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San Bartolomé de Tirajana

Narváez, sobre el centro de hípica ilegal de su padre: «Yo solo respondo por mis actos»

La alcaldesa sostiene que Julio Narváez ya ha iniciado la demolición de las instalaciones

Imagen de la demolición del centro de hípica.

La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, ha explicado que ella solo responde por sus actos, en relación al centro de hípica ilegal que su padre, Julio Narváez, construyó en suelo rústico en una finca ubicada en el barranco de Ayagaures. «Yo solo respondo como Conchi Narváez a título particular, como alcaldesa y como madre de dos hijos menores», sostiene en declaraciones a este periódico, «por todo lo demás no respondo; no puedo responder por actos cometidos por otras personas ni de actos de un familiar».

La regidora tirajanera se ha pronunciado así en relación a la información adelantada el sábado por este periódico sobre la oposición de la Fiscalía al recurso interpuesto por Julio Narváez para evitar la pena de prisión impuesta el juzgado en 2018 por un delito contra la ordenación del territorio al construir un centro hípico de forma ilegal en suelo rústico. «Mi padre, como cualquier vecino, tiene que responder por las irregularidades que ha cometido en su finca», dijo, «durante años le he dado consejos, pero tiene que cumplir con la legalidad, con una sentencia firme y devolver al estado original que se le autorizó, que es un cuarto de aperos y seis caballerizas».

«Durante años le he dado consejos, pero tiene que cumplir con la legalidad, con una sentencia firme y devolver al estado original que se le autorizó, que es un cuarto de aperos y seis caballerizas», relata la alcaldesa

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Conchi Narváez ha asegurado que su padre «ya está demoliendo las instalaciones». «Me consta», afirmó, al tiempo que señaló que si Julio Narváez no cumple con su obligación será el Ayuntamiento el que actúa «al igual que haría con cualquier otro particular».

Por su parte, en declaraciones a la Cadena Ser, la denunciante, Elisa Santana, sostuvo este martes que denunció ante la Fiscalía porque lo hizo por la vía administrativa, sin éxito. «La sentencia de 2018 no solo no se ha cumplido, sino que sigue la actividad agrícola», afirmó. Santana explicó que en su momento se puso delante de una guagua escolar para impedir el paso a 100 niños pues «el centro no tenía permisos ni seguro». 

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