Fin de la tasa de reposición para rejuvenecer la plantilla de funcionarios

La presa que contiene el relevo generacional del funcionariado abrirá sus compuertas en 2025. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, anunció ayer su intención de suprimir el año que viene la tasa de reposición, el mecanismo que limita el número de nuevas plazas que puede ofertar la Administración anualmente para cubrir las jubilaciones. Durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados, dejó en el aire cuál será la fórmula sustituta, aunque destacó que el objetivo es impulsar un reclutamiento más flexible, cuestión que en Canarias es urgente. El 40% de los empleados públicos de la comunidad se jubila en una década, por lo que es vital facilitar la entrada de nuevas caras para evitar que ventanillas, oficinas, aulas y consultas queden vacías y fuera de servicio.

Las instituciones dependientes del Gobierno isleño cuentan con 92.378 trabajadores, incluyendo los contratos de menos de seis meses y los de formación y prácticas. De estos, cerca de la mitad, en torno a 36.951, entraron en los años 80 y principios de los 90. Todos ellos tienen actualmente entre 50 y 55 años, y dejarán sus puestos vacantes antes de 2034. Un goteo de 2.000 a 3.000 jubilaciones anualmente.

Los problemas derivados de la crisis financiera que se inició en 2008 y las políticas de austeridad aplicadas en esos años, a través de la tasa de reposición, echaron el freno a las ofertas de empleo público, potenciando la entrada de miles de interinos. Sin embargo, mientras se cubrían puestos por esta vía, la edad media de los funcionarios y empleados con plaza ha aumentado sin un plan de relevo acorde al elevado número de trabajadores que están en la fase final de su actividad laboral. Las oposiciones convocadas en los últimos años han rejuvenecido parte de las plantillas, aunque sigue siendo insuficiente para superar este reto generacional.

Pero, ¿qué es y cómo funciona esta tasa? Es el porcentaje que topa la oferta de empleo público anual de las administraciones. Así, los puestos que se sacan a concurso se calculan en función del número de jubilaciones previstas y este ratio de reposición, que se estipula en los Presupuestos Generales del Estado. Por ejemplo, las cuentas públicas de 2023 establecen una tasa del 125% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuerpos de policía autonómica y policías locales. Luego cada comunidad fija sus criterios para sacar las ofertas de empleo público de su competencia, así como las contrataciones para cubrir sus vacantes.

El caso del Archipiélago

En el caso del Archipiélago, desde 2017 es del 100% para el personal docente no universitario de la comunidad, el personal estatutario del Servicio Canario de la Salud, el personal de la Policía Canaria y de la Agencia Tributaria. Además, en la última OPE sanitaria de 2023 publicada en el BOC (Boletín Oficial de Canarias) se ha tenido en cuenta un porcentaje de reposición del 120%, ya que se consideran prioritarios. Este sistema promueve un «crecimiento vegetativo de las plantillas basado en la estructura preexistente», aseguró ayer el ministro, por lo que aboga por un cambio que rompa este techo sobre el número de vacantes que ahora mismo se pueden llevar a oposición, eso sí, para que se materialice primero se tendrá que acordar un mecanismo con los agentes sociales.

El fin de esta tasa forma parte del nuevo modelo de gestión de los servicios públicos que la cartera encabezada por Escrivá quiere implementar ante el envejecimiento de las plantillas. En todo el país, en los próximos 10 años casi el 60% de los empleados públicos dependientes de la Administración general de Estado (AGE) se jubilará y el 47% tienen 55 años o más, casi veinte puntos porcentuales por encima de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Con este cambio normativo también se busca mejorar la calidad del empleo público ante el hecho de que, pese a las ofertas públicas récord de los últimos años, el número de efectivos al servicio de la AGE es casi un 10% inferior al de antes de 2008. Asimismo, se articulará un plan para captar talento junior y senior que vengan de la actividad privada.

Por otro lado, el titular de Función Pública anunció también en su comparecencia que otra de las prioridades de su cartera es la eliminación de la cita previa en todas las administraciones, para así suprimir restricciones de acceso, especialmente para aquellos ciudadanos con más dificultades de conexión telemática. Una medida que se puso en marcha debido a la pandemia, y que actualmente se mantiene vigente en las oficinas dependientes del Estado. Mientras, en la administración del Gobierno de Canarias el fin de la cita previa es una realidad desde el pasado mes de octubre.

Otra novedad pasa por modernizar la administración e integrar la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías para mejorar la atención al ciudadano. En ese sentido, Escrivá avanzó que su Ministerio ultima un programa informático para ayudar a los funcionarios a la hora de confeccionar cartas y demás comunicaciones que luego envían a los ciudadanos, con el objetivo de hacer los textos más entendibles.

La entrada de estas máquinas digitales liberalizará recursos, explicó Escrivá, lo que permitirá, por ejemplo, que un funcionario pueda resolver dudas de distintos sectores de la administración. Esto pretende impulsar un modelo personalizado, accesible y omnicanal. Cada ciudadano decidirá por qué vía se relaciona con el Estado, y este le proporcionará una comunicación más comprensiva, señaló, ya que agrupará la información por hechos vitales, como qué papeles se necesita al dar a luz a un bebé, en lugar de por departamentos. El fin último recalcó, es que la calidad de la administración pública española avance hasta situarse al nivel de los países más avanzados, como Finlandia o Países Bajos.

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