Avalancha de 5.000 aportaciones a la futura ley de vivienda vacacional

La consulta pública sobre la futura Ley de Ordenación Sostenible del uso turístico de viviendas, cuyo plazo finalizó el pasado 26 de noviembre, ha tenido más de 5.000 aportaciones de los ciudadanos que se usarán para la elaboración del proyecto legislativo que regulará las viviendas vacacionales (VV). En este momento la Consejería de Turismo y Empleo, que dirige Jéssica de León, se encuentra clasificando las opiniones recogidas sobre cuál debe ser el futuro de la ordenación del uso turístico de viviendas. En una primera impresión, «hay personas que han hecho propuestas a la norma, que son las menos; otras, más que responder a las preguntas que se hacían, expresan la inquietud de lo que va a suceder, y existe una parte significativa que entiende que no es necesaria la regulación», explica el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez.

Ahora van a valorar las aportaciones y «tomar aquello que sea oportuno para comenzar a redactar un borrador» que deberá estar finalizado en febrero, calcula. Luego, ya con la propuesta elaborada, se iniciarán procesos de consultas con todos los agentes implicados, desde asociaciones de vecinos, ecologistas, universidades, colegios profesionales, empresarios o asociaciones de propietarios, para testar sus aportaciones al texto. Esperan que la norma esté aprobada y en vigor el 30 de junio de 2024 .

Rodríguez expone que la consulta pública no es vinculante ni determinante. La Consejería ya se ha marcado una hoja de ruta para realizar una regulación de las viviendas vacacionales y cualquier aportación puede ser significativa, pero estas valoraciones sólo son una parte del proceso. Salga lo que salga mayoritariamente de la consulta, la regulación se hará «desde una óptica de 360 grados», es decir, desde «el punto de vista del propietario de la vivienda pero también del vecino, del urbanismo, del modelo y diseño de ciudad, del medio ambiente y la calidad de vida de la gente, desde la movilidad sostenible y la gentrificación presente y futura, o desde la protección del patrimonio cultural», remarca.

Esto quiere decir que aunque un determinado segmento esté en contra en las aportaciones, el Gobierno se ha propuesto regular la vivienda vacacional atendiendo a todos los parámetros «porque hay intereses encontrados y hay que buscar el equilibrio», precisa. Desde su punto de vista, «no hay discusión ninguna de que debe haber una regulación», pues es un movimiento que se está dando a nivel nacional y europeo. «Puede ser que en Canarias aun no se haya producido ese fenómeno de gentrificación pero si en Florencia, Venecia, Madrid o Sevillla hace 20 años hubiesen atisbado el problema ¿no hubieran actuado a tiempo?», cuestiona. A su juicio, lo que hoy no es un problema es posible que en «dos, tres o cuatro años pueda ser un problemón», y por eso hay que actuar, porque el marco jurídico es «insuficiente».

No hay límites cuantitavos al crecimiento de las VV

¿Por qué? «Porque no hay límite cuantitativo alguno», responde. Canarias tiene casi 50.000 viviendas vacacionales. En concreto, en un año, desde noviembre de 2022 al mismo periodo de 2023 se ha pasado de 38.603 viviendas a 48.541, un incremento del 25,7%, lo que supone ya un 35% de la oferta alojativa.

Desde la Consejería se entiende que este tipo de residencias no son responsables en exclusiva de la turistificación, es decir, del impacto que tiene la masiva afluencia de viajeros en el tejido comercial y social de determinadas zonas, pero sí son un factor relevante, ya que propician la gentrificación de las urbes y puede repercutir en el precio de los alquileres. Una de las propuestas que se analiza plasmar en la futura ley se centra en que las zonas saturadas tengan un crecimiento cero en VV, si bien en otras zonas que puedan estar despobladas se pueden potenciar. Además se barema dar incentivos para que los propietarios pongan sus viviendas en el mercado de larga temporada.

En cualquier caso, aún se ha de redactar el texto, y a tenor de las aportaciones Rodríguez tranquiliza a los propietarios porque asevera que habrá un periodo transitorio para que puedan adaptarse a la normativa.

Los propietarios responden: Viviendas vacías: 211.331

Entre las aportaciones a la consulta ciudadana se encuentra la de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), que afirma representar a unos 1.500 propietarios. Según un informe que maneja, en Canarias hay 211.331 viviendas vacías frente a 47.156 viviendas vacacionales (a fecha de octubre) de un parque de 1.088.728 viviendas, lo que representa el 4,33% del parque total de viviendas, por lo que preguntan: «¿cómo es posible que este porcentaje de VV genere los efectos tan perniciosos de gentrificación que se le atribuye?».

Los propietarios afirman que la vivienda vacacional no es la causa de que aumente el precio del alquiler, pues es un mercado libre, y recuerdan que este tipo de inmuebles generan un impacto económico de más de 2.000 millones de euros en Canarias, más de 140 millones de IGIC en las Islas y cerca de 42.000 empleos directos.

Suscríbete para seguir leyendo