Hacienda certifica la buena salud de las finanzas de la Comunidad Autónoma

El Ministerio de Hacienda certificó este miércoles la buena salud con que las finanzas públicas del Archipiélago cerraron 2023. Hasta el punto de que las Islas despidieron el pasado ejercicio como la Comunidad Autónoma de régimen común –todas menos Navarra y País Vasco– menos endeudada, con un débito equivalente solo al 12,2% de su Producto Interior Bruto (PIB).

El Ministerio publicó ayer el primer informe sobre el seguimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto del ejercicio 2023 en cumplimiento del artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. De este informe se deduce que Canarias tiene superávit estructural, con una capacidad de financiación de 216 millones de euros, equivalente al 0,4% de su PIB. Respecto al otro parámetro exigido en la Constitución, el nivel de deuda, esta es del susodicho 12,2% del PIB, inferior al 13% fijado para las comunidades autónomas.

Dada la suspensión de las reglas fiscales para el año 2023, aprobada por el Consejo de Ministros por Acuerdo de 26 de julio de 2022, el informe expone el resultado obtenido por las administraciones públicas en cuanto al déficit público, deuda pública y regla de gasto, sin valorar el cumplimiento o incumplimiento de las reglas fiscales. De esta manera, el déficit registrado por el conjunto de las comunidades autónomas en el ejercicio de 2023 asciende a 13.254 millones de euros; es decir, el 0,91% del PIB nacional, cifra que ha sido notificada a la Comisión Europea en el primer informe de este año en el contexto del Procedimiento de Déficit Excesivo. En cambio, Canarias registra un superávit de 216 millones de euros, que representa el 0,4% del PIB regional.

En relación a la deuda, frente a un débito del conjunto de las comunidades autónomas en 2023 del 22,2% del PIB nacional, la Comunidad Autónoma de Canarias se limita a una deuda de 6.518 millones de euros. Esto la convierte en la segunda comunidad autónoma con la deuda sobre el PIB más baja, después de la foral Navarra.