El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana entiende que debe ser la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural o los tribunales de justicia los que resuelvan las presuntas ilegalidades en la reforma de un complejo de apartamentos en la urbanización Oasis, colindante con la Charca de Maspalomas.
Ante la resolución del Gobierno de Canarias que incoa un procedimiento sancionador contra la promotora Residence Canarias Property Development por «infracción grave» de la Ley de Costas, con orden de suspensión de las obras y de restitución del inmueble a su estado anterior, el concejal de Urbanismo, Samuel Henríquez, declaró que el Ayuntamiento también abrió en 2020 un expediente de disciplina urbanista a esa empresa, tras las denuncias de los vecinos, pero los técnicos municipales señalaron que los trabajos se ajustaban a la licencia otorgada.
Ante esa respuesta de los técnicos, el área de Urbanismo dictó un decreto del archivo de ese expediente. Sin embargo, al poco tiempo tuvo conocimiento de la resolución de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, porque la actuación en esa parcela del Oasis invade el dominio público marítimo terrestre y por lo tanto es competencia de ese organismo del Gobierno regional iniciar el expediente.
Además, explicó Henríquez, los afectados que denuncian las obras han judicializado los hechos al recurrir en los tribunales el decreto del Ayuntamiento que archivó el expediente disciplinario. «Los técnicos han dicho que las obras se ajustaban a la normativa y a la licencia que se otorgó en su momento», insistió el concejal de Urbanismo.
Los vecinos perjudicados por esas obras, por contra, consideran que la licencia otorgada por el Ayuntamiento incumple tanto la Ley de Costas como el Plan General de Ordenación de San Bartolomé, por lo que le ha emplazado a denegar el reconocimiento de fin de obra, tal como pretenden los promotores, y a devolver el edificio a su estado anterior.
