Europa decide su futuro

Hoy domingo las urnas determinarán el rumbo que quiere seguir el proyecto europeísta encarnado en la Unión Europea actualmente compuesta por 27 países del continente. Es una jornada crucial para casi 500 millones de ciudadanos que comparten, al menos en teoría, los principios fundacionales democráticos del club y una visión social de la gestión de los asuntos públicos que buscan la solidaridad, la integración, una economía social y la defensa de los intereses comunes ante el resto del mundo. Son las décimas elecciones al Parlamento Europeo desde la puesta en marcha del proyecto, que dará paso por tanto a la décima legislatura comunitaria, y las octavas en las que participan los ciudadanos españoles desde el ingreso de España en la UE en 1986.

Pero nunca como en esta ocasión se tiene la sensación de que las urnas decidirán algo más que la nueva composición de la cámara legislativa europea o el próximo gobierno en Bruselas, sino la propia identidad de futuro de la mayor y más compleja organización política internacional, que representa la voluntad de unión entre los pueblos de Europa y con capacidad de gestión de la mayor parte de las cuestiones que afectan cotidianamente a sus ciudadanos. Esta jornada no es ya solo un mero trámite democrático para que sus representantes discutan entre ellos la política a seguir en los próximos cinco años, sino la propia idea de Europa y del modelo social que se le quiere imprimir en el nuevo contexto internacional que se está creando a su alrededor.

La UE ha visto en los últimos años cómo su proyecto común está perdiendo relevancia frente a otros bloques, no solo en peso económico o financiero, sino también en influencia en el resto mundo, y está cediendo posiciones a marchas forzadas ante el tradicional aliado del otro lado del Atlántico, EEUU, y ante el tándem formado por Rusia y China en el frente geopolítico oriental. Y todo ello en medio de una crisis de valores y de cohesión en el propio espacio comunitario ante el empuje de los nuevos nacionalismos en los Estados miembros, el aumento del euroescepticismo, y de las doctrinas antieuropeístas de inspiración autoritaria, que están tomando cuerpo en un número creciente de partidos ultraderechistas, xenófobos y negacionistas del cambio climático, y que en ocasiones no esconden su objetivo de romper la UE «desde dentro».

Esta es la gran batalla de estas elecciones en las que el futuro Europarlamento y el nuevo Colegio de Comisarios podrían estar condicionado por la influencia de estos partidos y de los líderes europeos en cuyos respectivos países ya gobiernan, o están a punto de hacerlo, bajo esas premisas.

Son las primeras elecciones después del brexit, curiosamente cuando los laboristas en el Reino Unido pueden lograr el próximo 4 de julio una gran victoria electoral frente a quienes abogaron con mentiras y bulos sacar al país de la UE, y pocos meses antes de otra gran batalla política e ideológica en EEUU y el posible regreso del populista Donald Trump a la Casa Blanca.

Canarias mira con inquietud la jornada electoral ante el riesgo del ascenso de la ultraderecha xenófoba que rechaza una gestión solidaria y humanitaria de la migración

También es la primera consulta a los ciudadanos de la UE tras la agresión rusa a Ucrania, un conflicto que precisamente ha marcado de forma determinante la vida económica y social dentro de la propia UE y cuyos efectos han favorecido la aparición de los grupos ultra a veces incluso simpatizantes de Putin.

La pandemia sanitaria de 2020 ha marcado casi la totalidad de la legislatura a la que hoy se echa el candado, una circunstancia que ha dado pie a comprobar hasta qué punto la unidad de gestión y la solidaridad sirvieron para superar una situación jamás antes conocida, con una respuesta de mutualización de las consecuencias y una movilización de fondos histórica, muy diferente a la que se dio a la crisis financiera de 2008, con un ‘austericidio’ que dejó secuelas dramáticas en términos de desigualdad sobre todo en los países del sur.

Bronca nacional

España ha vivido una campaña electoral totalmente ajena a todos estos elementos sustanciales sobre el presente y el futuro de la UE y los partidos han dejado arrastrarse por la bronca política nacional que en prácticamente nada afecta a los asuntos que se tienen que dirimir tanto en la cámara comunitaria como en el Ejecutivo de Bruselas. Una batalla centrada en la controversia arrastrada desde el pasado mes de julio cuando la derecha española no logró desalojar de La Moncloa al socialista Pedro Sánchez y cuya gestión del último año pretenden someter ahora a una especie de plebiscito nacional, y muy especialmente por la polémica ley de amnistía.

Sánchez se ha convertido casi en el argumento exclusivo de esta campaña entre los dos grandes partidos, el PP utilizando estas elecciones para intentar otra vez echarlo del poder, y el PSOE para resistir esa acometida en la que también incluyen a Vox, y de paso advertir que una victoria de la derecha y un incremento importante de la ultraderecha posibilita un cambio de rumbo del proyecto europeo.

Los sondeos han mantenido al PP ligeramente por encima del PSOE, con una diferencia que se ha ido acortando hasta tres escaños (23/20) de los 61 que corresponden al país. Sería un resultado que, en la lógica de la estrategia popular, sería interpretada como un fracaso porque su líder, Alberto Núñez Feijóo, aspira a una victoria amplia e incontestable que hiciera inviable al líder socialista mantener la legislatura estatal. Para ello incluso no ha descartado la posibilidad de presentar una moción de censura en el Congreso.

Poco o nada se ha hablado de los grandes retos de la UE ni se han hecho propuestas para afrontarlos. Apenas referencias difusas entre los candidatos de segunda fila sobre asuntos claves como la transformación energética, el pacto verde frente al cambio climático, la política agraria común, las nuevas perspectivas financieras y los fondos comunitarios, la política fiscal, la estrategia común de seguridad y defensa, o el proceso de integración de nuevos países. Sí cabe señalar en todo caso que la cabeza de lista del PSOE, Teresa Rivera, sí ha intentado entrar mucho más en esos temas que la candidata del PP, Dolors Monserrat, que apenas ha abandonado el argumentario doméstico y ha mencionado a Puigdemot y la ley de amnistía más veces que pronunciado la palabra Europa.

Un retroceso europeísta afectaría de lleno a todas las políticas de cohesión, y trataría de discutir el estatus isleño de región ultraperiférica

Para más inri, la campaña se ha visto afectada por elementos externos como el conflicto en Gaza, o la crisis diplomática con Argentina por los ataques verbales del presidente de ese país, Javier Milei, al Gobierno español y al propio Sánchez en un acto de Vox en Madrid.

El otro argumento nacional ha sido la demanda judicial que pesa sobre Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, por un supuesto delito de tráfico de influencias, que el presidente ha achacado a la «máquina del fango» de PP y Vox contra su persona y lo que motivó su amago de dimisión posteriormente descartada. En la recta final, el anuncio de la citación de Gómez para declarar ante el juez el 5 de julio ha terminado por enfangar más el ambiente. Los demás partidos y cabezas de listas, han ido a rebufo de estos argumentos siempre con la vista puesta en sus respectivas estrategias e intereses en la combativa política nacional, y tratando de romper la polarización entre socialistas y populares.

Pacto migratorio en riesgo

El único tema concreto en el que el PP y Feijóo sí han entrado de lleno ha sido el del fenómeno de la inmigración irregular que llega a España y especialmente a Canarias, sobre el que ha tratado de parecerse lo más posible al discurso de Vox, formación con la que compite por una parte importante del electorado más radicalizado. Tanto el líder popular como los integrantes de la plancha al PE han incidido abiertamente en postulados antiinmigración más allá de los que el partido ha mantenido en los últimos tiempos en España, siguiendo los pasos de los partidos conservadores y de ultraderecha del resto del continente.

Sobre el fondo de estos nuevos postulados se ve claramente el viraje que ha hecho los partidos conservadores europeos y la propia actual presidenta del Ejecutivo comunitaria, Ursula von der Leyen, aspirante a seguir en el cargo, de abrirse a un pacto con algunas formaciones ultra teniendo en cuenta que estas serán con toda probabilidad los más votados en países claves como Italia, Francia o Países Bajos y algunos de los estados nórdicos o Rumanía, e incluso podría ser la segunda fuerza en Alemania y otros Estados.

Los conservadores europeos, hasta ahora más o menos firmes en mantener la línea roja ante estos partidos (excepto en el caso de España), les abren ahora los brazos para pactar a costa incluso de la alianza con socialdemócratas y liberales. Este viraje estratégico del Partido Popular Europeo podría llevar así a una reconfiguración política de todo el entramado institucional de la UE, y a una futura Comisión Europea con mucho peso del euroescepticismo o el antieuropeísmo, rompiendo así el histórica entente entre quienes han gobernado la Unión bajo los principios que inspiraron su creación.

Este posible nuevo marco tendrá una especial significación porque condicionaría las futuras políticas sobre los asuntos claves antes mencionados y muy especialmente en materia de gestión migratoria, uno de los que más preocupan en España y en Canarias por ser precisamente el territorio de mayor recepción de migración irregular. Un cambio de rumbo en esta materia daría al traste con el Pacto de Migración y Asilo que los 27 acordaron muy recientemente y que, pese a sus muchas lagunas, es el único acuerdo al que fue posible llegar tras varios años de negociación.

El último obstáculo del pacto de asilo europeo: voluntad política y garantizar su aplicación

Muchos países miembros quieren aprovechar la nueva aritmética que se pueda dar en el PE y la presencia en el futuro Ejecutivo de Bruselas de comisarios representantes de estos partidos para cambiar la norma y hacerla mucho más coercitiva, revisando el mecanismo de solidaridad y redistribución de migrantes entre todos el territorio comunitarios acordado recientemente.

Ese es el sentido que ya le dieron de facto quince los países miembros (Italia, Chequia, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Grecia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Rumanía y Finlandia) a una carta que remitieron hace unas semanas a la CE solicitando que los migrantes detectados, interceptados o rescatados en alta mar puedan ser trasladados a «lugares seguros predeterminados en un país socio fuera de la UE». Es una propuesta que cerraría el paso a cualquier atisbo de mejora del actual acuerdo comunitario sobre migración que persigue Canarias y que devolvería a la casilla de salida el debate sobre la gestión compartida con carácter humanitario.

Los partidos españoles que compiten en estas elecciones no han entrado en el fondo sobre la gestión del fenómeno migratorio, pero sí han dado algunas pistas sobre sus posicionamientos. El aspecto más llamativo en este sentido ha sido el acercamiento del PP a las posiciones más radicales de Vox. Feijóo pasó por Canarias sin aclarar si asume y acepta la reforma de le ley de Extranjería que negocian los gobiernos regional y central para el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados, pero dejó caer una propuesta de tintes xenófobos como es esa firma por parte de los migrantes que llegan a Europa sobre aceptación de los principios fundacionales de la UE, unos principios que claramente no comparten sus socios políticos de Vox ni gran parte de la ultraderecha con la que el PP europeo quiere pactar.

¿Qué se juega Canarias?

Canarias, en todo este marco, mira con inquietud los resultados de este trascendental proceso electoral en la UE, no solo por las repercusiones que tendrá en materia de gestión migratoria, sino en general para intentar fortalecer su posición en todas las políticas comunitarias que le afectan en un contexto tan incierto como el que se avecina. Un PE y una Comisión Europea en claro retroceso europeísta afectaría de lleno a todas las políticas de integración y de cohesión, y quizá a su estatus como región ultraperiférica.

Los principales candidatos canarios integrados en las diferentes listas no han expresado grandes diferencias de fondo sobre los intereses isleños en Europa, e incluso han tratado de hacer una campaña alejada de la bronca política nacional. De entrada, sólo dos de ellos tienen asegurada la elección, el socialista Juan Fernando López Aguilar, y el popular Gabriel Mato, ambos ya eurodiputados desde hace tres legislaturas, mientras que Carlos Alonso, de CC, intenta ganarse el suyo como número dos de la candidatura conjunta con el PNV (Coalición por una Europa Solidaria, CEUS) en la que ni siquiera su cabeza de lista, Oihane Agirregoitia, tiene asegurado mantener el actual escaño de su formación. Alonso ha logrado un protagonismo especial por su propuesta de una ley de residencia que impida la adquisición de viviendas en las Islas a los no residentes, que rechazan PSOE y PP.

22.000 kilómetros de campaña en Canarias

Sí la apoya Lorena López, de NC, integrada como 19 de la lista de Sumar, cuya cabeza de lista, Estrella Galán, al igual que la líder de la formación, Yolanda Díaz, ha centrado su campaña en subrayar las diferencias con su socio en el Gobierno central. López, al igual que la primera canaria integrada en la lista de Podemos, Ana Gloria Ruano (número 20), también ha hecho hincapié en advertir sobre las consecuencias del posible ascenso de la ultraderecha en el Europarlamento. La cabeza de lista de la formación morada, Irene Montero, busca reivindicarse y acabó la campaña a muy poca distancia de sus antiguos aliados con muchas posibilidades de entrar en el PE.

Este 9J, al que están convocados más de 38 millones de españoles y de ellos 1,8 canarios, puede convertirse en un hito en la reciente historia de la UE por la confusión que está mostrando buena parte de la sociedad europea sobre lo que son los verdaderos retos de futuro, y sobre la identidad y valores que quieren darle al proyecto europeísta como marco de convivencia, libertades, derechos y de progreso común que ha sido desde su fundación y que pueden estar en peligro si sus enemigos toman el mando.

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