El Pleno del Cabildo de Gran Canaria aprobó ayer los Presupuestos para el año 2019 con los 16 votos del gobierno de Antonio Morales, el rechazo de los consejeros del PP, Unidos y CC, y la inesperada abstención de Podemos. Tras una embarullada votación de las enmiendas parciales, los dos representantes del partido morado dieron por hecho que las suyas habían sido aprobadas, cuando en realidad, según el gobierno, fueron rechazadas. El portavoz de Podemos, Miguel Montero, no descartó que esa disputa sobre el sentido del voto acabe en los tribunales.

La isla de Gran Canaria contará el próximo año con unos Presupuestos de 913,2 millones de euros, 58,4 millones más que en este ejercicio, lo que supone un crecimiento del 6,84% y los convierte en los más elevados de la historia de la institución. El actual gobierno de Morales gestionará ese dinero hasta mitad de año, pues la última semana de mayo se celebrarán las elecciones de los cabildos.

Pese al crecimiento global, las inversiones reales disminuyen en 5,3 millones, lo que generó las principales críticas por parte de todos los partidos de la oposición, que calificaron los Presupuestos de "antisociales", electoralistas", "propagandistas" o "dirigidos a beneficiar a los amigos".

Tras un debate salpicado de acusaciones desde ambas bancadas, aunque más sosegado que en anteriores sesiones del Cabildo, los grupos de NC, PSOE y los dos consejeros no adscritos hicieron valer su mayoría para rechazar todas las enmiendas de la oposición, por lo que los Presupuestos salieron adelante con las dos únicas modificaciones propuestas por NC, una para concretar 11 partidas de los proyectos de cooperación internacional, por valor de 310.090 euros, y otra para aclarar que los miembros de la Comisión de Evaluación Ambiental de Gran Canaria percibirán 300 euros por asistir a cada sesión, aunque en dicha reunión no se adopten resoluciones.

El consejero de Hacienda y Presidencia, Pedro Justo, defendió las cuentas elaboradas por su departamento y resaltó que hubo "complicaciones" por la disminución no prevista de los ingresos por impuestos indirectos y de los tributos vinculados al REF, que finalmente se compensaron con las transferencias desde el Estado por las ayudas al transporte en guagua y la emisión de deuda pública por valor de 53 millones de euros.

Algunos gastos, como los de Empleo, están pendientes de los fondos procedentes del Gobierno de Canarias, que aún no los ha aprobado, explicó Justo, quien precisó que se cumplen "con holgura" los criterios de estabilidad y la regla del gasto. El endeudamiento se sitúa en 75 millones, un 12% de los ingresos, cuando el Estado permite llegar hasta el 70%.

Los portavoces de NC, Carmelo Ramírez, y del PSOE, Ángel Víctor Torres, aseguraron que los Presupuestos cumplen el programa de gobierno firmado hace tres años y medio y siguen dirigidos a combatir el paro y la pobreza. Según el dirigente socialista, "el Cabildo es el mayor empleador de la Isla y más de 12.000 personas han conseguido un contrato en este mandato".

Desde la oposición, el portavoz del PP, Carlos Ester, pidió la devolución de las cuentas al gobierno para ser reelaboradas con el consenso de todos, y consideró que "van a perpetuar la parálisis crónica que sufre Gran Canaria". A su juicio, "no ayudan a dinamizar la economía y a generar empleo".

José Miguel Bravo de Laguna, portavoz de Unidos, se refirió a la cifra de 913 millones y opinó que, aunque es la mayor de la historia del Cabildo, "la realidad es que 200 millones no cuentan, pues 150 millones son ingresos que salen a los pocos días hacia los ayuntamientos y otros 53 millones proceden de la emisión de deuda pública, que luego se convierte en gasto".

Miguel Montero, portavoz de Podemos, defendió sus 13 enmiendas parciales, que solicitaban retirar 1,5 millones de "la partida de propaganda del presidente Morales" para destinarlos a los bomberos del Consorcio de Emergencia y al plan de choque contra la pobreza. Todas las enmiendas fueron desestimadas en una votación que Montero dio por aprobadas.

Fernando Bañolas, consejero de CC, denunció que Morales "ha vuelto a coartar los derechos de la oposición al recortar los plazos de enmiendas a la mitad y acusó al presidente de "beneficiar" a los ayuntamientos de NC, a algunas ONG y "a los amigos", en referencia a exmiembros de su gobierno.