Los 69 funcionarios y empleados del Cabildo de Gran Canaria que fueron depurados por el régimen franquista durante la Guerra Civil tendrán un homenaje público como víctimas de persecución política por su defensa de la libertad y la legalidad democrática. Con el apoyo de todos los grupos, salvo la abstención de cuatro representantes del PP, el Pleno aprobó una moción del gobierno tripartito, defendida por la consejera Sara Ramírez (Sí Podemos), para reparar «una injusticia histórica» con esos trabajadores de la institución, algunos de los cuales fueron destituidos de sus puestos, como el secretario general -Emilio Valle y Gracia- y una treintena de médicos y sanitarios, o sufrieron sanciones de hasta un año y medio.
La moción salió adelante sin apenas debate, pues Ciudadanos incluso se mostró partidario de transformarla en una declaración institucional y UXGC-CC solo propuso cambiar el orden de los cuatro puntos del acuerdo. El PP ni siquiera intervino, como tampoco en la mayor parte de las discusiones que se suscitaron durante el Pleno.
Finalmente, el primer acuerdo es «iniciar a través del Servicio de Archivos Generales del Cabildo un estudio de los expedientes de las posibles personas que hayan sido víctima de este proceso de depuración». Tras este estudio se aportará toda la documentación que sobre los hechos o procedimiento obre en esos archivos, así como los antecedentes que se consideren oportunos.
A continuación se solicitará al Ministerio de Justicia la Declaración de reparación y reconocimiento personal, prevista en el artículo 4.1 de la Ley de la Memoria Histórica y por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, «para los empleados públicos del Cabildo que fueron sancionados y depurados por motivos políticos, ideológicos o de creencia por la Comisión Gestora Militar por defender la legalidad institucional».
Por último, se emprenderán los trámites «para la realización de un homenaje público como reconocimiento a los cargos políticos y empleados públicos del Cabildo víctimas del franquismo».
El grupo de gobierno también sacó adelante, con 24 votos a favor y tres abstenciones del PP, una moción que exige poner fin al «injusto» bloqueo económico, comercial y social que el gobierno de los Estados Unidos impone a Cuba desde hace 60 años, «por suponer una vulneración de los derechos humanos, la legalidad internacional y las resoluciones de las Organización de Naciones Unidas».
En su defensa de la moción, el consejero de Solidaridad Internacional, Carmelo Ramírez (NC), dijo que el «bloqueo impide la compra de suministros y tecnologías médicas que tengan más de un 10% de componentes estadounidenses, principales productores, por lo que Cuba no tiene acceso en condiciones similares a otros países a los medios para luchar contra la pandemia». A su juicio, las sanciones suponen el principal obstáculo para el desarrollo del país y el bienestar del pueblo cubano».
Aunque con críticas al régimen comunista de La Habana, Bravo de Laguna y Ruymán Santana coincidieron en que el bloqueo comercial a Cuba perjudica sobre todo a su población.
