El Círculo de Empresarios de Gran Canaria ha calificado este lunes de "grave error" permitir que zonas clasificadas como turísticas se conviertan en residenciales y ha pedido un mayor control fiscal de los alquileres que compiten sin declarar impuestos con la oferta regulada.

Este colectivo de grandes empresarios de la isla ha publicado su opinión sobre la polémica abierta en San Bartolomé de Tirajana, uno de los principales municipios turísticos de las islas, a raíz de la reforma de plan general de ordenación y de la aplicación del decreto que desarrolla la Ley de Rehabilitación Turística.

Este decreto impone a los propietarios de apartamentos en suelos clasificados como turísticos la obligación destinarlos a ese uso, lo que ha motivado que numerosos propietarios se pregunten si se les va a prohibir utilizarlos como su casa o alquilarlos por su cuenta.

En su comunicado, el Círculo de Empresarios carga contra la "competencia desleal" que hoteles y complejos de apartamentos turísticos dados de alta como tales reciben de quienes alquilan a turistas de manera privada sus propiedades en esas mismas zonas.

"Gran Canaria ha perdido más de 50.000 plazas alojativas desde el año 2000, pero la inmensa mayoría de esas plazas siguen en el mercado secundario y, en muchos casos, pertenecen a pequeños ahorradores extranjeros que las alquilan y cobran en origen", dice Mario Romero Mur, consejero delegado de Mur Hoteles.

Mur, miembro del Círculo de Empresarios, sostiene que esas prácticas y las de quienes alquilan apartamentos turísticos de forma permanente a personas que trabajan en esa zona de la isla "son inaceptables", porque, desde su punto de vista, "no aportan nada y son consumidores de servicios públicos".

En la misma línea se expresa el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, quien opina que ese tipo de usos "ocupan suelo destinado al uso vacacional sin cumplir con impuestos y consumiendo unos servicios públicos para los que la zona no suele estar convenientemente dotada".

El consejero delegado de otra empresa con intereses en el sur de Gran Canaria, Satocan, José Julio Artiles, reconoce que "el mercado manda", como demuestra la proliferación de portales de alquiler como Airbnb, pero advierte: "Esa oferta, sin embargo, se ve trufada de viviendas sin licencia y que son realquiladas sin conocimiento de los propietarios".

Por su parte, otro empresario, Sergio Alonso, presidente del Grupo Domingo Alonso, aboga por que actúen los inspectores de Hacienda, para hacer aflorar una parte de la económica que no contribuye como le correspondería a través de tributos como el IGIC o el IRPF.

Para el Círculo de Empresarios, ese tipo de alquileres no declarados y al margen de las normas que se imponen a los complejos turísticos no solo suponen "competencia desleal", sino también "una merma para los ingresos de la Hacienda Pública, un freno para la remodelación de inmuebles y un peligro para los turistas, dado que se alojan en establecimientos que incumplen la normativa".