Fernando Bañolas, exconsejero de CC en el Cabildo de Gran Canaria, anunció ayer que no recurrirá el archivo de su denuncia contra Ángel Víctor Torres, actual presidente del Gobierno autónomo, por supuestas irregularidades en el Instituto Insular de Deportes (IID) cuando este último era su máximo responsable.

Aunque discrepa del auto de archivo del magistrado Alberto Puebla, titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, Bañolas explicó que no presentará un recurso de reforma contra esa decisión judicial porque ya no forma parte de la corporación insular, motivo por el que la presentó.

Además, el exconsejero nacionalista entiende que su denuncia contra Torres "logró el objetivo" que se proponía, que era poner al descubierto las presuntas irregularidades en el uso de las instalaciones deportivas de Siete Palmas, pues el Cabildo, según sus noticias, se ha comprometido a reclamar las cantidades adeudadas por los promotores de los conciertos y está enviándoles burofax para que paguen lo estipulado en los contratos.

Bañolas cuantificó esos impagos en 660.000 euros, mientras que un posterior informe del gerente del IID, Alfredo Gonçalves, los elevó a 1,6 millones si se contabilizaban las cantidades dejadas de ingresar entre 2003 y 2015.

Respecto al auto de archivo, sostuvo que el magistrado acordó el sobreseimiento provisional sin haber practicado las diligencias de investigación que les solicitó, como tomar declaración al interventor y a los responsables de contratación del IID, unos pasos que "eran útiles para averiguar y constatar la perpetración de los presuntos delitos denunciados y las personas culpables de los mismos". Al respecto, opinó que "se le ha dado más valor a las manifestaciones de un cargo político que milita en el mismo partido de Torres (Gonçalves) que al criterio técnico e imparcial del interventor.