El Ayuntamiento de Santa Brígida da la razón a vecinos de núcleos rurales que se quejaron de que terrenos de su propiedad habían quedado fuera de ordenación urbana pese a estar junto a otros que si contaban con esta catalogación. La reclamación toma consistencia porque en un territorio donde la mayor parte del suelo está protegido cualquier parcela urbana vale sus metros en oro, ya que esa falta de terreno provoca que los descendientes de los residentes de esos pagos alejados tengan que buscar casa en otro municipio porque es complicado disponer de un trozo de tierra para hacerse una vivienda. Tras mirar esas denuncias, los técnicos de Urbanismo han dado la razón a los vecinos y están subsanando algunos errores que se cometieron cuando cuando se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana, en 2019, para pemitir que buena parte de esos terrenos localizados en asentamientos rurales que quedaron fuera de ordenación se puedan incluir como urbanos, de cara a su desarrollo urbanístico futuro.
«Se trata de corregir ciertos errores que se cometieron al redactar el Plan General, pero no son modificaciones sustanciales, de ahí que como establece la Ley del Suelo de Canarias, se puedan solventar desde el propio Ayuntamiento sin tener que precisar de consultas o de informes de los departamentos de Política Territorial del Gobierno canario o del Cabildo» , aclara el edil de Urbanismo de Santa Brígida, Martín Sosa.
Insiste en dejar claro el responsable de Urbanismo que lo que se pretende con estas modificaciones del planeamiento es que los asentamientos rurales queden bien regulados porque hay parcelas que no se contemplaron y, dado que quedaron excluidas, lo que corresponde es hacer las correcciones, y que esto no significa que se van a calificar suelos de repente para que haya más espacio para urbanizar. En este sentido puntualizó que el único objetivo de todo este cambio es que todos esos asentamientos rurales queden bien definidos en el desarrollo urbanístico porque de cara al crecimiento de esos núcleos esta es la única opción que les queda, si bien precisó que a la hora de edificar se tienen que seguir unos critterios.
Sosa destacó que es cierto que uno de los problemas de la despoblación de estos asentamientos rurales de Santa Brígida es que el territorio al estar protegido en su mayor parte no da opciones a que puedan crecer, y de otro, en las zonas en las que se construye del municipio debido a los elevados precios de las viviendas muchos vecinos no pueden acceder, y optan por irse a otros municipios.
Ese es uno de los motivos por los que el municipio, aunque no forma parte de las localidades con menos de 5.000 habitantes entre las que están Tejeda, Artenara y Valleseco, si que se ha interesado en un programa que ha suscrito la Federación Canaria de Municipios (Fecam) con el Gobierno canario para luchar contra el despoblamiento en las zonas rurales. Este programa dotado con 14,5 millones contempla subvenciones para las localidades de menos de 20.000 habitantes para incrementar el parque público de alquiler social a través de la rehabilitación de inmuebles en desuso que sean de titularidad municipal. Los fondos también servirán para promover la rehabilitación de viviendas de titularidad privada, cuyos propietarios reúnan los requisitos para dotarlas de las adecuadas condiciones de habitabilidad. Y además, una parte de estas partidas servirán para fomentar la adquisición o construcción, por parte de los ayuntamientos, de viviendas en régimen de alquiler.
