Los incendios sufridos por Gran Canaria han despertado a la sociedad civil, que ha optado por unirse y comenzar a tomar medidas para evitar que el fuego vuelva a ser el triste protagonista de cada verano. Bajo el nombre de la 'cumbre contra el fuego', representantes del sector primario y empresarial, ecologistas, expertos forestales, Gobierno de Canarias y Cabildo de Gran Canaria se reunían ayer para comenzar a trabajar juntos. Entre las primeras decisiones tomadas, se encuentra la de solicitar que la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas apruebe la Declaración de Emergencia Hidráulica para la corona central de la Isla, en la cota superior a los 600 metros.
Esta figura -que sólo se ha decretado una vez en la historia grancanaria, concretamente en 1998- permitiría "acortar los plazos a la hora de ejecutar cualquier obra en materia de agua, así como reducir los procedimientos administrativos y que los trámites de adjudicación permitan obtener mucho antes el recurso", explicó Rafael Hernández, presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) e impulsor del encuentro.
El tema del agua, desde luego, no es baladí. Así lo resaltó también Cristóbal Sánchez, presidente de la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria: "Existe un cuello de botella que hay que solucionar, pues el nivel de agua subterránea es de apenas 700 metros, lo que quiere decir que hemos gastado dos tercios de la capacidad de la Isla en poco más de 60 años". A este ritmo, "nos arriesgamos a que se produzca un colapso de Gran Canaria por la escasez de agua", lo que contrasta con "la inactividad de las desaladoras de la costa".
Frenar el éxodo del campo
Además de garantizar el líquido elemento, "sin el que no hay agricultura ni ganadería", como recordó Hernández, hay que ir más allá. Frenar el abandono del campo en pro de la ciudad resulta esencial. "Debemos evitar esta sangría y potenciar que la gente quiera vivir en los pueblos y mantener el sector primario", explicó el presidente de la COAG. Para Hernández, "si a una persona que tiene que recorrer cada día 60 kilómetros para llegar al sur por un salario de mil euros se le garantiza que puede ganarse mejor la vida en la tierra en la que nacieron sus padres y sus abuelos, seguramente se decantará por la segunda opción".
Pero, ¿cómo conseguir que se equiparen ambos salarios? Simplemente, asegurando que se paga un precio justo por los productos, "suficiente para mantener las plantaciones o el ganado y a la persona que se encarga de ellos. Ésta es la manera más eficaz de lograrlo. Las subvenciones están bien, pero esto es esencial", reivindicaba Hernández.
En esta línea, los supermercados de la Isla juegan un papel muy relevante: "Hay que valorizar el producto de la Cumbre y que sus productos se vendan en todos los comercios para que así aquellos ciudadanos que quieran echar una mano a los afectados no tengan ningún problema a la hora de adquirirlos".
Es decir, que no sólo los comercios, sino también los clientes tienen que involucrarse. "Debemos producir un cambio en la cultura de cada ciudadano, fomentando el consumo de productos agrarios y creando una cesta de la compra anti-incendio en la que nuestra comida provenga del campo", defendió Eugenio Reyes, portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción. Para esta misión, "sería necesario recuperar proyectos que se perdieron como la central lechera del Cabildo", añadió.
Pero no sólo facilitando la adquisición de estos productos se terminará con el olvido que sufre el campo. También es necesario liberarlo de sus ataduras burocráticas: "Tenemos que conseguir una mayor flexibilidad en las normas que nos permita sacar un mayor provecho de las tierras agrícolas y ganaderas", aseguró el presidente de la COAG, que añadió: "No puede ser que haya 36 leyes diferentes y que éstas no sean coherentes entre sí". En la misma línea se mostró el portavoz de Ben Magec, que pidió "oficinas de cercanía y una ventanilla única que facilite todos los trámites para un sector que se encuentra muy abandonado".
Sin embargo, Reyes se mostró optimista porque "Gran Canaria dispone de una gran oportunidad gracias a la unión establecida entre todos los sectores". Una positividad de la que también hizo gala el presidente de la COAG: "Ha nacido un movimiento ciudadano en defensa de nuestro patrimonio forestal, agrícola y ganadero".
