El Cabildo de Gran Canaria dispondrá de una partida extra de 48,3 millones para poder ejecutar inversiones en obras públicas e hidráulicas después de que el Consejo de Ministros aprobase este viernes la autorización por la que la corporación insular podrá emitir deuda pública por este importe.
El presidente de la institución, José Miguel Bravo de Laguna, se mostró ayer "muy satisfecho" por conseguir que el Gobierno central haya dado el visto bueno a una operación que no es "nada habitual" dados los niveles de exigencia y requisitos impuestos a las administraciones para ello. De hecho, en la sesión de ayer sólo otra administración, el Gobierno cántabro, consiguió el plácet para formalizar un préstamo a largo plazo hasta un importe de 96,96 millones.
La deuda que emitirá el Cabildo de Gran Canaria se destinará a materializar la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), según lo establecido en la Ley de Modificación del Régimen Económico y Fiscal vigente en el archipiélago.
Bravo recalcó que la situación "saneada" de las cuentas de la corporación insular ha sido clave para lograr esta inyección de dinero que, entre otras cosas, permitirá seguir adelante con la construcción del pabellón multiusos de Gran Canaria en Siete Palmas.
"No hemos tenido que recurrir a ningún plan de ajuste para pagar a proveedores porque ese problema no lo tenemos y eso nos ha ayudado bastante", subrayó al respecto. El presidente también recalcó que hacía dos años que al Cabildo de Gran Canaria -que este año cuenta con un presupuesto de 445 millones de euros, un tres por ciento más que en el ejercicio del año anterior- no se le concedía emisión de deuda pública alguna. "Lo que hemos conseguido demuestra a las claras la confianza que genera el Cabildo en otras administraciones. Entre otras cosas, tenemos el nivel de endeudamiento per cápita más bajo de toda Canarias", vino a rememorar el presidente.
El hecho de que esta emisión de deuda pública se materialice con cargo a los fondos de la RIC supondrá a su vez cuantiosas ventajas para los empresarios que decidan dedicar sus fondos a este instrumento y también para la propia institución, que tendrá que afrontar intereses bajos en su devolución y con unos plazos que oscilarán entre los ocho y los diez años, según cálculos de Bravo de Laguna.
El presidente ya negoció con Antonio Beteta, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, la concesión de este préstamo hace unos días, en un viaje efectuado hasta la capital de España.
