¿Estamos seguros en casa?

En el interior de un edificio puede ocurrir de todo. Entre los peligros intrínsecos de vivir en un bloque de viviendas se encuentra el ser atropellado en el garaje, resbalar por las escaleras, ahogarse en una piscina o tropezar con un pavimento irregular. Y sin embargo, cuando se evocan los posibles riesgos asociados a un edificio, uno de los más temidos siempre es el fuego. En Canarias los incendios en viviendas no son comunes y tampoco suelen causar una gran devastación. No en vano, construir un inmueble requiere seguir una estricta normativa para tratar de frenar o ralentizar el fuego una vez se origina. Sin embargo, tras contemplar cómo las llamas han engullido en cuestión de minutos los dos bloques de edificios de 138 viviendas en Valencia dejando a su paso una decena de víctimas, la duda vuelve a asolar a quienes se resguardan en sus viviendas de las inclemencias del exterior: ¿estoy seguro dentro de mi vivienda?

La respuesta corta es sí. Así lo aseveran de manera reiterada una decena de expertos consultados, entre los que se encuentran arquitectos, arquitectos técnicos (o aparejadores), expertos inmobiliarios e ingenieros. La normativa por la que se rige la construcción de viviendas en España es, a ojos del director del departamento de Construcción Arquitectónica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Manuel Montesdeoca, «muy buena y garantista». Una certeza que también ratifican el resto de profesionales del sector, que insisten, todos ellos, en que «los edificios de Canarias, construidos conforme a la normativa vigente en cada momento, son seguros en todos los aspectos».

Sin embargo, el incendio de Valencia ha puesto sobre la mesa la necesidad de tener en cuenta hasta el más mínimo detalle de seguridad en las viviendas, de modo que se reduzca a la mínima expresión la posibilidad de que un suceso como este se vuelva a producir. El voraz incendio del edificio alojado en el Carrer de Rafael Alberti Poeta 2 debe suponer, a ojos de los expertos, un antes y un después en la comprensión de la protección contra incendios. Un cambio de mentalidad que tiene que ir acompañada de modificaciones en la normativa de construcción, un aumento de la formación a la ciudadanía y una mejora de la cultura preventiva.

Los expertos afirman con rotundidad que los edificios son seguros porque desde finales de 2006 la construcción en España se rige por el Código Técnico de Edificación (CTE). Una normativa que, entre otros menesteres, aumenta las exigencias para mejorar la seguridad en caso de incendio, incluyendo los materiales a utilizar para evitar la propagación y garantizar suficiente tiempo de evacuación para los inquilinos del edificio. Esta normativa es «muy restrictiva y segura», como afirma el aparejador Anibal Pérez, miembro de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), que insiste en que esta guía de trabajo «deja poco margen de error» a la hora de construir un inmueble.

Según la propia página web del CTE, el objetivo de esta normativa no es tanto evitar los incendios –que, como relatan los expertos, es algo casi imposible– sino «reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento».

Por tanto, no sé está evitando la chispa, pero sí la catástrofe. «La idea es que, en caso de que ocurra, se pueda garantizar que todas las personas abandonen el edificio a tiempo», explica Montesdeoca. El CTE establece, en este sentido, el tipo de materiales a utilizar en una construcción, la dotación de protección contra incendios (extintores, bocas de incendio, salidas de emergencia), y qué elementos de protección adicionales deben tener los edificios dependiendo de lo altos que sean o cuántas personas vivan en el edificio (como columna seca, sistema de detección y alarma de incendio o hidratantes exteriores).

Se desconocen las causas exactas que han llevado a las llamas a consumir de forma tan voraz el edificio valenciano, aunque los primeros indicios apuntan a una serie de circunstancias que, en su conjunto, han acabado desencadenando el catastrófico suceso. Así, el viento (que soplaba aquel día a más de 60 kilómetros por hora), el efecto chimenea propiciada por las fachadas ventiladas que recubrían el edificio, unidas a la temperatura ambiente, avivaron un chispazo que, en otras condiciones, no debió haber ido a más.

Un accidente puntual

«Es un accidente muy puntual», argumenta Montesdeoca, que insiste en que estas situaciones se pueden dar «por un cortocircuito, que eexplosione e algún elemento del hogar (como un patinete eléctrico o la batería de un teléfono móvil) o incluso por dejarnos el aceite al fuego». Y aunque los edificios deben tener en cuenta todo este tipo de siniestros para evitar la propagación del fuego, hay ocasiones en las que un cúmulo de infortunios pueden provocar que, nisiquiera así, se pueda frenar. Juan Pedro Darias, aparejador y arquitecto de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco) añade: «Los edificios son seguros, cumplimos con la normativa, pero si no se utilizan adecuadamente, un accidente como este puede ocurrir».

No obstante, la extraordinariedad del suceso no lo ha hecho menos preocupante para los profesionales de la construcción que llevan varias semanas preguntándose cómo ha podido ocurrir. Tras evaluar estos primeros indicios –pues la investigación del suceso sigue abierta– los técnicos sugieren un cambio en la normativa existente. «El Código Técnico de Edificación es un documento vivo, y a medida que ocurren este tipo de desgracias se han realizado modificaciones en algunos capítulos que hoy son de obligado cumplimiento», explica el arquitecto, Juan Luis Bermejo.

El arquitecto se refiere a algunos sucesos que han quedado marcados en la memoria de la sociedad española y europea. En España no existió ninguna normativa de construcción contra incendios hasta 1981. Sin embargo, el voraz fuego que se originó en el Hotel Corona de Aragón en Zaragoza el 12 de julio de 1979, que acabó con la vida de 83 personas y del que no pudo conocerse responsable, cambió para siempre las reglas del juego. De aquella catástrofe surgió la Norma Básica de la Edificación (NBE) CPI-81 en la que se establecen por primera vez las condiciones de protección contra incendios que debían tener los edificios. Esta norma tuvo una modificación posterior, en 1996.

Tras casi una década rigiendo las construcciones en España, el 13 de febrero de 2005 se quemó la Torre Windsor, un edificio de oficinas de 106 metros de altura y 32 plantas. Aunque el incendio no produjo víctimas, algunos bomberos tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo y el suceso volvió a conmover a la población. Poco más de un año después entró en vigor el Código Técnico de Edificación, que venía a garantizar muchos más detalles técnicos con respecto a los incendios. «Por primera vez se plasmó que el propietario también era responsable de los daños que sufrieran los edificios», rememora Felipe Monzón, director de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de la Universidad de La Laguna (ULL), que recuerda la entrada de la norma con mucha expectación por parte de ingenieros, arquitectos y aparejadores.

Esta norma se revisa, como mínimo, cada cinco años, ya que está sujeta a Directivas Europeas. Sin embargo, también está sujeta a cambios extraordinarios que suelen ocurrir a golpe de catástrofe. El último gran incendio –antes del de Valencia– que puso de relieve la necesidad de realizar modificaciones fue el incendio de la torre Grenfell. El 14 de junio de 2017 un edificio de viviendas sociales de 120 apartamentos distribuidos en 24 plantas, situado en el distrito de North Kensington en Londres ardió como un fósforo. Aquel suceso volvió a revolver los cimientos de la construcción y propició una nueva modificación del CTE que se convirtió en realidad en 2020. «Siempre nos alegramos de que las normas sean cada vez más exigentes, porque eso ayuda a expulsar a aquellas personas que no son profesionales del sector», argumenta, por su parte, el presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo.

Algunos expertos sugieren que este cambio de normativa, además, debería ir aparejado a una revisión del parque inmobiliario, haciendo especial hincapié en aquellos edificios que se construyeron o tenían licencias previas a 2006. «Se debería aprovechar este momento para hacer una inspección de los edificios en Canarias», argumenta por su parte, Jaime Hernández, director comercial de Galvez Gestión Inmobiliaria. Esto, según Montesdeoca, debería ejecutarse, además, con el aval de los Gobierno estatal y autonómicos, que proporcionen ayudas a las comunidades de propietarios que lo requieran para rehabilitar los edificios.

El papel de los propietarios

Sin embargo, por mucha seguridad que se garantice durante la construcción de los edificios, los expertos advierten que los usos y el mantenimiento que se hace de ellos es igual de importante. «Los edificios, si están construidos de acuerdo a la normativa deberían tener una vida úitl mínima de 50 años, pero siempre que los propietarios cumplan con las obligaciones de conservación, uso y mantenimiento», asevera Montesdeoca. «Necesitamos que el propietario se conciencie sobre su papel», argumenta Bermejo, que señala que muchas personas se olvidan del mantenimiento del edificio cuando adquieren una vivienda. «Solo miran de lo que hay de puertas para dentro y no hay una conciencia sobre la comunidad del edificio, no quieren saber nada», replica el arquitecto tinerfeño. Una situación que corrobora Isidro Martín, delegado de expertos inmobiliarios, que tras 25 años vendiendo casas, se ha percatado de que «las comunidades no quieren hacer obras». «A veces mostramos 3 o 4 presupuestos y siempre hay quien dice que tiene alguien que lo hace más barato, y eso no es seguro», insiste Martín.

Para saber qué obras deben impulsar, los propietarios de una comunidad de vecinos tienen una guía clave: el libro del edificio. Un documento que, sin embargo, muchos desconocen. «Un edificio que se haya construido en 2008, debe haber analizado su funcionamiento al menos 6 veces operaciones de mantenimiento solo en fachadas y cubiertas», resalta Montesdeoca.

Los expertos son, sin embargo, conscientes de las dificultades para conseguir que este tipo de medidas sean implementadas en una población que no ha recibido ningún tipo de formación al respecto. Más aún teniendo en cuenta las exiguas imposiciones de mantenimiento de los edificios. Y es que en Canarias, desde la entrada en vigor de la Ley del Suelo en 2017, no se obliga a ningún edificio de menos de 80 años a pasar por la Inspección Técnica de Edificios (ITE). Un trámite parecido a la ITV que pasan los coches que, sin embargo, casi nadie conoce. «En España hay 26 millones de viviendas, de estas el 42% tiene entre 30 y 40 años, el 30% entre 50 y 60 y el 30% más de 70 años», explica Monzón. En Canarias la proporción es similar, aunque en este caso afecta a los 976.734 bienes inmuebles residenciales registrados en la Dirección General del Catastro. «La mayoría tiene menos de 60 años, por lo que nunca han tenido que pasar por una revisión técnica», asegura Monzón.

La Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife lleva años solicitando a los ayuntamientos –responsables de estas inspecciones– que cambien la ley para que estas revisiones, así como los Informes de Evaluación de Edificios (IEE), re realicen cada 20 años. «Debe ser de obligado cumplimiento, como en los coches, porque es la forma que tenemos de garantizar la seguridad a largo plazo», insiste Bermejo, que asevera que los propietarios son ahora «los primeros que no quieren hacerla» aludiendo al gasto. «Su coste no va más allá de los 100 u 80 euros por vivienda», replica el aparejador y arquitecto Juan Pedro Darias. Sin embargo, a ojos del presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, «los ayuntamientos no han tenido la valentía para exigir estas inspecciones». Por esta razón, considera que «este es el momento para volver a ponerlo sobre la mesa y que la Fecam asuma la responsabilidad de ponerlo en marcha». «No hay ningún motivo para que no se haga», insiste.

A la falta de mantenimiento se une la escasa formación de la población en protección individual. «Tenemos que valorar, a nivel educativo, qué tipo de formación le damos a los niños, hay gente que no se atreve ni a utilizar un extintor», resalta Carlos Medina, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Además, Medina cree que se debería reformular los sistemas de deteccion de incendios en viviendas, ya que en España no existen normativas que obliguen a instalar este tipo de dispositivos en el interior. Y solo en algunos casos (por la altura del edificio o número de viviendas) obligan a establecerlos en zonas comunes.

En cuestión de seguridad, por tanto, la prioridad pasa por disponer de las mejores infraestructuras para protegernos ante los riesgos que puedan acaecer en el interior de una vivienda. Sucesos como el de Valencia ponen de manifiesto que incluso las normativas más rígidas requieren una revisión continua y que, para que la población se sienta segura dentro de casa también se debe ocupar de los edificios, tal y como ya lo hace con sus vehículos, sus mascotas o su salud.

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