El Gobierno rehúsa actuar contra los gestores del centro de menores

Las autoridades de la Comunidad Autónoma, sobre las que recae la tutela de los menores migrantes no acompañados, ya han constatado algunas de las irregularidades denunciadas de forma anónima por trabajadores de esa entidad, como el consumo de alcohol y drogas o la falta de actividad educativa, pero antepondrá por ahora la búsqueda de alternativas para realojar a los 78 internos que siguen en los apartamentos de la localidad de Puerto Rico, en el municipio de Mogán.

Las denuncias de los trabajadores, primero a la Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia y después al Ayuntamiento de Mogán, también revelaron presuntas agresiones sexuales contra uno de los menores y la práctica de la prostitución por parte de tres residentes dentro y fuera del centro de acogida, así como numerosas irregularidades en el tratamiento a los internos y el deterioro de las instalaciones.

Esos hechos ya están siendo investigados por la Fiscalía del Menor y la Guardia Civil, que también intentan localizar a los 11 fugados de Mogán en las últimas semanas, entre ellos el chico que supuestamente fue agredido sexualmente por dos internos sobre los que ya se había certificado que eran adultos. Esa última circunstancia ha incrementado los reproches de la Consejería de Derechos Sociales a la propia Fiscalía y a la Delegación del Gobierno central, responsables de determinar la edad de los migrantes acogidos en esas dependencias, por los retrasos en la separación de los menores y los adultos.

Reubicar

Fuentes de la Consejería explicaron ayer que en las últimas horas no hubo traslados desde Porto Bello, pero insistieron en que «ahora mismo» la prioridad es desalojar ese centro y reubicar a los menores. «Después se verá si se debe tomar alguna acción contra la entidad», apuntaron.

El Gobierno de Canarias mantiene tres contratos con la Fundación Respuesta Social siglo XXI para la gestión de otros tantos dispositivos de emergencia de menores inmigrantes no acompañados. Desde el inicio de la relación, en diciembre de 2020, no ha reportado incidentes en los otros dos centros.

Otras entidades colaboradoras con la administración también han comunicado incidencias en las instalaciones que gestionan, pero nunca de la gravedad de las que se han denunciado en Porto Bello. La principal problemática, según las mismas fuentes, es la presencia de adultos en los recursos de menores y la lentitud en la determinación de la edad, que no permite hacer un trabajo más estable.

Por orden judicial, el Gobierno tuvo que cerrar el Tamanaco, otro de los centros provisionales abiertos en Puerto Rico a raíz del aumento de la llegada de pateras y cayucos al Puerto de Arguineguín. Tras varios incidentes, los más de cien internos fueron trasladados a otras dependencias en poco más de una semana, lo que ha llevado al Ayuntamiento de Mogán a reclamar que se actúe ahora con la misma celeridad y clausure Porto Bello antes de 15 de julio, fecha máxima anunciada por las autoridades autonómicas.

Otro dispositivo ubicado en la localidad turística de Puerto Rico, en el complejo de apartamentos La Carlota, no ha registrado incidentes graves en todo ese tiempo, por lo que se sospecha que la conflictividad también está relacionada con la actuación de las entidades gestoras, como la falta de personal especializado o la precariedad laboral, lo que hace que los trabajadores renuncien al poco tiempo. En las inspecciones realizadas por la Dirección General de Protección del Menor y la Familia, los técnicos confirmaron que los empleados estaban «asustados y desmotivados», con una «escasa intervención educativa».

Respecto a los daños causados por los internos en el complejo de apartamentos y en los locales comerciales anexos, los más graves durante el motín del mes de febrero, las mismas fuentes explicaron que los contratos de arrendamiento de esas instalaciones son entre las entidades gestoras y los dueños de los inmuebles, en este caso entre la Fundación Siglo XXI y la empresa Hermanos Medina La Herradura S.L., que han acordado realizar una reforma y entregar en perfecto estado el establecimiento una vez se desaloje.

Este periódico ha intentado, sin éxito, recabar la versión de ambas entidades sobre la situación del centro. En el caso del Tamanaco, según otras fuentes consultadas, el alquiler mensual rondaba los 25.000 euros al mes.

Por otra parte, el portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, manifestó, en declaraciones recogidas por Efe, que la Consejería de Derechos Sociales ha aplicado lo previsto en las leyes tras recibir una denuncia anónima acerca de que en el centro de menores extranjeros no acompañados de Porto Bello se habían producido abusos sexuales.

Pérez explicó que en el Consejo del Gobierno, la responsable de Derechos Sociales, Noemí Santana, facilitó un informe con las actuaciones llevadas a cabo desde el día siguiente al que se recibió la denuncia, el 1 de junio, hasta el 14 del mismo mes. La denuncia se recibió el 31 de mayo pasado y desde el 1 de junio la Consejería llevó a cabo informaciones preliminares y una inspección, en este caso por parte de un funcionario experto, lo que dio lugar a una denuncia que se presentó el 14 de junio. Por tanto, sostuvo que ese departamento ha aplicado lo previsto en la ley, actuar para determinar si la información correspondía a la realidad, y cuando se tuvo la información formular una denuncia ante las autoridades correspondientes.