El Supremo tumba el proyecto de la Variante de Bañaderos

La ejecución de la polémica Variante de Bañaderos ha terminado por convertirse en un imposible. La sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS) acaba de emitir una sentencia por la que echa abajo de manera definitiva la pretensión del Gobierno de Canarias y del Cabildo grancanario de construir un nuevo trazado -la conflictiva variante, distinto del que actualmente dispone la autovía GC-2 entre el cruce de Bañaderos (Arucas) y la entrada al barrio de Pagador, en Moya- y que pretendía cortar amplias fincas de plataneras para dejar libre de esta infraestructura buena parte de la costa de El Puertillo.

En síntesis, lo que ha hecho el Alto Tribunal con una sentencia de 22 páginas fechada el pasado 8 de septiembre es rechazar los recursos de casación que tanto la administración autonómica como la corporación insular presentaron después de que el 3 de septiembre de 2007 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) emitiera un fallo crucial, el que anulaba la parte del Plan Insular de Ordenación (PIO) que daba cobertura urbanística a la obra.

El origen de todo este embrollo está en la férrea oposición que han protagonizado Antonio Hernández, un empresario y dueño de amplias plataneras en Bañaderos, y las comunidades de regantes El Chorro Alto y Las Ñameras. Todos ellos se han opuesto desde el principio a que la nueva infraestructura divida en dos sus terrenos, aún en producción y de alto valor paisajístico. Y todos ellos han visto cómo de manera progresiva los distintos pleitos que les han enfrentado con las administraciones los han ido ganando. En el último fallo, que condena en costas a las instituciones públicas y cierra la vía a nuevos recursos, se respaldan punto por punto los fundamentos de derecho esgrimidos por el TSJC cuando acordó paralizar el planeamiento viario del lugar.

Hernández y los ecologistas siempre consideraron más viable que las instituciones centrasen sus esfuerzos en redactar proyectos que tuviesen por marco de actuación la calzada actual, bien duplicándola a través de soterramientos, bien con otro tipo de estructuras.

Ahora, el Supremo echa por tierra los argumentos que intentan revertir la sentencia del TSJC -alguno de ellos alusivos a la supuesta falta de claridad y congruencia de la misma- y recuerda en su fallo que la administración "ha previsto una variante prescindiendo de los intereses medioambientales y sacrificando la actividad agrícola". En consecuencia, Gobierno y Cabildo deberán ahora centrar la vista en el impulso de un nuevo boceto que modifique el tablero actual. De hecho, según confirmaron ayer distintas fuentes, la administración autonómica ha venido trabajando en los últimos años en la elaboración de anteproyectos a tal efecto, en previsión de que se perdiese su lucha en los tribunales.