La denuncia del grupo en la oposición San Bartolomé También Puede (SBTP) al encontrar el pasado miércoles expedientes con "información sensible" arrojados de forma arbitraria al autocompactador de basuras de la Plaza Timanfaya, aledaña al ayuntamiento, ha originado una investigación policial en el seno de la administración. Los agentes indagan las causas de lo que podría considerarse un delito por supuesta violación de la Ley de Protección de Datos y de Infidelidad en la custodia de documentos públicos.
A plena luz del día, sobre las 12.30 horas, la concejala de SBTP, Davinia Arbelo, encontró dos bolsas y otro par de cajas repletas de "decretos, expedientes y facturas" selladas con el membrete del ayuntamiento en el contenedor de basura de la Plaza Timanfaya, próxima a las oficinas municipales. Para asombro de la edil, dichos documentos con fecha de 2009 y 2010 contenían importes pagados por el ayuntamiento a sus proveedores así como los "datos personales de usuarios del área de Servicios Sociales".
Ante la ilegalidad que presenta la destrucción de documentos con información reservada en contenedores orgánicos, sin seguir el protocolo establecido para estos casos, la concejala denunció el episodio ante la Policía Nacional, según advirtió la formación en un comunicado. Fue entonces cuando los agentes ordenaron a la empresa de limpieza Urbaser que "desenchufara" la compactadora con el fin de salvar del interior del contenedor las bolsas y cajas repletas de expedientes.
Al día siguiente, el Ayuntamiento anunció mediante un comunicado que el alcalde Marco Aurelio Pérez ordenó ayer la apertura inmediata de un "expediente informativo" en aras de esclarecer "los motivos, el alcance y el contenido" de dicha documentación.
Por su parte, el consistorio busca entre sus funcionarios el personal administrativo que tramitó dichos papeles y posteriormente los sacó al exterior del edificio municipal sin cumplir con los preceptos que establece al respecto la "Ley de Protección de Datos de Carácter Personal", la ordenanza municipal de "Creación y Supresión de Ficheros" ni el reglamento con el que opera "el archivo público e histórico de San Bartolomé de Tirajana".
"El protocolo de obligado cumplimiento" que establece la institución local para eliminar ya sea expedientes caducados, carentes de valor jurídico o, en especial, aquellos que no presentan "valor histórico" alguno pasa en primer lugar por la emisión de un informe previo por parte de los jefes del servicio administrativo que tramitaron la documentación. En segundo lugar, por las manos de los técnicos del archivo, que valoran la catalogación o no del documento "en función de su carácter patrimonial". Y, en tercer y último lugar, por el pleno de la corporación, que decide por votación la destrucción de dicho expediente.
Ante la omisión de todo este complejo procedimiento, la persona que depositó en la basura el material confidencial puede ser responsable por un delito de supuesta violación de derechos constitucionales, como son la protección de datos o infidelidad en la custodia de documentos públicos.
La formación morada, quien además aseguró que no es la primera vez que se encuentran documentos oficiales fuera de las dependencias municipales, se reserva su derecho a "llevar a cabo las acciones legales que considere oportunas" y exige a la administración "respeto" y "el exquisito cuidado" que merecen los ciudadanos al tramitar documentos que contienen datos personales de los contribuyentes.