituido dependiendo de si está en un territorio u otro de la geografía estatal. Hasta el punto de que entre la provincia de España que menos indemnización reconoce y la que más puede haber una diferencia de hasta siete veces.

En Las Palmas los casos judicializados cuestan más que en Santa Cruz de Tenerife

Un simple vistazo a la realidad del Archipiélago da idea de esas grandes disparidades. Mientras la indemnización media para un trabajador cuando el despido se judicializa se sitúa en Las Palmas en los 14.734 euros, en el caso de Santa Cruz de Tenerife dicha suma cae drásticamente hasta los 9.887 euros. Lejos ambas sumas de los más de 20.000 euros que desembolsa una empresa guipuzcoana, pero también de los poco más de 2.863 euros que perciben los trabajadores de laprovincia de Ciudad Real.

El gran ausente

El despido fue el gran ausente de la última reforma laboral y el influjo de la de Mariano Rajoy, en 2012, aún conserva su impronta en las estadísticas. Según los datos recopilados trimestralmente por el Consejo General del Poder Judicial, la indemnización es un 36% inferior, de media, a la que se percibía hace una década.

Son varios los elementos que condicionan esa estadística –como el perfil de trabajadores despedidos, la antigüedad acumulada y la capacidad negociadora de los sindicatos–, pero el elemento normativamente relevante es el precio del despido. Antes de Rajoy, un cese improcedente se cobraba a 45 días por año trabajado, frente a los 33 días actuales.

Unos importes que la reciente reforma laboral no tocó. Como tampoco recuperó los salarios de tramitación, es decir, obligar a la empresa a pagar al trabajador el sueldo que debería haber percibido entre el momento del despido y el día que un juez le da la razón.

Los sindicatos ya han llevado a la justicia europea el actual sistema de indemnizaciones

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, ha defendido en sede parlamentaria introducir el concepto de «despido restaurativo». Este consiste en adaptar la cuantía final de la indemnización a las circunstancias personales del trabajador. Es decir, si este tiene 60 años y por ello tendrá muchas dificultades para encontrar un trabajo, la empresa debería pagarle más que a un joven de 25 años. O a una madre monomarental con tres hijos pagarle más que a un soltero sin hijos.

Hay tribunales que ya están aplicando esta doctrina, invocando la jurisprudencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en casos puntuales. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) cuadruplicó hasta los 4.435 euros la indemnización de una despedida (con un hijo a cargo), ya que su antigüedad era tan escasa que la cifra legal hubiera sido «insignificante», según los magistrados.

Un criterio, no obstante, que no comparten todos los territorios. En Galicia, por ejemplo, el TSJ dictó el pasado septiembre una sentencia en la que consideraba suficiente el sistema de indemnización contemplado en la normativa actual.

En el punto de partida, las prioridades y objetivos de los agentes sociales en esta materia no podrían estar más alejadas. Mientras la patronal CEOE acabó apoyando la reforma laboral de Yolanda Díaz porque, entre otros, esta no tocaba el despido, los sindicatos mayoritarios –UGT y CCOO– han llevado ante la justicia europea el actual sistema indemnizatorio, ya que entienden que no es suficientemente garantista.

«Ni a los trabajadores ni a los empresarios en estos momentos les preocupa el despido», insistió hace poco el vicepresidente de CEOE Lorenzo Amor, también presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). En la otra orilla, dirigentes de la UGT abogan por «hacer que sea más difícil despedir a la gente, no solo más caro».

Además, esta negociación, como el resto de actuaciones del Ejecutivo que se estrenará en semanas, se desarrollará en un contexto de crispación generalizada desconocido hasta la fecha. En los cuatro años anteriores, empresarios y sindicatos han logrado abstraerse en pos de su beneficio.

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