Las denuncias sobre agresiones sexuales y prostitución en el centro de acogida de menores migrantes no acompañados Porto Bello, ubicado en un complejo de apartamentos de Mogán, ha abierto un cisma entre la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias y la Fiscalía de Las Palmas, que se han acusado mutuamente de retrasos en la separación que los internos que ya son mayores de edad y en la verificación de las graves incidencias comunicadas por trabajadores de ese centro.
Las denuncias anónimas de empleados de Porto Bello ante la Dirección General de Protección del Menor y la Familia y el Ayuntamiento de Mogán también han revelado las deficiencias en las instalaciones de acogida y los incumplimientos por parte de las entidades contratadas para la acogida, educación e integración de los menores extranjeros, sin que hasta ahora ninguna autoridad haya tomado medidas contra la entidad que gestiona ese centro, la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, pese a que el propio Gobierno autonómico sí pudo confirmar el deterioro de las instalaciones y el consumo de alcohol y drogas.
Desde el lunes, día que se conoció el contenido del escrito anónimo remitido al Ayuntamiento de Mogán, el departamento de Derechos Sociales del Gobierno regional y la Fiscalía de Las Palmas entraron en una espiral de reproches sobre la caótica situación en ese centro de menores.
El enfrentamiento subió de tono el viernes con unas declaraciones de la consejera Noemí Santana en las que ya acusó abiertamente al Ministerio Público de «no hacer su trabajo» en la determinación de la edad de los migrantes, al tiempo que atribuyó la actitud crítica de la portavoz y fiscal jefa, Beatriz Sánchez, a antiguas acusaciones del Gobierno de Canarias a la Fiscalía por separar a las madres de sus hijos «al más puro estilo Trump».
La Consejería de Derechos Sociales quiso puntualizar ayer, a través de un portavoz, que en ningún momento de las declaraciones de Noemí Santana a la emisora Onda Cero pretendió culpar o responsabilizar a la Fiscalía de los incidentes concretos en Porto Bello, sino enfatizar que una de las posibles causas de los abusos entre internos se deben a la presencia de mayores de edad en esas instalaciones.
La mezcla de migrantes mayores y menores se debe al retraso de Ministerio Fiscal en la firma de los decretos que determinan la edad tras la realización de las pruebas óseas. La misma fuente negó que la consejera busque un enfrentamiento verbal con la fiscal Beatriz Sánchez, sino poner de relieve ese problema de las edades y pedir que se solucione lo antes posible.
Por su parte, la portavoz de la Fiscalía eludió responder ayer a las acusaciones de Noemí Santana y previsiblemente lo hará a principios de la próxima semana.
Los responsables autonómicos de la tutela de los menores llegados en pateras atribuyen los sucesos de Porto Bello a la presencia de mayores de edad entre los niños y adolescentes. De hecho, consideran que la propia denuncia de los trabajadores confirma esa situación. El escrito remitido al Ayuntamiento señala textualmente: «A inicios del mes de marzo, una de las A.T.E. informa al equipo educativo que varios menores le han reportado que el menor [aparece identificado con siglas] ha sufrido repetidas agresiones sexuales por parte de dos de los usuarios del centro (hacemos referencia a ellos como usuarios del centro y no como menores puesto que en aquel entonces ya se había certificado que eran mayores de edad y estaban pendientes de traslado). En ese momento el menor se encontraba fugado, argumentando sus compañeros que el motivo de la fuga era para evitar esas agresiones y el bullying que sufría por parte de algunos de los menores del centro, que ridiculizaban su situación».
Declaraciones
En el departamento de Derechos Sociales, por boca de Noemí Santana y de la directora general de Protección del Menor y la Familia, Iratxe Serrano, no han gustado las declaraciones de la fiscal Beatriz Sánchez, en las que criticó el deterioro de las instalaciones de Porto Bello y lamentó que el Gobierno no comunicara a la Fiscalía o la Guardia Civil el contenido de la denuncia, pues la recibió el 31 de mayo y no realizó las primeras inspecciones hasta los días 10 y 11 de junio. En esas visitas, los técnicos sí pudieron constatar los destrozos en el edificio, la conflictividad entre los internos y el consumo de alcohol y sustancias tóxicas, pero la Consejería no comunicó la «preocupante situación» hasta el 14 de junio, el mismo día que se hacía pública la denuncia enviada al Ayuntamiento de Mogán. También se constató que en ese momento había 11 chicos fugados, entre ellos la supuesta víctima de los abusos sexuales.
Según un informe del Gobierno, Iraxte Serrano trasladó esos hechos por vía telefónica a la fiscal Decana de Menores, Aurora Pérez Abascal, no a la fiscal jefe Beatriz Sánchez, y esa misma tarde desde el Ministerio Público se emitió un oficio en el que se insta al cierre inmediato de las instalaciones. Al día siguiente, el martes 15 de junio, se procedió al traslado de 43 de los 120 internos, los más problemáticos, a los centros de La Carlota, también en Mogán, y de Bandama, en la capital.
El Gobierno tenía previsto clausurar ese dispositivo de emergencia a finales de agosto, pero ante esos sucesos adelantó la fecha al 15 de julio o incluso antes si encuentra lugares alternativos para instalar a los cerca de 80 menores que quedan en Porto Bello.
La denuncia anónima de los trabajadores también ha destapado la improvisación o la negligencia con la que actúan algunas de las entidades colaboradoras en la acogida de los menores, que no cumplen con lo estipulado en los contratos. Sin embargo, ni en este caso de Porto Bello ni en anteriores incidentes -como los del Tamanaco que fue cerrado por orden judicial- se han tomado medidas contra esas ONG o fundaciones por parte del Gobierno.
Negligencias
«La mayoría de los derechos de los menores han sido vulnerados y pisoteados por una dirección ausente y negligente, cuyo propósito parece estar más centrado en establecer nuevos centros en la Isla y expandir su campo de acción con sus correspondientes beneficios, teniendo esto como consecuencia el deterioro más que evidente tanto físico como psicológico que han sufrido los menores durante el transcurrir de estos siete meses». De esta forma concluye la denuncia anónima de las trabajadores, que aparte de las presuntas agresiones sexuales y la prostitución, detalla numerosas irregularidades.
Según la denuncia remitida a la propia Consejería el 31 de mayo, la dirección del centro también «ha contratado, encubierto y defendido» a empleados que «venden sustancias estupefacientes a los menores; agreden de forma repetida a los menores; les facilitan tabaco; realizan contenciones físicas inapropiadas y desproporcionadas; y los amenazan con palos o los insultan de manera continuada y vejatoria, siendo la mayoría de estos insultos debido a su raza, edad u orientación sexual».
Siempre según esta denuncia anónima, por la que la Fiscalía y Guardia Civil han abierto investigaciones, los responsables de la Fundación Siglo XXI «no han tenido nunca intenciones reales de realizar talleres de alfabetización, ya que ni siquiera han comprado mesas y material escolar para ello». Además, se asegura, las condiciones de habitabilidad en la mayor parte del edificio son «más que cuestionables, llegando algunos menores a dormir en habitaciones con los cristales de los balcones rotos durante semanas».
La declaración del director del centro ante la Fiscalía fue reveladora, pues aseguró que había sido nombrado el día anterior y no conocía. El anterior responsable, según la Consejería, no aguantó la presión al desvelarse la denuncia en los medios de comunicación.
La situación de Porto Bello se debatirá la próxima semana en el Parlamento de Canarias. El Partido Popular anunció ayer que llevará al próximo Pleno los supuestos casos de abusos a menores extranjeros y durante la sesión de control preguntará al presidente del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres, por las acciones emprendidas tras la denuncia.
La presidenta de los populares, Australia Navarro, sostuvo ayer que “la gravedad de esta denuncia, que habla de supuestos delitos de agresiones físicas, sexuales y prostitución, habría requerido una respuesta inmediata y contundente, más allá de anunciar un proceso de inspección interno o el cierre adelantado de este recurso”. “El presidente Torres deberá aclarar si la consejera de Derechos Sociales trasladó o no estos hechos a Fiscalía», adelantó Navarro.
