El Cabildo rechaza el desarrollo de los sistemas eléctricos en El Charco

El Cabildo de Fuerteventura ha presentado alegaciones a la propuesta de resolución del Estado por el que se incentivan los sistemas eléctricos en territorios no peninsulares. La presidenta insular, Lola García, ha mostrado su rechazo a la intención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de incentivar el desarrollo de proyectos energéticos en la zona de El Charco, un popular barrio de Puerto del Rosario.

El decreto del Ministerio fue estudiado por un equipo de expertos de la Universidad de La Laguna, liderado por el catedrático Ricardo Guerrero, que al mismo tiempo redactó las alegaciones en base al posicionamiento y planeamiento insular. El Cabildo majorero propone, además, que se primen aquellos terrenos donde no se recurra a expropiaciones forzosas a residentes de la isla de Fuerteventura.

Lola García explica al respecto: «Esta propuesta del Ministerio va en contra del sentir de la sociedad majorera y las instituciones insulares que, históricamente, hemos pedido precisamente lo contrario: que se desmantelen, de una vez, todas estas instalaciones en El Charco, alejándolas de las zonas pobladas».

En opinión de la presidenta insular, «llevamos años pidiendo que la central eléctrica de El Charco desaparezca y lo que no tiene sentido es que, en lugar de ello, se premie a las empresas que quieran instalarse en esta zona».

Al mismo tiempo, afirma: «No se entiende que en esta resolución no tengan en cuenta espacios ya consensuados y propuestos como alternativa para mover la citada central de El Charco, como los terrenos puestos a disposición por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario en Llanos Pelados. Un suelo público de gran extensión, 301.646 metros cuadrados, y alejado de núcleos poblacionales». También, añadió que «estamos de acuerdo con que se garantice el suministro energético, pero de manera organizada y planificada en el territorio, de manera que no se perjudique a la población».

Por su parte, la consejera de Ordenación del Territorio del Cabildo majorero, Nereida Calero, apunta: «Esto es una muestra más de que las instituciones suprainsulares no conocen la realidad de nuestro territorio y mucho menos de las demandas que las administraciones llevan más de una década reivindicando».

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