El fiscal solicita ocho años de inhabilitación para el concejal de Santa Brígida Martín Sosa, que en 2014 fue denunciado por una asociación de taxistas de Tafira Alta (Las Palmas de Gran Canaria) por el supuesto intrusismo de sus compañeros de la parada de Monte Lentiscal. El abogado defensor pidió la absolución por entender que el edil, en aquel entonces delegado de Transportes, está acusado de una responsabilidad que no es de su competencia, sino del Cabildo de Gran Canaria.
Algunos testigos, funcionarios del Cabildo y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, declararon en el juicio de ayer, celebrado en el Juzgado de lo Penal número 4 de la capital, corroboraron la versión del concejal ya que es la Autoridad Única de Transporte del Cabildo la que tiene competencias sobre las paradas de los taxis.
Los concejales Martín Sosa y Purificación Amador, de Unidos por Gran Canaria (UxGC) abandonaron el gobierno municipal de Santa Brígida en julio del año pasado "en cumplimiento de lo acordado al inicio del mandato" tras la apertura de juicio oral contra el cabeza de lista de dicha organización por una causa originada en 2014 a partir de una denuncia por presunto intrusismo de los taxis de la Villa en una zona correspondiente al municipio de Las Palmas de Gran Canaria, lindante con Santa Brígida.
La defensa del edil señaló que este procedimiento tuvo que dirimirse entre los denunciantes con el Ayuntamiento capitalino y la Consejería de Transportes del Cabildo de Gran Canaria pero, por error, se remitieron los documentos al Ayuntamiento satauteño, lo que dio lugar al juicio contra el dirigente de UxGC por un supuesto delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos. Sosa Domínguez señaló que "confío en la justicia y en mi inocencia y lo voy a demostrar".
El presidente de la Asociación de Taxistas de Tafira Alta 'La Tornera', Juan Ramón Naranjo García, presentó el 15 de septiembre de 2014 un escrito en la Delegación de Las Palmas de la Fiscalía Especial contra la Corrupción por el que manifestaba que la asociación "ha venido denunciando desde hace años una serie de infracciones que se vienen cometiendo en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en la zona de Tafira Alta, por taxistas del municipio de Santa Brígida, más concretamente los de la parada del Monte Lentiscal, ya que los mismos vienen realizando servicios fuera de sus competencias (Santa Brígida) recogiendo pasajeros dentro de los lindes de Las Palmas de Gran Canaria".
En su exposición pedía que "el Ayuntamiento de la villa de Santa Brígida, por carta de 6 de junio de 2013, reconociera que hizo actuaciones desde la Concejalía correspondiente hacia las Asociaciones de Taxistas existentes en el Municipio de Santa Brígida, así como poner en conocimiento de la Policía Local de las Palmas de Gran Canaria y de Santa Brígida los hechos, librando al efecto oficios dirigidos a las diferentes asociaciones de taxi de la zona de Santa Brígida para que se abstuvieran de recoger viajeros fuera del ámbito jurisdiccional de ese Ayuntamiento".
"Dado que las gestiones realizadas hasta el momento no han obtenido la corrección de las acciones ilícitas de los taxistas del municipio de la villa de Santa Brígida, nos lleva a pensar que las sanciones impuestas por la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria no se están llevando a último cumplimiento, esto es, el pago de las sanciones impuestas y las sanciones como faltas graves estipuladas en la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Auto-Taxis", agrega.
Ese mismo día el fiscal delegado remitió dicha denuncia al fiscal jefe en Madrid, Antonio Salinas, quien respondió que los hechos "resultan ajenos a las competencias de esta Fiscalía Especial". Ante esta situación, el 7 de octubre, el fiscal jefe, Guillermo García-Panasco, decretó incoar diligencias de investigación, asignando al fiscal Miguel Pallarés para la comprobación de los hechos y de sus posibles autores.
El 15 de octubre Pallarés Rodríguez tomó declaración a Juan Ramón Naranjo y mandó oficio al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que remitan copia de los expedientes sancionadores que debieron incoarse por parte de la Policía Local. El 3 de diciembre de 2014, el fiscal remitió oficio al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria respecto a los originales de los boletines de denuncia para que informaran si están en su poder o fueron remitidos al Ayuntamiento de Santa Brígida o al Cabildo de Gran Canaria.
Con fecha 16 de enero de 2015 la jefa de la sección de Tráfico y Transportes, Teresa Marrero, informó que "todos los originales de los boletines de denuncia relacionados (excepto el nº 01472677, que no tuvo entrada en esta Sección), fueron remitidos al Ayuntamiento de Santa Brígida".
El 29 de enero, el fiscal Pallarés Rodríguez formuló denuncia de hechos supuestamente cometidos por taxistas del municipio de Santa Brígida que podrían ser constitutivos de intrusismo y prevaricación administrativa. Asimismo, señaló que las denuncias, excepto una, fueron remitidas por error al Ayuntamiento de Santa Brígida.
Ante esta situación, considera que el Ayuntamiento de Santa Brígida, concretamente el concejal delegado de Tráfico y Transportes, en aquel momento Martín Sosa, no había custodiado debidamente y de forma intencionada los boletines de denuncia señalados al no haber remitido los originales al Cabildo de Gran Canaria.
El fiscal cree que el edil satauteño no envió los escritos al Cabildo de Gran Canaria para que no fueran sancionados los taxistas de Santa Brígida y estima que los hechos "presentan indiciariamente caracteres de un delito de infidelidad en la custodia de documentos" por parte del edil, quien se muestra convencido de demostrar su inocencia ante los tribunales de Justicia, aunque aclara que "si soy condenado, saldré de la política".
