Los problemas económicos vuelven a atenazar al funcionamiento del Ayuntamiento de Telde. Unos 204 mayores del municipio, usuarios del servicio de ayuda a domicilio que presta la Concejalía de Servicios Sociales a través de un contrato público suscrito con la empresa Oligal 1968 desde hace años, se encuentran desde este lunes sin recibir dicha prestación a raíz de la huelga iniciada por las 32 trabajadoras del servicio.
Las afectadas comenzaron la semana con un paro indefinido ante el retraso en el abono de las nóminas. Fuentes de las asalariadas confirmaron que la compañía les adeuda cuatro nóminas, algo menos de 3.000 euros. Una situación insostenible que les ha llevado a tomar esta medida y que tuvo, también como fenómeno colateral, el retorno de las movilizaciones y protestas en la plaza de San Juan.
Las propias trabajadoras acordaron fijar unos servicios mínimos, consistente en un retén de cuatro personas que durante la mañana se acercó a visitar a aquellos mayores que requieren de cuidados especiales al estar encamados. "Han tenido que ser las propias empleadas las que se han puesto de acuerdo para ello", recriminó Antonio Rodríguez, secretario general del sindicato Sitca y quien se acercó hasta las manifestantes para informarles de los contactos mantenidas tanto con la compañía como con el consistorio teldense. Rodríguez apuntó que Oligal 1968, con la que intentó contactar sin éxito este periódico, adeuda 88.000 euros a la plantilla "y otros 163.000 euros a la Seguridad Social. Tampoco está atendiendo los pagos a la mutua de accidentes ni las horas extras y atrasos concertados en el convenio". El dirigente reclamó al Ayuntamiento de Telde que tomase "medidas de forma inmediata" dadas las características del servicio que presta este personal. "Debe intentar secuestrar el servicio o ejecutar una gestión de pago directo a los trabajadores", reclamó. Según sus cálculos, a las citadas cantidades habría que añadir "otros 27.000 euros en concepto de horas extras. Es cierto", prosiguió, "que el consistorio le debe 91.000 euros a Oligal 1968, pero esta empresa debería tener como fondo para atender contingencias de este tipo una partida de 300.000 euros".
La cabeza visible de Sitca advirtió de que las protestas se desarrollarán en la plaza "el tiempo que sea necesario" y aseguró que las quejas también se trasladarían a las puertas de la sede de la compañía. Por su parte, el coordinador general de Hacienda, Darío López, aclaró que la ley impide a las instituciones locales ejecutar secuestros del servicio como el que pide Sitca. "Eso solo es posible con concesiones administrativas", detalló. Con todo, el grupo de gobierno local ha iniciado gestiones para intentar poner fin a los impagos y la huelga.
