El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado el acuerdo del pleno del Cabildo de Fuerteventura, celebrado el 7 de marzo de 2016, que declaró la incompatibilidad de Domingo González Arroyo para el cargo de consejero de la Corporación insular como consecuencia de una sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Arrecife con sede en Puerto del Rosario, que el condenó por un delito continuado de prevaricación a la pena de nueve años de inhabilitación.
Arroyo accedió en las últimas elecciones locales de 2015 al cargo de consejero del Cabildo majorero al encabezar la lista del Partido Progresista Majorero (PPM), obteniendo dos consejeros en la citada cita electoral. Se da la circunstancias que el otro edil, Jerónimo Soto, también fue inhabilitado y solicitó su renuncia como consejero.
Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala Contencioso-Administrativo del TSJC declaran nulo de pleno derecho el acuerdo del Cabildo dado que la sentencia condenatoria del veterano político majorero limitaba la inhabilitación a cargos que impliquen una participación en el Gobierno municipal durante 9 años, al tiempo que consideran que no es posible considerar la participación en el Ayuntamiento y en el Cabildo como cargos análogos.
González Arroyo fue condenado a nueve años de inhabilitación por un presunto delito continuado de prevaricación respecto a la explotación minera de Lomo del Pajaro, que fue explotada durante más de 20 años, a pesar de que se encontraba en suelo de protección agropecuaria, no estando permitida la actividad de extracción. Tampoco disponía de licencia municipal. La empresa que explotaba esta cantera de recebe era Prelado S.A., fundado por el propio Arroyo en 1989, aunque cesó como consejero tres años después.
