El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, sostuvo ayer que desconocía que las tres fincas que ha comprado su gobierno en el Macizo de Amurga pertenecen a la familia del líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, pero aseguró que en caso de saberlo hubiese seguido adelante con la operación porque esa adquisición tiene informes favorables de los técnicos de Medio Ambiente y de Patrimonio de la corporación insular.
Antonio Morales negó en varias ocasiones que conociera que entre los 22 vendedores de los terrenos de Amurga estén la esposa y los cinco cuñados de Román Rodríguez, que percibirán 340.000 euros cada uno, y reconoció que el gasto de más de cuatro millones de euros se aprobó en los últimos días del año para que computara como dinero ejecutado de los Presupuestos del año 2018.
Para defender la actuación de su gobierno, Morales entregó un informe técnico del Servicio de Medio Ambiente, pero no el del 11 de diciembre que figura en el expediente de compra, sino uno firmado el 14 de enero, es decir, 18 días después del acuerdo de la compra, y registrado el 17 de enero, anteayer, en el Servicio de Patrimonio.
El vicepresidente del Cabildo, el socialista Ángel Víctor Torres, también confesó que ni él ni los consejeros del PSOE que aprobaron la compra de las tres fincas estaban al corriente de quienes eran los propietarios de esos terrenos. "Por lo que hemos visto, el expediente y la tasación se han realizado de forma correcta, pero no conocíamos ninguna relación de parentesco entre los vendedores y Román Rodríguez", apuntó.
Pelotazo
Por contra, los cuatro grupos de la oposición del Cabildo -PP, Unidos, Podemos y CC- no creen que Morales y los consejeros de NC desconocieran esos lazos familiares, pues el representante de los propietarios, José Victoriano González Rodríguez, fue interventor del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, elegido por gobiernos de ese partido, y es sobradamente conocido como cuñado de Román Rodríguez.
Los portavoces de la oposición consideraron que esta compra de fincas es "un pelotazo" para "beneficiar a los amigos", realizado "bajo el mayor secretismo", y anunciaron que exigirán explicaciones en el próximo Pleno de corporación insular. También han solicitado acceder al expediente completo antes de esa sesión plenaria.
En un acto en el Cabildo, y al igual que ha ocurrido con otras informaciones de este periódico que no le satisfacen, Morales consideró que la noticia publicada ayer por LA PROVINCIA/DLP "es un intento de manipular la realidad para hacer daño al gobierno del Cabildo de Gran Canaria", pero no negó ninguno de los datos ofrecidos.
El presidente insular explicó que el expediente para adquirir terrenos de reforestación en el Macizo de Amurga, en el municipio de San Bartolome de Tirajana, se inició en el año 2014. En febrero de 2015 se emitió el primer informe y se trasladó al Servicio de Patrimonio para comenzar el procedimiento de compra de suelo.
Según Morales, hasta hace un año el Cabildo adquiría fincas "de manera aleatoria y sin concurrencia pública", por lo que se decidió crear la Bolsa Insular de Fincas Rústicas para que los propietarios de terrenos presentaran ofertas y se delimitaron siete comarcas preferenciales, entre ellas la del Corredor del pinar de Tirajana y Amurga. El departamento de Medio Ambiente recibió casi un centenar de propuestas, de las que se seleccionaron seis que coincidían con las zonas prioritarias.
Una de ellas se rechazó porque proponía un precio de nueve euros por metro cuadrado, muy superior al estipulado en la convocatoria pública. Otras dos se desestimaron por problemas administrativos, tras lo que se puso en marcha el proceso para adquirir las tierras que cumplían ese trato preferencial. Una de las propuestas elegidas, siguiendo las indicaciones del Servicio de Medio Ambiente, fue la de Amurga, formada por tres fincas que suman 466,5 hectáreas. Las otras dos son las de Pico Viento y Los Peralillos, en el municipio de Gáldar.
"Estamos en proceso de adquisición de las tres; ésta ha sido la primera y después se hará con las otras dos", resaltó Morales, que restó relevancia a que la compra se aprobara en un consejo de gobierno urgente y extraordinario, pues es algo habitual en el funcionamiento del Cabildo.
Morales reconoció que de los 22 propietarios de las tres parcelas de Amurga, seis tienen una relación familiar con Román Rodríguez a través de su esposa, Myriam González Rodríguez. "Es algo que ni siquiera sabíamos, porque es un procedimiento de adquisición, y en este caso eran 22, pero tratamos con 80 o con 60 propietarios", matizó.
El gobierno insular, añadió Morales, habría comprado igualmente los terrenos si hubiese conocido a los dueños. "¿No se puede hacer un contrato porque una finca que los servicios técnicos consideren de interés guarde relación familiar con una persona, que a su vez tiene relación con la administración por ser un representante de una institución política?", preguntó.
Por su parte, los cuatro portavoces de la oposición criticaron "el secretismo" del gobierno de NC y PSOE en esta operación, pues aseguraron que ellos sí se han enterado por los periódicos de la venta y de la identidad de los propietarios.
Carlos Ester, portavoz del PP, consideró que es "un pelotazo de libro, la política de los cuñados", y señaló que el presidente Morales tendrá que dar explicaciones. "Con este escándalo queda claro que NC y el PSOE se creen que el Cabildo es su finca particular".
Miguel Montero, portavoz de Podemos, ironizó sobre el concepto de "ecoisla" que repite Morales y opinó que eso significa "mejorar la economía de los amigos con el dinero que es de la isla". José Miguel Bravo de Laguna, consejero de Unidos, dijo que "todo tiene mala pinta" y Fernando Bañolas, de CC, consideró que es un hecho "muy grave".
