Representa usted este viernes a la patronal en el acto para intentar cambiar la ley turística. ¿Qué modificaciones propone la Confederación Canaria de Empresarios?
Lo que hace la Confederación es defender los intereses de los empresarios, y no solo los de la isla de Gran Canaria, sino de Lanzarote y Fuerteventura, que también nos compete a nosotros. Lo que le hemos dicho al Gobierno es que no se puede legislar de espaldas a la opinión generalizada de los empresarios. Yo he contactado con muchos de ellos y de la información que he obtenido se pueden sacar algunas conclusiones. Hay que hacer una ley turística, pero adaptada al siglo XXI. La historia de la moratoria, que bloquea con leyes y decretos las iniciativas empresariales, ya no tiene sentido. Así nos va. Por eso tenemos a Gran Canaria en la situación de crisis y de productividad. A partir de ahí, lo que decimos es que el empresario es el que apuesta su dinero y expone su propiedad y su patrimonio. Los mercados se regulan por sí mismos y los empresarios invierten donde obtienen rentabilidad, por eso no nos podemos permitir tantas moratorias. Nos parece perfecto que haya una ley para la renovación hotelera, pero desde determinadas islas se está diciendo cuál es el modelo turístico que necesita. Me parece bien que se rehabiliten los complejos obsoletos, pero también hacen falta hoteles de cuatro estrellas. Entonces, ¿por qué se tienen que hacer de cinco estrellas? Un hotel de más lujo paga más impuestos y necesita más espacio e instalaciones; sin embargo, el de cuatro estrellas es el que necesitamos para el tipo de clientes que tenemos. Cada isla tiene un modelo turístico diferente y tenemos que adaptarnos a ese territorio. Yo soy regionalista y defiendo los intereses de toda Canarias, pero cada isla tiene sus condiciones y, en concreto, Gran Canaria está pidiendo incesantemente que se permitan hoteles de cuatro estrellas, pero al final no nos prestan atención.
Vistas las diferencias entre los empresarios del turismo, por ejemplo en la renovación del Oasis de Maspalomas, ¿hay consenso en la patronal ante el convocatoria de Bravo de Laguna.
Ese es un tema empresarial y nosotros no entramos en debates entre empresarios. La Confederación defiende los intereses generales y después están las organizaciones que representan a ese sector. No entramos en detalles internos de los empresarios, pero sí defendemos el interés del turismo en Canarias y decimos: ¡mucho cuidado, no juguemos con las cosas de comer! Y las cosas de comer en este momento en Canarias es el turismo. El resto de las actividades están ahí, mantenidas, pero no tienen la potencia económica del turismo, que es más del 33% de nuestra economía. Estos debates no conducen a nada, que se sienten, que dialoguen, pues ya son mayores de edad, y que cada uno busque sus intereses.
En las últimas semanas se ha acusado al Gobierno de Paulino Rivero de favorecer a Tenerife y perjudicar a Gran Canaria con los hoteles de cuatro estrellas. ¿Comparte esa afirmación?
Yo lo que diría es que tal vez ha faltado persistencia empresarial a través de sus organizaciones. Si Tenerife consigue cosas es quizá porque sus empresarios son más incisivos a la hora de defender una causa determinada. Si Lanzarote, Fuerteventura o La Palma consiguen sus cosas ¿por qué no Gran Canaria? Insisto en que soy regionalista y creo que lo que sí hay que controlar son las inversiones que se hacen en cada sitio para que exista ese equilibrio permanente. Los problemas que podamos tener en una isla concreta es porque sus dirigentes políticos no las han sabido defender.
¿Cree que la reunión de este viernes hará cambiar al Gobierno canario?
Yo diría que sí. Sé perfectamente que cuando hay diálogo se puede llegar al consenso. El Gobierno de Canarias sabe que históricamente se han cometido errores; no vayamos a caer en otro error por una cabezonería. Si hay que renovar hoteles porque están obsoletos, pues perfecto, pero si alguien tiene la iniciativa de crear un hotel nuevo en una zona permitida, por qué no se le va a permitir un hotel de cuatro estrellas si son habitualmente de más calidad de los que existen de esa categoría en otros lugares.
Ante la diversidad de opiniones sobre la moratoria, por ejemplo entre la patronal y Nueva Canarias, ¿es posible emitir una posición común para convencer al Gobierno?
Si todos somos responsables y valoramos la situación económico y social que estamos viviendo en Canarias, los consensos tienen que estar por encima de todo, de los intereses de las personas, de las empresas y de los partidos políticos. Lo que se va a decir este viernes al Gobierno es que ha cometido un error, se le advirtió por activa y por pasiva y al final sacó la ley. Con la experiencia de la moratoria, por culpa de la cual estuvimos no sé cuanto años sin hacer nada en Gran Canaria, qué sentido tiene esta nueva prohibición.
¿No es también hora de hacer autocrítica? Es cierto que Tenerife tiene más oferta turística, pero también es verdad que en Gran Canaria se han frenado inversiones por decisiones políticas o peleas entre hoteleros.
Eso ha existido. Primero por la moratoria y después por la cantidad de normas y burocracia que tiene esta isla. La del Gobierno, la del Cabildo, la Cotmac, las corporaciones locales... Toda esa maraña hay que simplificarla, ¿por qué tantas normas que bloquean inversiones cuando el paro está llegando al 35%. Yo no culpo a Tenerife. Ellos están haciendo sus deberes. Por eso, esta movilización no va contra nadie, vamos a defender ahora los intereses generales de Gran Canaria, pero mañana puede ser Lanzarote o Fuerteventura.
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