En medio de la creciente tensión que persiste en el mercado inmobiliario, la problemática para arrendadores y arrendatarios sigue sin encontrar una solución clara. Factores estructurales, el auge de la vivienda vacacional, la inflación descontrolada y la inseguridad jurídica para los propietarios se han convertido en un cóctel explosivo.
Un caso emblemático que ilustra esta situación es el de Luis Javier, propietario de una vivienda en Las Chafiras, Tenerife. Su inquilina, a quien arrienda desde hace tres años, acumula una deuda de 16.000 euros, ya que no ha abonado los 430 euros mensuales, incluyendo gastos de suministros. Ante la impotencia de no recibir los pagos, Luis llevó el caso a los tribunales, obteniendo una resolución a su favor y el aval para el desalojo.
Sin embargo, el proceso judicial, que implicó un desembolso de 6.000 euros en honorarios de abogados, no ha resuelto el problema, según ha desvelado el afectado a COPE Canarias. La inquilina, temiendo perder su hogar, apeló a la solidaridad del Ayuntamiento de San Miguel, alegando estar embarazada y deteniendo así el proceso de desalojo. Mientras tanto, Luis, actualmente viviendo con su madre de 93 años y siendo mileurista, se encuentra al borde de perder su casa debido a la difícil situación financiera que enfrenta.
Este caso pone de manifiesto la complejidad de la situación en el mercado inmobiliario, donde la falta de medidas efectivas y la acumulación de obstáculos legales complican la resolución de conflictos entre propietarios e inquilinos, dejando a muchos en una situación límite.
