El mejor sistema asistencial de los países desarrollados se muere dentro de su propia armadura. La sanidad pública española, sin ser la más cara de la UE (un 9% del gasto del PIB frente al 9,6% de media comunitaria) sufre de aluminosis provocada por un déficit crónico y una deuda fuera de control que se paga hasta con 700 días de retraso.
En los últimos diez años el gasto asistencial se disparó en nuestro país por encima del 10% hasta llegar a los 62.000 millones de euros. España se ve ahora mismo sin recursos para atender una progresión como esta a largo plazo y sus partidos con opción de gobierno (PP y PSOE) hacen cuentas para detener la hemorragia sin recortar las prestaciones asistenciales. Ése, y no otro, es el mandato de los ciudadanos, pero falta por ver si será posible cumplirlo.
La culpa de esta situación, para bien, la tuvieron en origen las autonomías. El acercamiento de la gestión sanitaria a los gobiernos territoriales permitió dar cauce a las demandas de salud de la población en una etapa de fuerte incremento demográfico, sobre todo inmigrante, con una de las mayores tasas de crecimiento del mundo. A la multiplicación del gasto asistencial ayudó también el envejecimiento de los españoles. Y estamos hablando de un sistema universal y gratuito.
A la altura del 20-N, socialistas y PP buscan fórmulas para racionalizar ese gasto, que se destina casi en su mitad a pagar salarios, un 25% a equipamientos y medicamentos hospitalarios y otro cuarto a la dispensa extrahospitalaria de fármacos. Propuestas las hay para todos los gustos en los dos partidos, pero dadas las dimensiones de la deuda y la naturaleza del déficit (estructural a causa de un modelo financiero desequilibrante), no parece que pueda venir sólo por aquí el remedio definitivo de nuestro sistema público.
El PSOE plantea, por ejemplo, más sanidad en línea, el uso responsable de los servicios sanitarios (sin determinar) o una misma central de compras (de fármacos y equipos) para el conjunto de autonomías. Algunos de estos proyectos han sido ya puestos en marcha por el Gobierno de Rodríguez Zapatero (centrales de compra) o por algunas autonomías (es el caso de la receta electrónica), con resultados prácticamente inmediatos en la contención presupuestaria. Los populares coinciden en la necesidad de crear esas centrales de compra unificadas y "políticas más eficientes de prescripción, dispensación y uso racional de medicamentos".
Será por algo que socialistas y PP ponen el acento en el gasto de la botica. Algo más de la mitad de los casi 9.492 millones que debe ahora mismo la sanidad española -autonómica- es por este capítulo, curiosamente el único en el que existe copago. El desembolso menor en medicamentos corresponde al componente hospitalario. Esa deuda era en marzo pasado de 5.191,9 millones de euros; el resto (4.300 millones) lo son por compras de equipos médicos. El ahorro por esta vía es uno de los objetivos de los dos principales programas sanitarios que se enfrentan el domingo en las urnas.
Por el lado del ahorro, esas son las propuestas de socialistas y populares, pero por el lado de la financiación, ninguno de los dos adelanta planes concluyentes. La sanidad no es un territorio en el que los partidos con opciones de gobernar tras el 20-N estén dispuestos a deslizar abierta o reservadamente lo que en realidad saben que deben hacer para cuadrar las cuentas y hacer sostenible el sistema.
¿Cómo resolver un déficit del 15% como el actual en nuestro modelo asistencial público, una vez que, además, algunas autonomías reclaman al Estado deudas históricas como fórmulas balsámicas para sus gestiones incompetentes en los últimos años?
Es llamativo cómo los partidos políticos, particularmente los populares, sortean el debate de la financiación sanitaria en su programa. No hay una sola referencia al copago de servicios (farmacéuticos o asistenciales) en el proyecto electoral del PP. Tampoco plantea cómo resolver la deuda. Mariano Rajoy tiene las manos libres en este punto.
Los socialistas, por su parte, proclaman en el suyo un taxativo no al copago, se entiende que de las prestaciones asistenciales, puesto que ya existe en el abono de los medicamentos.
Para saber lo que opina el PP en esta materia hay que escuchar lo que sugieren algunos destacados dirigentes de este partido y aun así los mensajes que se cruzan entre ellos acaban desorientando al votante. Ayer mismo, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, invitaba a plantear una progresividad en el pago de medicamentos y se preguntaba si es realmente justo que todos los pensionistas, independientemente de su nivel de renta, disfruten de medicinas gratuitas. Otros dirigentes de este partido saben que no podrán sustraerse a una reflexión sobre fórmulas de copago asistencial si, como parece, llegan al Gobierno.
La mitad de los europeos copagan ya sus prestaciones asistenciales y especializadas, además de las farmacéuticas, segun distintas y graduales fórmulas que generalmente toman como referencia sus rentas. El copago es una realidad en la Europa comunitaria pero en España sus defensores aparecen como dinamitadores del sistema público.
Por ejemplo, alemanes, austriacos, franceses, suecos y hasta portugueses -sin ser los únicos- costean con una mínima parte su asistencia en la red de centros de atención primaria. El copago está también extendido para la asistencia especializada en países como Alemania o Francia. Sólo los griegos no pagan (o pagaban) nada de nada.
En cuanto a la reducción de la deuda actual, el PP se escurre de nuevo en su programa. El proyecto sanitario de Rajoy prefiere detenerse del lado de los derechos del ciudadano (espacio común de atención al paciente en todo el Estado o libre elección asistencial), sin plantear respuestas al agrietamiento del sistema. Entre esos derechos no figura, inquietantemente, el que las españolas mantengan el actual régimen regulatorio del aborto, debate que el PP quiere reabrir para "reforzar" el derecho a la vida.
El programa del PSOE, por su parte, es igualmente voluntarista aunque más explícito. Los socialistas llegan a prometer incluso "el establecimiento y garantía de un tiempo máximo de acceso a las prestaciones" (listas de espera). Como partido nacional, plantea, al igual que el PP, el acceso universal a la asistencia en todo el territorio del Estado.
La novedad del programa socialista está en su propuesta para reducir o cubrir la deuda del sistema público. De ser elegido presidente, el Gobierno de Alfredo Pérez Rubalcaba "garantiza" que las comunidades autónomas destinen durante la próxima legislatura 3.000 millones de euros anuales al pago de sus deudas. ¿Cómo? "Con la mejora del sistema de financiación".
El programa lo detalla de esta manera: líneas de crédito del ICO en condiciones favorables para amortizar la deuda siempre que las comunidades acepten un "plan de saneamiento y liquidación" de las obligaciones contraídas. "Lograremos el equilibrio presupuestario para garantizar la suficiencia financiera del sistema en el corto y medio plazo sin realizar recortes en las prestaciones y sin instaurar el copago sanitario", sentencia Rubalcaba.
