El cabo de la Guardia Civil de Corralejo acusado de corrupción denuncia motivos políticos

El patrón de la Guardia Civil de Corralejo acusado por la Fiscalía de valerse de su cargo para evitar que una embarcación, perteneciente a una empresa en la que tenía un 24% de participaciones, pasara por las correspondientes inspecciones cree que la denuncia surgió por cuestiones políticas. El acusado explicó este lunes al Tribunal del Jurado que juzga el caso en la Audiencia Provincial de Las Palmas que quien inició el procedimiento fue un edil en la oposición del Ayuntamiento de La Oliva que tenía una enemistad con su mujer, que en ese momento ejercía como concejala del grupo de Gobierno.

El fiscal Tomás Fernández de Paíz pide para el encausado, J. L. V., una pena de 15 meses de cárcel y la inhabilitación para ejercer como guardia civil por ocho años, además de una multa de 27.000 euros, por un presunto delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos. El representante del Ministerio Fiscal señaló a los ciudadanos que determinarán si el acusado es culpable o inocente que las pruebas que se incluyen en este procedimiento son indiciarias y no directas.

La defensa del acusado, ejercida por el letrado José Fernández de la Cigoña, aseveró por su parte que "hay un factor dañino detrás de la denuncia" y alegó que su cliente no ha incurrido en corrupción porque "no se ha quedado con un euro de nadie". El abogado señaló que "el 95% de sus compañeros no tenía ni idea de que tenía una participación en un negocio" porque "no se lo dijo a nadie".

La Fiscalía pide una pena de 15 años de cárcel y la inhabilitación especial en su cargo

El propio acusado defendió que como cabo primero desempeñaba el último lugar en la cadena de mando del Servicio del Destacamento Marítimo de la Guardia Civil en Corralejo, detrás del jefe de la unidad, cinco sargentos y tres cabos. Entre mayo y agosto de 2018, cuando el fiscal sitúa la ausencia de inspecciones, J. L. V. dice que solo pudo trabajar 27 días como patrón, en 10 de ellos como responsable, y que no tenía capacidad para influir en las inspecciones que realizaban sus compañeros.

El encausado incidió en que, si se encontrara con que su embarcación está cometiendo una irregularidad durante su patrullaje "lo inspeccionaría de la misma forma que si fuera cualquier otra" y haría lo que marca la ley.

Enemistades en la denuncia

La defensa enfatizó en que detrás de la denuncia del entonces edil de Votemos Álvaro Astica podía existir un doble interés, tanto a nivel político como a nivel empresarial, ya que el denunciante tenía una embarcación en el puerto. El acusado explicó que su mujer y el concejal mantenían una buena relación cuando estaban juntos en el grupo de la oposición, pero que cuando la empresaria, que tiene el 26% de participaciones de la entidad Nautic Corralejo Charter, empezó a ejercer en la concejalía de Comercio del Ayuntamiento de La Oliva, empezaron los conflictos.

"La Capitanía Marítima no otorga un despacho si la documentación no está en regla"

El cabo ha señalado que "la Capitanía Marítima no otorga un despacho si la documentación no está en regla" y ha incidido en que el informe interno de la Guardia Civil archivó la causa por que resolvió que "no hay responsabilidad disciplinaria de ningún tipo" en sus acciones.

El empresario tenía una cuarta parte de las participaciones de la empresa, que contaba en el momento de los hechos con dos embarcaciones medias y una pequeña que atracaban en el muelle de Corralejo y, entre las actividades turísticas que ejercía la entidad, estaban las visitas a la isla de Lobos. "No he hecho profesionalmente nada en esa embarcación", afirmó rotundo el encausado. La actividad de J. L. V., según su versión, se limitaba a ayudar a su mujer y orientarla para que las embarcaciones tuvieran toda la documentación en regla.

Titulación como patrón

El fiscal interrogó al encausado acerca de si su socio contaba en aquella época con la titulación para ejercer como patrón, a lo que este respondió que, durante el tiempo en el que estuvo en la empresa, creía que figuraba como marinero. Sin embargo, Tomás Fernández explicó que en la página web de la empresa, su socio se identificaba como el capitán de las embarcaciones, pese a no haber completado la formación específica.

Tras la declaración del acusado, que duró cerca de tres horas, el magistrado que preside la sala avanzó que el juicio continuará este martes con las declaraciones de los testigos.

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