La empresa Disa puede continuar con el proyecto de canalización de hidrocarburos por las barriadas de las 90 y 91 Viviendas, en Puerto del Rosario, que fueron paralizadas de forma cautelar el 8 de marzo por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puerto del Rosario, Jaime Climent Domínguez. El propio magistrado ha levantado la suspensión tras estimar el recurso presentado por la citada entidad industrial. Ante esta situación, los vecinos han pedido amparo al Ayuntamiento capitalino para que reclame a la empresa toda la información respecto a los movimientos que se produzcan por los trabajos de horadar el subsuelo junto a sus viviendas.
La resolución judicial exige a la multinacional de hidrocarburos monitorear con tecnología detectora de movimientos sísmicos o vibraciones los trabajos que se realicen en las calles Hispanidad y México, donde residen unas 400 familias de ambas barriadas.
Las comunidades de vecinos Virgen de La Peña y Virgen de Fátima demandan al alcalde capitalino, Juan Jiménez , que requiera a la empresa de hidrocarburos que aporte datos como el tipo de alarma o chequeo constante a instalar, medio de transmisión de las medidas detectadas, tales como telecontrol, radiocontrol, o físico, la escala máxima admisible de vibración fijada para el cese de actividad en la obra. También, reclaman la identificación de la empresa o personas autorizadas o encargadas del monitoreo constante.
Los representantes vecinales aseguran no estar de acuerdo «con la estimación del recurso por los motivos que alega la empresa Disa: rebatir sin pruebas y mediante contradicciones notorias». Además, añaden que «seguimos manteniendo la ilegalidad de la licencia que afecta a estas calles y otras, la parcialidad de las decisiones y criterios no explicados por nadie y el ninguneo institucional posterior por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y por Disa a la que se ha sometido y prosigue sometiendo a los vecinos de las calles Hispanidad y México».
La decisión judicial de paralizar cautelarmente las obras se adoptó después de la petición de amparo solicitada a la Fiscalía por los vecinos de las barriadas capitalinas de las 90 y 91 Viviendas, que denunciaron el riesgo que suponían las obras de canalización para albergar tuberías de combustibles y gas por las débiles estructuras de sus viviendas.