Canarias pedirá una moratoria para la cotización de los alumnos en prácticas

Canarias forma parte del grupo mayoritario de 13 Comunidades Autónomas que quiere un aplazamiento o moratoria en la aplicación del nuevo régimen de cotización de los alumnos que hagan prácticas en empresas. Una medida que ha generado controversia desde que se anunciara en mayo de 2022, hace ya más de año y medio, y para la que los servicios regionales de Empleo aún no están preparados. No en vano, y a solo días de la puesta en práctica de la iniciativa –en principio debe entrar en vigor el próximo 1 de enero–, todavía no hay protocolo de actuación y, además, tampoco se cuenta con los necesarios números o códigos de cotización específicos para el nuevo colectivo en la Seguridad Social.

El problema que aluden las comunidades, entre ellas Canarias, no es así el coste de la medida, sino más bien el coste de oportunidad que supondrá o supondría su puesta en funcionamiento de forma prematura.

Fue el pasado marzo cuando el Gobierno central coló en el Real decreto-ley de medidas urgentes en favor de los pensionistas, a través de una disposición adicional, la obligación de que los alumnos en prácticas, tanto los universitarios como los de Formación Profesional (FP), pasen a tener la consideración de asimilados a los trabajadores por cuenta ajena en el régimen general de la Seguridad Social.

Así que, de algún modo, la relación entre el alumno en prácticas y la empresa o institución en que las hace pasa de ser estrictamente formativa a ser también laboral. La idea inicial era que esta novedad se pusiera en marcha el pasado 1 de octubre, si bien la fecha prevista se pospuso al 1 de enero de 2024.

Sin embargo, y a las puertas de la implementación de la medida, en la mayoría de los Ejecutivos autonómicos consideran que si el Gobierno no accede a postergar su aplicación hasta que las cuestiones procedimentales queden resueltas, a corto plazo se producirán «más perjuicios que beneficios».

Esa es la preocupación en la Consejería de Turismo y Empleo del Ejecutivo regional, que dirige la popular Jessica de León y a la que está adscrito el Servicio Canario de Empleo (SCE), que en última instancia es el organismo que tendrá que implementar los cambios procedimentales en sus sistemas. Y el problema mayor es que, de momento, los sistemas de las autonomías –no solo los del Archipiélago, cabe insistir, sino los de la mayoría de comunidades– ni están preparados ni podrán estarlo en las pocas semanas que restan hasta el 1 de enero. «Hace falta un aplazamiento o una moratoria, al menos eso», explican desde el Gobierno isleño, que el próximo día 13, en la Conferencia Sectorial de Educación –la medida también afecta a las competencias en materia educativa–, expondrá su postura, que es la misma de Galicia o Andalucía. La preocupación compartida es que hay que incorporar al sistema a miles de personas cuando ni siquiera se dispone aún de esos códigos especiales que los identifiquen a efectos de la Seguridad Social, algo imprescindible por cuanto se trata de un nuevo colectivo de cotizantes a medio camino entre lo formativo y lo laboral.

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