La iniciativa anunciada por el Cabildo de Fuerteventura para el control de visitantes al islote de Lobos a partir de la primera quincena del próximo enero, no tiene un origen en una propuesta cabildicia, sino en un requerimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente. El Ministerio Fiscal exige que se aplique la capacidad de carga establecida en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), que fija en 200 personas el número máximo que pueden acceder al territorio de forma simultánea.
El vicepresidente del Cabildo majorero y consejero de Turismo y Ordenación del Territorio, Blas Acosta, confirmó ayer la intervención del Ministerio Fiscal en la aplicación del control de visitantes al islote de Lobos. "La actuación de aplicar la capacidad de carga obedece a un requerimiento de la fiscal de Medio Ambiente", dijo Acosta.
El PRUG se aprobó de forma definitiva el 19 de junio de 2006. La falta de control y vigilancia, así como la dejación de funciones en la aplicación de los planes de conservación, ha provocado que desde aquella fecha el caos haya reinado en esta joya natural majorera tanto por el descontrol en el transporte marítimo como por la presión humana sobre el territorio, superandose con creces el cupo de visitantes establecidos originando la puesta en riesgo de los importantes valores naturales que atesora.
El Cabildo majorero tramita actualmente la modificación de la capacidad de carga y de la normativa del espacio para su adaptación a la realidad actual. El documento de revisión del Plan Rector se encuentra en fase de borrador y es muy difícil que salga durante esta Legislatura, a punto de concluir. Se tramita por el procedimiento abreviado por lo que tras someter el mismo a información pública, además de la petición de los informes sectoriales, se elevará a la aprobación definitiva, y que deberá ser bendecido por el Patronato de Espacios Naturales de Fuerteventura. La institución insular trabaja en una ordenanza fiscal para poder aplicar una ecotasa que podría oscilar entre dos y tres euros por visitante. La recaudación estaría destinada a la conservación y mantenimiento del Parque Natural.
Dominio público
Lobos tiene una superficie aproximada de 4.5 kilómetros. La propiedad es del Estado y todo su territorio se encuentra catalogado como de dominio público marítimo-terrestre. La gestión del Parque Natural corresponde al Cabildo majorero que durante doce años no ha sido capaz de aplicar las medidas de conservación establecidas en el Plan Rector, permitiendo con su desidia la anarquía que se ha apoderado del islote, tanto en las construcciones como en los usos prohibidos que no han sido perseguidos. El documento de revisión del PRUG recoge que dichas construcciones en El Puertito "constituye un problema de tendencia creciente. La población local ha adecuado y construido casetas en terrenos privados, sin las perceptivas autorizaciones ocupando áreas de dominio público, lo que ha generado problemas de salubridad y degradación del paisaje".
Este periódico intentó ayer en varias ocasiones, sin éxito, contactar con la consejera de Medio Ambiente, Natalia Évora. A pesar de los mensajes y llamadas el resultado fue infructuoso.
