Bajo el lema de Paga lo que debes agricultores pertenecientes al Consorcio de Regantes del Noroeste, que agrupa a 553 socios que gestionan unas 60 hectáreas de cultivos, protagonizaron ayer una de las manifestaciones más cortas de los últimos años. Movilizados por la demanda del cobro de 120.000 euros provenientes de una subvención del Consejo Insular de Aguas se personaron al mediodía de ayer delante de la sede de la entidad para poco después ser recibidos por el consejero insular de Soberanía Alimentaria y Sector Primario, Miguel Hidalgo, así como por el gerente del Consejo, Carmelo Sosa, quienes firmaron la resolución que daba vía libre al pago de lo adeudado.
José Reyes es el presidente del Consorcio de Regantes del Noroeste, y tras el encuentro sostenido con Hidalgo y Sosa reconocía que éstos «hicieron todo lo habido y por haber para solucionarnos el problema, y es de recibo darle las gracias al consejero y el gerente porque se han portado estupendamente».
Pero tan rápida fue la resolución, como perentoria la convocatoria, ya que según el propio Reyes, «fuimos un poco por sorpresa, porque a veces las cosas se olvidan», detallando que el plazo del cobro previsto se había demorado apenas «unos diez o quince días». Cuestionado del por qué de las prisas, el presidente asevera que el su consorcio de regantes «se ha quedado sin un duro», tras una serie de requiebros que ha puesto en un difícil ejercicio contable a los regantes mancomunados, y que en un 60 por ciento de su superficie destinan al plátano y el resto a verdura, hortaliza, café o papaya, entre otros cultivos.
El principal motivo de la falta de liquidez está motivada por la paralización por el juzgado de Guía de una obra nueva que prevén ejecutar en un terreno escriturado con su correspondiente certificación en el Registro de la Propiedad, inscrito en el año 1823, «hasta que a aparece un señor que asegura que eso es de él».
El proceso ha derivado en la que ya es la cuarta inscripción de esos terrenos, y en la celebración de un juicio, celebrado el día 19 de octubre, en el que las costas y prejuicios han recaído sobre el actor de la demanda. El caso procesal ha retrasado durante dos meses la ejecución de unos trabajos que consisten en la construcción de un depósito de siete millones de euros en la zona alta de Guía, en el entorno de Bascamao.
Todo ello tras la adquisición de unos camiones, «que como mínimo tienen que facturar 600 euros al día para que sean rentables y que, por todos estos motivos, hemos mantenido parados”.
El proyecto fue declarado de interés general por el Ayuntamiento de Guía, con el apoyo de todos sus grupos políticos, el pasado mes de mayo, ya que se espera que ofrezca cobertura a medio millar de profesionales que cultivan en una 700 hectáreas, beneficiados por una reducción del coste del agua ya que permitiría no tener que impulsar agua en verano a la cota 800, lo que se traduce en un ahorro en energía de más del 50 por ciento.
Según abunda Reyes, esta instalación, que está suponiendo un importante esfuerzo para los consorciados, estará ubicada en un lugar estratégico para las líneas de riego, y dispondrá de columnas, techado y su preceptiva impermeabilización, lo que contempla también la posibilidad de suministrar agua de abasto para la población. Se complementa, además, con unas placas fotovoltaicas en su cubierta para minimizar los gastos de la energía que requiere la propia instalación.
De momento, y ante las numerosas dificultades, se han visto en la necesidad de adquirir unos terrenos anexos para retomar el hilo de las obras y no tener que afrontar mayores indemnizaciones.
Por todos estos motivos, y vista la «rápida» reacción del responsable del Sector Primario, así como del gerente del Consejo Insular de Aguas, José Reyes, además de escéptico -«yo es que no me lo creo», confesaba ante la desactivación del conflicto-, se mostraba «muy agradecido», y con ánimos renovados, al sentenciar que en estos últimos tiempos «nos ha pasado de todo, pero también hemos sabido capear».
