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Los trabajadores de un centro de menores de Mogán denuncian agresiones sexuales y prostitución

El Gobierno de Canarias abre una investigación y el Ayuntamiento llevará los hechos ante la Fiscalía del Menor

Desperfectos en el centro de menores de Porto Bello

Desperfectos en el centro de menores de Porto Bello LP(DLP

Trabajadores del centro de menores migrantes no acompañados ubicado en los apartamentos Porto Bello de Puerto Rico, en el municipio de Mogán, han denunciado repetidas agresiones sexuales, el ejercicio de la prostitución dentro y fuera de las instalaciones, y abusos y altercados entre los internos. Todo ello, aseguran esos empleados, sin que la empresa responsable de la gestión de ese centro, la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, y el Gobierno de Canarias hayan actuado todavía para frenar esas presuntas irregularidades.

Esos hechos se expusieron, de forma anónima, ante el Ayuntamiento de Mogán, que en las próximas horas trasladará esa denuncia a la Fiscalía del Menor, junto a un informe con las demás incidencias que han venido denunciando el propio gobierno municipal y los vecinos de la zona, según adelantó la alcaldesa, Onalia Bueno, quien insistió en que la situación de ese centro de menores es «alarmante». 

El Gobierno de Canarias, por su parte, inició hace una semana una investigación interna y una inspección «lo más rigurosa posible» pese a tratarse de una denuncia anónima, según informaron fuentes de la Dirección General del Menor, que reconocieron la conflictividad de ese centro y explicaron que el cierre está entre las prioridades de la Consejería de Derechos Sociales e Igualdad. El traslado de los internos a otras instalaciones se realizará lo antes posible, a mediados del mes de julio en el peor de los escenarios, ya que existen dificultades para encontrar espacios de acogida.       

El escrito de denuncia fue remitido al Ayuntamiento de Mogán el pasado 10 de junio y señala que se ha elaborado por parte de empleados de la Fundación para revelar «algunas de tantas situaciones negligentes que soportamos en nuestro día a día, situaciones que la dirección pasada y actual del centro permiten y fomentan, vulnerando los derechos de los menores tutelados».

En el apartado de agresiones sexuales, el escrito señala que a inicios del mes de marzo se informó al equipo educativo que varios menores habían comunicado que uno de los internos, al que se cita con iniciales, «ha sufrido repetidas agresiones sexuales por parte de dos de los usuarios del centro, que en aquel entonces ya se había certificado que eran mayores de edad y estaban pendientes de traslado». 

En aquel momento, relata la denuncia, el agredido «se encontraba huido, argumentando sus compañeros que el motivo de la fuga era para evitar esas agresiones y el bullying que sufría por parte de algunos de los menores del centro que ridiculizaban su situación».

Los educadores decidieron recabar información para confirmar la veracidad de los hechos y una de las cuidadoras les comunicó que existían vídeos de dichas agresiones y que incluso algunos trabajadores del turno de noche tienen alguno de esas imágenes en sus móviles, aunque éstos últimos negaron después la existencia de esos vídeos. 

"No han hecho nada"

El equipo educativo solicitó a la dirección del centro continuar recopilando datos, reforzar los turnos de noche para evitar dichas situaciones y realizar la correspondiente denuncia. Según los denunciantes, los responsables de la empresa comunicaron que «directamente» se harían cargo de todo ello, pero «la realidad es que a día de hoy» no se ha interpuesto la correspondiente denuncia, no se han reforzado los turnos de la noche y el menor continua fugado. «A pesar de que la dirección tiene información de su paradero, no han hecho nada para intentar ayudarle», sostuvieron.

Respecto a la prostitución, esos trabajadores afirman que los directivos tienen constancia de que al menos tres de los menores la han ejercido, tanto dentro de las instalaciones con otros menores como fuera del mismo con personas ajenas al centro, supuestamente mayores de edad. Sin embargo, añade el escrito, «no han realizado ninguna intervención con los menores ni informado de ello a las autoridades».

En otro apartado que denominan «agresiones físicas y maltrato continuado», los trabajadores señalan que «durante estos meses, se han producido diversos y repetidos» abusos a los menores por parte de algunos empleados. 

Entre esas presuntas agresiones detallan «contenciones físicas desproporcionadas, en las que auxiliares que duplicaban el peso del menor colocaban su rodilla sobre el cuello de los menores una vez que ya estaban contenidos sin mostrar resistencia; contenciones físicas no justificadas, realizando técnica de estrangulación desnuda, intimidación de los menores realizando golpes violentos contra la pared con un palo de madera por parte de una auxiliar; insultos de manera continuada y vejatoria a los menores, haciendo referencia estos insultos a su raza, edad, apariencia física, higiene y orientación sexual».

En el área médica se asegura que la dirección se ha negado a solicitar pruebas diagnosticas de enfermedades de transmisión sexual a los menores, sigue sin existir protocolo Covid ni habitaciones de confinamiento para posibles positivos, y hay un descontrol total en las medicaciones de los internos. 

Sobre las condiciones de habitabilidad e higiene, recuerdan que el pasado 8 de febrero se produjo un motín por parte de algunos de los menores, quedando el centro «gravemente deteriorado». Además, se desvelan numerosas irregularidades en el mantenimiento de las instalaciones, la educación, los aforos, el «descontrol del personal por la ausencia continuada de los directores en el centro», «indicios y testimonios sobre venta de sustancias estupefacientes a los menores por parte de algunos trabajadores y consumo por parte de empleados en horario laboral».

El propósito de la fundación que gestiona el centro, según estos trabajadores, «parece estar más centrado en establecer nuevos centros en la isla y expandir su campo de acción con sus correspondientes beneficios, teniendo esto como consecuencia el deterioro más que evidente tanto físico como psicológico que han sufrido los menores durante el transcurrir de estos siete meses».

En respuesta a ese escrito, la alcaldesa Onalia Bueno declaró ayer que hoy martes o mañana acudirá a la Fiscalía para poner en conocimiento esos hechos y otros que ha recopilado el Ayuntamiento. Por su parte, la plataforma Salvemos el Turismo en Mogán exigió la clausura del complejo hotelero como centro de acogida de menores extranjeros, abierto en septiembre de 2020, pues recordó que la medida «tenía un carácter transitorio y provisional».

Sorpresa ante el anonimato


El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Derechos Sociales, informó ayer que los hechos denunciados en Mogán se investigan desde hace una semana y, dada la gravedad de esas supuestas agresiones sexuales y de otras prácticas irregularidades, se llegará «hasta las últimas consecuencias» en el caso de ser ciertos. No obstante, el Ejecutivo regional, responsable de la custodia de los menores, «no entiende» por qué esos empleados no se han dirigido directamente a la policía o la Fiscalía, en vez de dirigir un correo electrónico anónimo a la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia. Tras cerrar el Tamanaco, otro centro polémico en Mogán, la Consejería trabaja en la búsqueda de otros espacios en la Isla para clausurar los apartamentos Porto Bello antes de un mes. | J.M.N.


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