El Pleno del Cabildo de Gran Canaria aprobó este viernes una moción para que la Isla desarrolle una política propia de memoria histórica, reconozca a las víctimas del franquismo y divulgue los hechos ocurridos durante la dictadura. El acuerdo incluye la creación de una red insular de enclaves relacionados con la represión tras el golpe de estado de 1936 y los siete primeros emplazamientos que se proponen son Pozo del Llano de las Brujas, Pozo de Tenoya, Pozo del Barranco de Arucas, Pozo de la Vuelta del Francés, Sima de Jinámar, Cementerio de Vegueta y Marfea.
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La moción, presentada por el pacto tripartito de NC, PSOE y Sí Podemos, salió adelante con el apoyo de Ciudadanos y la abstención del PP y UxGC-CC, aunque el portavoz de este último grupo, José Miguel Bravo de Laguna, reprochó al presidente Antonio Morales que lleve al Pleno cuestiones que su gobierno puede ejecutar directamente. «Háganlo», le espetó Bravo, quien también puso en duda que este tipo de iniciativas sea útil para frenar a la extrema derecha, uno de los argumentos de los proponentes. Para sorpresa, los consejeros del PP ni siquiera intervinieron en el debate.
La moción tiene cinco acuerdos y el primero es generar esa red insular de la memoria histórica «en la que diversos enclaves de Gran Canaria sean activados para reconocimiento, reparación y, sobre todo, la difusión de todos los acontecimientos, experiencias y recuerdos que pueden asociarse a cada uno de estos lugares en relación a la represión franquista». Pese a que la red «nace con vocación de progresivo crecimiento», se proponen esos siete primeros emplazamientos, en algunos de los cuales, como los pozos del Llano de las Brujas y de Tenoya, ya han sido recuperados los restos mortales de los ciudadanos de Arucas, Firgas o Gáldar que fueron asesinados en las semanas posteriores al golpe de estado de Franco.
Los siete primeros emplazamientos son Pozo del Llano de las Brujas, Pozo de Tenoya, Pozo del Barranco de Arucas, Pozo de la Vuelta del Francés, Sima de Jinámar, Cementerio de Vegueta y Marfea
El segundo acuerdo es desarrollar un trabajo coordinado y transversal entre consejerías del Cabildo para un mejor cumplimiento de los objetivos de las políticas insulares en materia de memoria histórica y el tercero instar al Gobierno de Canarias a que, en el marco de las competencias de le otorga la Ley Canaria de Memoria Histórica, declare como lugares de la memoria a los enclaves reseñados, para de ese modo garantizar su conservación y reconocer su papel en la conformación de una memoria común.
También se insta al Gobierno de Canarias, en el cuarto acuerdo, a que se impulse la creación del registro de víctimas y el banco de ADN humano, en particular teniendo en cuenta la avanzada edad de buena parte de las víctimas directas. Por último, se reclama al Gobierno de Canarias a que «ponga en marcha la Estrategia de memoria histórica a la que alude la ley sectorial y la creación de la comisión técnica de la Memoria Histórica, solicitando, además, que los Cabildos puedan tener representación permanente en dicha entidad».
Ese quinto punto también fue criticado por Bravo, pues recordó que la ley a la que se refiere se aprobó en 2018 y otorgaba tres meses para constituir esa comisión técnica. Sin embargo, han pasado cuatro años y no se ha creado, pese a que el actual gobierno autonómico está formado por los mismos grupos que el tripartito del Cabildo y lleva tres años de mandato.
Los portavoces de NC, Carmelo Ramírez, y de Sí Podemos, Conchi Monzón, recordaron que en Gran Canaria no hubo Guerra Civil, sino represión de un solo bando, y criticaron a los que pretenden ahora «blanquear al franquismo».