El patrón de la Guardia Civil, absuelto al retirar la Fiscalía todos los cargos

La Audiencia de Las Palmas absolvió ayer al cabo primero del Servicio Marítimo de la Guardia Civil al que se acusaba de influir entre sus compañeros para evitar que inspeccionaran al barco de excursiones turísticas Siña María III que operaba en Corralejo, del que era copropietario junto a su pareja y un socio.

El magistrado de la Sección Segunda de Audiencia Nicolás Acosta disolvió al Tribunal del Jurado ante la retirada de la acusación por parte del fiscal Tomás Fernández, quien tras concluir la prueba testifical en la segunda jornada del juicio, que comenzó este lunes, quedó claro que no existen siquiera indicios sobre su culpabilidad.

Fernández se dirigió a los miembros del Jurado para explicar el motivo de la retirada de su acusación al no haber pruebas de que pudiera haber influido en el resto de sus compañeros para evitar que inspeccionara el Siña María III, embarcación en la que «nunca se le vio», según señalaron tanto los testigos propuestos por la defensa como por la acusación.

El fiscal manifestó que le «duele» que el hasta hoy acusado haya tenido que «pagar el precio del banquillo» y que haya estado sometido en este proceso durante cinco años, pero que él se ha limitado a cumplir con su trabajo al recibir una denuncia sobre las que existían indicios de una serie de supuestas irregularidades que la defensa, ejercida por José Fernández de la Cigoña, desmontó.

Incompatibilidad denegada

El teniente que estaba a cargo del destacamento del Servicio Marítimo de la Guardia Civil explicó que, cuando compró las acciones de las empresa Nautic Corralejo Charter SL, en 2016, el acusado solicitó que se le concediera la compatibilidad para poder trabajar en ella y le fue denegada en 2018, por lo que supone que por ese motivo vendió su parte, así como la que poseía su pareja. Este testigo declaró que Juan L. V. ( Ferrol, 1987) «no tenía capacidad para influir sobre el resto de sus compañeros» para determinar las embarcaciones que debían ser objeto o no de inspección y que «tampoco tenía control sobre las salidas de las patrulleras», además de que nunca lo vio haciendo servicios para Nautic Corralejo.

Los otros guardias civiles que declararon como testigos y que formaban parte del destacamento Marítimo en Corralejo entre los años 2016 y 2018 testificaron también que el acusado nunca trató de influir para que no se inspeccionara el Siña María III y que tampoco intentó que se hiciera un mayor control de las otras embarcaciones dedicadas a las excursiones turísticas.

Eran 50 los agentes que estaban destinados en el Destacamento, por lo que coincidieron en que ello no hubiera sido posible, indicaron los testigos al Tribunal, al que también dijeron que nunca se vio al procesado trabajando en el Siña María III.

‘Caso Patrullera’

El caso Patrullera fue denunciado en 2018 por el entonces concejal de Votemos en el Ayuntamiento de La Oliva, Álvaro de Astica, y, en un principio, también estuvieron imputados la pareja del acusado, concejala del grupo de gobierno del citado municipio y copropietaria del barco.

A ella se le acusaba inicialmente de los delitos de prevaricación y falsedad en documento público, delito este último que también se le atribuyó al socio mayoritario de la empresa, a quien también se le retiraron los cargos.

La pareja del acusado, Evelin Gómez, afirmó al Tribunal que Astica ha utilizado este caso para desprestigiarla por no haber echado a un okupa de un restaurante propiedad de un amigo del exedil de Votemos, como le pidió, pues entonces sí que hubiera prevaricado. «Ahí empezó la pesadilla y la persecución hacia mí. Astica utilizó el caso en todos los plenos y en las redes sociales, y, en definitiva, me arruinó la vida y las ganas de seguir en política», señaló Gómez.

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