El Ayuntamiento de Valsequillo reconoce su responsabilidad patrimonial y civil en los sucesos de la Suelta del Perro Maldito acaecidos en septiembre del año pasado, como consecuencia de los cuales fallecieron dos personas y una treintena de ellas resultaron heridas de diversa consideración. Las indemnizaciones (más de medio millón de euros para las familias de las dos fallecidas) correrán a cargo de la compañía aseguradora contratada por el Ayuntamiento.

El Consejo Consultivo de Canarias, como publicó este periódico el viernes pasado, responsabilizó de lo sucedido al consistorio valsequillero y exculpó a la Administración del Estado al entender que el Ayuntamiento era el encargado de desarrollar el plan de seguridad del evento y que su funcionamiento fue "inadecuado".

Fue el propio alcalde de Valsequillo, Francisco Atta, el que pidió al Consejo Consultivo un dictamen sobre el accidente de la Suelta. "Se trata de un paso más dentro del expediente administrativo tramitado de oficio por el Ayuntamiento, para proceder, lo antes posible, a indemnizar a los damnificados en el lamentable y fortuito hecho que se produjo el día 28 de septiembre de 2011. La póliza de seguro de responsabilidad cubrirá dichas indemnizaciones", manifestó a este periódico.

"Los dictámenes son favorables a la propuesta de resolución emitida por el Ayuntamiento, donde se reconocía la existencia de responsabilidad patrimonial. En relación al contenido de la parte expositiva de los dictámenes, entiendo que habrá que estar a lo que determinen otras instancias sobre los hechos allí relatados", añadió el alcalde.

El presidente de Asamblea Valsequillera y concejal en la oposición, Juan Carlos Hernández, se mostró conciliador en este punto. "Desde el principio hemos formado una piña junto al grupo de gobierno porque el accidente del Perro Maldito es algo muy doloroso y todos tenemos que estar unidos en el pueblo. Cuando tengamos los dictámenes en nuestras manos ya podremos hacer las valoraciones pertinentes y buscar responsabilidades porque esto no ha hecho más que empezar".

El dictamen oficial del CCC señala que de los informes de la Guardia Civil y la declaración de testigos y responsables del acto accidentado, se "permite asegurar que el plan de seguridad y autoprotección aprobado por el Ayuntamiento, con carácter previo al espectáculo acaecido el 29 de septiembre de 2011, remitido a la Delegación del Gobierno, presentaba diversas anomalías que luego se plasmaron de forma material y concreta en el desarrollo del hecho lesivo".

"Dichas anomalías fueron, primeramente, la correspondiente a la utilización del cuerpo de bomberos solo para la pirotecnia y no para las actuaciones que conllevaban el uso del fuego, como la causante del daño. La ausencia de separación y acordonamiento de la zona destinada al público, de la zona reservada a los actores que portaban antorchas y material inflamable", añade el dictamen firmado por el presidente del Consejo, Carlos Millán Hernández.

"La falta de previsión", agrega, "al no despejar de público, durante el espectáculo, una de las vías de evacuación para facilitar la misma, pero también la entrada de las ambulancias, constando en las declaraciones testificales, cuya veracidad no se ha cuestionado, que las primeras asistencias llegaron entre 10 y 15 minutos después de producido el evento, tras evacuar la zona".

"Y, por último, la falta de concreción de los riesgos derivados del uso del fuego para los actores y el público, pues sólo constan en el plan una mención genérica de dicho riesgo para los bienes materiales de la zona de celebración del espectáculo", concluye.

El dictamen señala que la joven fallecida "no tuvo participación alguna en el desarrollo del hecho lesivo ya que le estaba permitido por el Ayuntamiento y sus responsables de seguridad y protección".