El puerto de Santa Águeda al que el Gobierno canario ha decidido darle uso industrial y deportivo unos seis años para frenar la polémica con los empresarios hoteleros que reclaman que solo tenga carácter deportivo como contempla el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO), y no continúe operando la cementera Ceisa, ya está calificado como de interés general desde 2017, es decir que ya estaba contemplada la combinación de la actividad de la cementera con la de ocio marítimo. La Ley del Suelo y Espacios de Naturales Canarias de 2017 incluye al Puerto de Santa Águeda en la misma categoría que al de Las Nieves, en Agaete, y que al de Arguineguín, en Mogán. Son justo estos tres recintos portuarios de la isla los únicos considerados como de interés general de la Comunidad autónoma.
Lo que hace la citada Ley del Suelo es modificar la disposición de la Ley 14/2003 de Puertos de Canarias, y ya agrupa a los distintos recintos portuarios de las islas en categorías de interés general y deportivo.
En Gran Canaria los recintos que para Puertos Canarios son considerados como deportivos son Pasito Blanco (San Bartolomé de Tirajana), Puerto Rico (Mogán) Mogán (Mogán), Taliarte (Telde) y no contempla al de Santa Águeda. En esta clasificación están también el de Caleta de Fuste (Fuerteventura); los de Puerto Calero y Marina del Rubicón de Yaiza (Lanzarote); Puerto Colón en Adeje (Tenerife); La Galera en Candelaria (Tenerife); Radazul en El Rosario (Tenerife); y Los Gigantes en Santiago del Teide (Tenerife). En el caso de Anfi del Mar, que se construye tras una concesión que solicitó el empresario noruego Lyng, sigue a día de hoy como un puerto de titularidad estatal porque el Ministerio de Medio Ambiente rechazó en diciembre de 2007 la solicitud del Gobierno de Canarias para adscribir los bienes de dominio público terrestre sobre los que se asienta el recinto.
La opción del Ejecutivo canario de dar el uso deportivo a Santa Águeda supone que el Plan Insular de Ordenación de 2004, que se encuentra en fase revisión por parte del Cabildo de Gran Canaria, debía ya tener incluida este clasificación desde hace años y no ahora porque lo ha decidido el Gobierno ante el fin de la concesión de Ceisa, que vence a finales del próximo mes de octubre. El consejero de Obras Públicas del Gobierno canario, Sebastián Franquis, señaló el pasado viernes que una vez que el consejo de administración de Puertos Canarios dé el visto bueno el próximo 22 de octubre al uso mixto de estas instalaciones el Cabildo tendrá que transformar esta previsión en determinación.
Y, si bien el consejero anunció también el traslado en un plazo de seis años de la planta de producción de la cementera al Polígono industrial de Arinaga, una cuestión que la cementera aclaró que no tiene previsto llevar a cabo, en el Ayuntamiento de Agüimes tampoco tenían constancia de esta posible mudanza de Ceisa. El regidor de este municipio, Óscar Hernández, aseguró ayer que «nadie se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento ni con la Entidad de Conservación del Polígono para plantear la disponibilidad de suelo». Además, Hernández añadió que si el Gobierno y la empresa cementera han abordado este asunto del traslado a Arinaga «lo normal es que tengan la deferencia de llamar al alcalde».
La polémica por el futuro de la bahía de Santa Águeda se aviva en hace año y medio a raíz de que los empresarios turísticos que han invertido en negocios hoteleros y tienen parcelas por desarrollar reclaman al Gobierno canario que no prorrogue la concesión a Ceisa que expira en octubre por otros 25 años más, y que además plantee a la empresa su traslado a otro emplazamiento.
A la vez, la empresa reacciona, primero recordando que una cosa es la concesión y otra la fábrica que está en terrenos de su propiedad desde 1957, y de otra, presentando un ambicioso plan de mejora del entorno de El Pajar que alcanzaría los 10 millones de euros, y que supondría prolongar el paseo marítimo de El Perchel, la recreación de piscinas naturales en el oeste de la fábrica, plazas de aparcamiento, y la mejora de la eficiencia energética con placas fotovoltaicas.
Ante este conflicto, el consejero de Obras Públicas, que tambén preside el consejo de administración de Puertos Canarios, opta porque una comisión integrada por este departamento, el de Turismo, y Planificación Territorial analice cúal es la mejor opción para este recinto y emita un dictamen al respecto, pese a que no tiene carácter vinculante. Y de ahí ha salido la propuesta de darle un uso combinado, de tal forma que junto a la actividad industrial se reserva un espacio para unos 150 o 200 atraques.
También han alzado su voz los vecinos de El Pajar. A través de la plataforma Salvar la bahía de Santa Ägueda han mostrado su rechazo a la especulación urbanistica de este paraje y han salido en defensa de la continuidad de la actividad de la cementera.
