Canarias valora primar los salarios de las empresas en los contratos públicos

El Gobierno regional estudia incluir en los pliegos de los contratos públicos cláusulas que supongan mejoras salariales de los trabajadores de las empresas que concurran para realizar obras y servicios de la Administración. El presidente del Gobierno y secretario general de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, anunció esta semana la propuesta a negociar con el Estado de exonerar de las cuotas de la Seguridad Social a las empresas que paguen salarios por encima de los convenios, medida que está incluida en la agenda canaria pactada entre la formación nacionalista y el PSOE para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Se trata de una iniciativa que ha sido bien acogida en general desde las organizaciones empresariales de las Islas.

En la misma línea de incrementar el salario medio de los trabajadores de las Islas, el Ejecutivo autonómico analiza introducir condiciones en las convocatorias públicas para la ejecución de obras y servicios donde las retribuciones sean un factor que pondere con mejor baremación a las empresas que se presenten. En el encuentro de trabajo del jefe del Ejecutivo regional con la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) se puso este asunto sobre la mesa ya que hay organizaciones sectoriales y empresas que no ven mal este tipo de cláusulas y el Gobierno se ha comprometido a valorar esta opción, ya que entra en las competencias de la Comunidad Autónoma.

La inclusión de cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública se ha experimentado en otras comunidades autónomas. La Comunidad Valenciana aprobó en 2022 una ley en la que se incluye un apartado en el capítulo dedicado a la incorporación de cláusulas de responsabilidad social y de transparencia en la contratación pública que especifica: «Incluirán el compromiso de establecer un salario/hora en los trabajadores y trabajadoras superior al establecido en el convenio colectivo sectorial y territorial por la ejecución del contrato». Se trata de una opción que tendría una ponderación determinada dentro de los criterios de adjudicación a las empresas que participen en la licitación de un contrato con la Administración para que, si quieren obtener más puntuación, ofrezcan un salario superior al convenio de referencia.

Elevar la cuantía económica

Este tipo de cláusula supondría un esfuerzo tanto para la Administración como para las empresas, ya que ambos tendrían que elevar las cuantías económicas de los contratos. A raíz de la crisis financiera de 2008 muchos contratos públicos sacaban precios de licitación a la baja debido a las dificultades financieras de las administraciones y hubo adjudicaciones con bajas que se consideraron temerarias por parte de las empresas que no resultaban adjudicatarias. Obras sin terminar por quiebras de empresas o licitaciones al límites de precio con trabajadores en precario con salarios bajos y servicios que tuvieron que ser revocados y rescatados por la Administración responsable se han prodigado en ayuntamientos, cabildos y también en la Comunidad Autónoma.

Ahora lo que se pretende es mejorar las condiciones de la contratación pública y se estudia introducir cláusulas donde en la baremación se evalúe con más puntuación a las empresas que paguen a sus trabajadores por encima de convenio. Otra opción a puntuar sería la experiencia en el sector del que se trate. «Se trata de que los baremos de valoración de los pliegos se hagan no solo con criterios estrictamente económicos sino que se valoren otras cuestiones para ir no tanto al precio sino también a la oferta más competitiva, entre ellos las retribuciones», señalan fuentes empresariales. De esta forma «si las licitaciones suben en precios y presupuesto de partida también hay un compromiso de las empresas de mejorar los salarios», añaden.

Tanto el Gobierno como las organizaciones empresariales se han comprometido a estudiar estos posibles nuevos criterios para la contratación pública porque no solo se trata de incrementar los salarios de las plantillas, sino de introducir criterios que beneficien a las empresas canarias que en muchas ocasiones se han quejado de que se presentan empresas peninsulares con ofertas a la baja y después el servicio que se presta es deficiente.

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