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Policías del agua contra el incivismo

Ocho agentes luchan contra los vertidos y obras ilegales en los cauces para evitar inundaciones

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La Policía del Agua

Son pocos, solamente ocho policías, un coordinador y siete agentes, pero atienden más de un millar de incidencias cada año y habitualmente ofrecen una solución en menos de 24 horas. Su labor es poco conocida, incluso la propia existencia del cuerpo, lo que ha generado algún mal entendido cuando denuncian o reprenden a los ciudadanos que incumplen las normativas.

La policía del agua tiene su base en la sede del Consejo Insular, en la capital, y sus miembros recorren cada día los cauces de los barrancos para impedir obras ilegales o vertidos de escombros que impidan la libre circulación del agua en caso de fuertes lluvias. Esas son las infracciones más corrientes en su día a día, pero sus competencias son tan amplias que nunca les sobran horas en el trabajo, explica Ismael Guerra, coordinador del cuerpo.

"Llevamos también el control y seguimiento de todo lo relacionado con el agua y las obras asociadas, como vigilancia de los cauces públicos, nacientes, pozos, tuberías o aprovechamientos; es decir, todo el ciclo, desde donde nace el agua hasta su final, que suele ser la depuración o el vertido al mar", puntualiza.

Esta policía pertenece ahora al Cabildo, cedida junto al resto de las competencias desde el Servicio Hidráulico de la Comunidad Autónoma. Por tanto, se rige por la Ley de Aguas de Canarias del año 1990. Al igual que Ismael Guerra, el resto de sus miembros accedió al puesto por un concurso-oposición similar a la de los policías locales. "Yo la saqué en el año 1998 y entonces no se exigía una titulación académica concreta, solo examinarse de un temario, pero cuando se convoquen nuevas plazas no sabemos que pedirán", comenta.

Reparto de tareas

El coordinador se sabe de carrerilla el nombre y apellidos de todos sus compañeros. Son Mario Vega, Antonio Medina, Ricardo Sosa, Laureano Alonso, Omar Castillo, Jesús Rodríguez y Salvador García. Los ocho se reparten por zonas para poder controlar toda la Isla. Aún hay otro policía de aguas, asignado a otro departamento del Consejo Insular, que lleva la red de control y la pluviometría. Desde esa red se vigila todo el acuífero, con periódicas mediciones y analíticas del agua. Las muestras se recogen en pozos ubicados por toda la Isla y se analizan en los laboratorios de la Granja Agrícola del Cabildo.

"Aparte de la vigilancia -relata el coordinador-, nuestra labor es informar de todas las solicitudes de obras que nos llegan de los ciudadanos, oficios de otras administraciones o denuncias que nos traslada el Seprona de la Guardia Civil". También forman parte del dispositivo del Plan de Emergencias del Cabildo cuando caen lluvias intensas y echan una mano en los incendios forestales.

Las solicitudes de información más numerosas son las de obras en cauces o propiedades que lindan con ellos, que llegan por llamadas telefónicas de los ciudadanos o a través de la web del Cabildo. "Nuestra misión es vigilar que no se hagan obras ilegales en los barrancos y que las que están autorizadas se hagan de acuerdo al proyecto y al permiso concedido, pues no todos cumplen", confiesa Ismael Guerra.

Los vertidos en los cauces y en la costa, tanto líquidos como sólidos, son el otro "gran problema" que ocupa a estos policías. En el litoral, lo primero consiste en diferenciar entre los vertidos de aguas depuradas o desaladas que están permitidos y los que son ilegales. "Hay vertidos al mar que están autorizados, como son los de aguas depuradas y los de salmuera, que es el agua de rechazo de las plantas desaladoras, esos van directos al mar o mediante pozos", aclara. Los vertidos clandestinos al mar son denunciados y sancionados, aunque a veces es difícil determinar quién es el infractor.

Más complicado es poner coto a los vertidos de escombros y enseres de todo tipo en los cauces de barrancos, con el consiguiente peligro de que impidan el paso normal del agua y provoquen inundaciones. El pasado viernes, durante una inspección bajo los puentes de la autopista del Sur, Ismael Guerra y Ricardo Sosa, encontraron una colección completa de ilegalidades y atentados al medio ambiente, incluido en cadáver de una cabra en estado de putrefacción en un túnel del barranco de Guayadeque.

"Otras veces hemos encontrado vacas y hasta caballos muertes, por eso es importante concienciar a la población del peligro de arrojar cualquier cosa en los cauces de agua", protesta el coordinador. En ese túnel, una cuadrilla de operarios trabaja en la retirada de todo tipo de escombros y muebles.

En un puente cercano, el de Balos, encontraron un vertido de lodo, con la agravante de que procedía de una tubería que había sido cerrada unos día antes. Alguien rompió el precinto al golpes y el barro cubre una parte del ojo del túnel. Si ese taponamiento coincidiera con unas lluvias fuertes, el resultado es un desbordamiento con consecuencias imprevisibles.

La población debe saber que esos atentados a la normativa de aguas no salen gratis. Existen cuatro tipos de sanciones, de leves a muy graves, y las multas oscilan entre los 600 y los 300.000 euros, aparte de la reposición de los daños causados. Si no la hace el infractor, la realiza la administración y le pasa la factura.

Hasta la fecha no han tenido incidentes graves, salvo alguna discusión con ciudadanos que desconocían su función policial. Antiguamente estos agentes portaban armas, hasta metralletas, pero ahora solo llevan sus herramientas y el boletín de denuncias. Si intuyen peligro o violencia de los infractores, se apoyan en la Guardia Civil o en la Policía Local. Con el Seprona tienen una relación muy estrecha, porque les trasladan todas las denuncias que tenga relación con el agua.

El trabajo más peligroso es bajar a los pozos para analizar las aguas, algo que se está automatizando para evitar riesgos. Uno de los casos más llamativos destapados por estos agentes fue el vertido a un cauce de cientos de almohadas cedidas por un hotel a una ONG. También han participado en la búsqueda de personas desaparecidas y en el rescate de personas en inundaciones como las de La Garita. En las alertas por lluvias trabajan las 24 horas "para vigilar que el agua vaya por su sitio", añade Ismael Guerra.

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