El pleno del Cabildo aprobó por unanimidad una resolución que enviará al Gobierno de Canarias para que cumpla con la Ley de Sedes, la que promueve el equilibrio institucional entre las dos islas capitalinas. La moción fue presentada por el grupo de gobierno tras tener que personarse en varias ocasiones en Tenerife, tanto el presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, como la consejera de Hacienda, Rosa Rodríguez, para asuntos cuya consejería se encuentra en Gran Canaria.

Bravo de Laguna aseguraba que ya había tenido que desplazarse cuatro veces, y que ya era hora que el Cabildo "llame la atención" al Ejecutivo para cumplir la citada ley. Además ilustró que desde que Presidencia asumió Turismo "todas las reuniones se celebran allí" con las consecuentes pérdidas de tiempo "y de movimiento económico para la isla".

Este acuerdo, por unanimidad, se tomaba en la misma sesión plenaria de seis horas de duración, en la que sin embargo solo se aprobaron siete de las 19 mociones presentadas, entre otras cosas, por el debate que generó la presentación del programa del Cabildo, al que la oposición le achacaba retraso, cinco meses después de la toma de posesión. Carlos Sánchez, portavoz del Partido Popular lo calificaba como "una hoja de ruta" en la que se proponía principalmente simplificar la administración, en potenciar la colaboración con los ayuntamientos, en los que invertirá 22 millones de euros en los próximos 12 meses, y en facilitar la creación de empleo".

En este último punto Nueva Canarias se preguntó cómo era posible, con un presupuesto para este fin de 587.000 euros, y calificó a los miembros del grupo de gobierno como "unos fenómenos" por tan exiguo gasto para tamaña empresa.

Lo que sí prosperó con mayor acierto fue el 'salvar a Tufia', el barrio teldense cuyo entorno fue en su día declarado Espacio Natural y que, como tal, es susceptible de derribo. Por unanimidad se aprobó instar al Gobierno canario para que lo clasifique como suelo urbano. Esto por tierra, porque además el pueblo de Tufia está afectado por la Ley de Costas, y en este segundo sentido se aprobó otra iniciativa para que no se acometa ninguna acción allí hasta que no tome posesión el futuro director de Costas, unas medidas que fueron aplaudidas por una representación vecinal que esperaron horas de debate sobre 'asuntos internos' hasta poder ver su problema reflejado en el pleno.