Los vecinos de la playa de Ojos de Garza afectados por las órdenes de demolición dictadas por la Demarcación de Costas en Canarias quieren recurrir al Parlamento regional para intentar frenar una inminente ejecución de las referidas resoluciones de derribo.
La representación jurídica de los 21 residentes que tienen en su contra dicho dictamen estudia presentar una proposición no de ley ante el hemiciclo para tratar de conseguir que se dilate el momento en el que las casas tengan que dejar libre la línea de dominio público marítimo terrestre que ocupan según los deslindes ejecutados hasta el momento.
El portavoz de la plataforma que agrupa a los afectados, Juan Pedro Pérez Medina, explicó días atrás a este periódico que para ello pondrán sobre la mesa las 26.000 firmas de apoyo que recogieron a lo largo del año 2009 y que fueron registradas, sin éxito alguno, en el Registro General de las dependencias de la Demarcación de Costas en Canarias.
"Lo que buscamos es un aplazamiento o que se baraje la opción de adjudicar nuevas concesiones administrativas en Canarias", argumentó dos semanas después de que la reforma de la Ley de Costas prácticamente haya cerrado cualquier posibilidad a que tanto estos 21 hogares como otros 17 emplazados en el caserío de Tufia se libren de las retroexcavadoras.
Los vecinos pretenden hacer uso de esta vía bajo el paraguas de la plataforma de afectados por la Ley en el archipiélago del que forman parte.
Mientras, el Ayuntamiento de Telde mantiene abiertas las negociaciones para conseguir unos terrenos anexos a la playa con el objeto de reconstruir allí no ya sólo las 21 casas afectadas en Ojos de Garza, sino las 144 que conforman todo el barrio. Y con esa misma finalidad siguen trabajando en el barrio de Tufia.
