Sindicatos y patronal proponen la jubilación de las ‘kellys’ a los 58 años

Sindicatos –CCOO y UGT– y patronal turística de Las Palmas han lanzado al Gobierno central la propuesta de incluir en el catálogo de profesiones de alta peligrosidad a las camareras de piso. La iniciativa defiende la jubilación anticipada de las conocidas como kellys a los 58 años. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social aborda con los agentes sociales la lista de factores a tener en cuenta para determinar qué profesionales pueden acceder al retiro laboral antes de la edad habitual sin que eso repercuta de manera anticipada en la cuantía de sus pensiones.

No es la primera vez que las organizaciones de representación de los trabajadores y la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) promueven la entrada de este colectivo en el catálogo de profesiones de alta peligrosidad. De hecho, la decisión que adoptaron ayer está en la línea de la que pusieron sobre la mesa en 2017.

La ministra Elma Saiz y su equipo ya tienen un primer borrador de decreto y tanto sindicatos como empresarios entienden que es el momento de «incluir en la normativa» aquella «reclamación» que no prosperó hace siete años. La vida laboral de estas trabajadoras está plagada de problemas de salud derivados del desgaste físico que genera su trabajo cotidiano, uno de los parámetros que baraja el ministerio para determinar la relación de profesiones con derecho a la jubilación anticipada.

Tanto empresarios como sindicatos canarios destacaron el carácter «justo» de una medida que también definieron como «sensata, viable, favorecedora de la calidad del empleo» y del negocio alojativo del Archipiélago en su conjunto. Todos esos calificativos lo basaron en razones objetivas como el desgaste físico al que están sometidas las kellys. Por ello, CCOO, UGT y FEHT exigieron al ministerio que esté «a la altura de las expectativas» de las camareras de piso. Para que estas puedan acceder al retiro laboral a los 58 años, tienen que haber pasado al menos 20 años en el desempeño de esta profesión.

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social plantea en el borrador priorizar a aquellas profesiones con mayor acumulación de incapacidades temporales y que, por tanto, suponen un mayor gasto para el erario público. El importe total de las prestaciones abonadas por el Estado por las bajas médicas es solo uno de los tres criterios que de momento se han logrado establecer, según el borrador que discutieron el lunes los agentes sociales.

Aunque es seguro que el texto definitivo que entrará en el Consejo de Ministros presentará cambios con respecto al que se ha filtrado –la negociación está en una fase preliminar–, no han tardado en llegar las primeras fricciones entre el Gobierno central y los agentes sociales. Según distintas fuentes consultadas, las centrales sindicales no están de acuerdo con parte de los indicadores que se están manejando. La principal alarma se sitúa en que alguna de las variables elegidas puede acarrear un sesgo de género, debido a la actual infradetección de bajas laborales entre colectivos que actualmente ocupan mayoritariamente las mujeres.

De momento son tres los factores elegidos que maneja la Seguridad Social para tratar de objetivar cuándo es lícito que un empleado se retire antes de la edad legal de jubilación (66 años y seis meses). Primero, ese importe total que abona el Estado en prestaciones por incapacidad temporal, en proporción al dinero cotizado por los trabajadores empleados en dicho sector. Segundo, el número total de bajas por incapacidad temporal, sobre el total de empleados expuestos. Y, tercero, la proporción de siniestros mortales que se producen en esa rama de actividad.

La edad más temprana a la que se contempla el retiro anticipado son los 52 años. En base a dichos indicadores, cualquier patronal o sindicato puede pedir al Gobierno que identifique una profesión como especialmente peligrosa y permita adelantar la jubilación. Entrar dentro de esa categoría también implicará que empresas y trabajadores de dicho ramo deberán abonar una sobrecotización, para compensar el retiro adelantado. Una vez se curse dicha petición, el Ejecutivo se compromete a dar respuesta en seis meses máximo.

La negociación de nuevos cambios en materia de pensiones avanza, y las partes se han vuelto a citar en 15 días.

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