El nuevo Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO-GC), cuya revisión se tramita desde hace 12 años, sigue pendiente del informe favorable de Costas. Mientras en el gobierno del Cabildo y en el Ministerio para la Transición Ecológica atribuyen el retraso al intercambio de documentos entre ambas administraciones por las discrepancias sobre algunas actuaciones en el litoral, los grupos de la oposición y expertos en urbanismo ya dudan de que el nuevo planeamiento insular pueda salir adelante en el actual mandato, que acaba en mayo de 2023.
La consejera insular de Política Territorial, Inés Miranda, declaró ayer que su departamento solo está a la espera del informe de la Dirección General de la Costa y el Mar para continuar con la tramitación. Antes de llegar al Pleno del Cabildo para su aprobación definitiva, la revisión del PIO-GC debe tener previamente la luz verde del Consejo de Gobierno Insular y someterse al periodo de información y alegaciones de los grupos políticos de la corporación.
Ante ello, Miranda no se atreve a poner una fecha exacta para la aprobación, pero confía en que pueda hacerse antes de que acabe este año 2022. En el último Debate sobre el Estado de la Isla, el pasado mes de junio, y en respuesta a una pregunta del grupo Ciudadanos, la consejera respondió que pretendía hacerlo en el verano, al igual que el Plan Territorial Parcial del Litoral del Norte.
De hecho, el PIO-GC debería estar aprobado desde principios de este año, reconoció Miranda, quien precisó que «mes a mes» se sigue esperando por el dictamen favorable de los técnicos de Madrid. «Hace casi dos años que coordinamos el informe con los responsables del Costas en el Ministerio y nos dijeron que en febrero, luego marzo, abril... y seguimos esperando porque tampoco ha llegado en agosto», apuntó la consejera de Política Territorial, quien resaltó que el resto de los documentos de otras áreas del Cabildo y de la Comunidad Autónoma ya están entregados.
Miranda recordó que el PIO-GC ya ha sido sometido a información pública, desde el verano de 2017, y que se han valorado e informado todas las alegaciones, por lo que a día de hoy «cuenta con los informes preceptivos y sectoriales de todas las administraciones que tienen que aportar algo».
Actuaciones
«Solamente -insistió- estamos pendientes de Costas, estemos o no de acuerdo con las valoraciones que haga en ese informe; y queremos tenerlo ya porque para nosotros es un instrumento importantísimo». Al respecto, subrayó que «hay muchas actuaciones en Gran Canaria que están a la espera de que se apruebe este Plan para ser desarrolladas».
Aunque la tramitación de estos planes tienen un tiempo estipulado, la consejera aseguró que no hay peligro de caducidad. Tampoco hay que incorporar al documento las disposiciones de los nuevos planes parciales o especiales, como los del tren (PTE-21) o del Litoral del Norte (PTP-15), pues ya estaban incluidas desde el inicio de la revisión del PIO-GC, en el año 2010.
«Todo esto lleva muchos años y mucho trabajo, por eso lamento y digo con dolor que por depender de una administración que no ha contestado esté paralizado el desarrollo de muchas acciones que son positivas para Gran Canaria, por eso es una necesidad urgente disponer de ese informe favorable», concluyó.
Por contra, los responsables de Costas informaron que ese informe está pendiente porque el Cabildo todavía no ha incluido en el PIO-GC las modificaciones que le ha reclamado el Ministerio, por lo que no se puede otorgar un dictamen favorable. Según las mismas fuentes, es el Cabildo el que no ha entregado una propuesta con las cambios solicitados por Costas.
Por su parte, el portavoz del PP en el Cabildo, Marco Aurelio Pérez, opinó que el nuevo planeamiento insular difícilmente podrá ser aprobado en este mandato, pues aún quedan trámites administrativos que cumplir.
«Yo creo que con el PIO-GC está pasando lo mismo que con todas las cosas del gobierno actual; vamos para ocho años con un documento que, por desgracia para los grancanarios, sigue en el mismo punto en el que se lo encontraron», afirmó Pérez en referencia a que la antecesora de Miranda en el área Política Territorial, la consejera del PP Ana Kursón, ya dejó elaborada una propuesta, aunque no le dio tiempo a aprobarla.
El portavoz del PP recordó que Miranda y otros representantes de NC y PSOE criticaron con dureza a Kursón por no haber sacado el Plan en los cuatro años del mandato de los populares (2011-2015). «Ya han pasado más de siete años de gobierno tripartido y tampoco lo han aprobado, pese a que ya se lo dejaron hecho», comentó Pérez, quien recalcó que Miranda «no ha hecho nada en estos ocho años y lamentablemente Gran Canaria sigue sin Plan Insular, estemos o no de acuerdo con algunas de las actuaciones que se incluyan».
Los instrumentos de planeamiento como el PIO-GC deben revisarse en teoría cada diez años, pero en este caso ese trámite dura ya 12 años. El vigente es de 2004 y tiene que adaptarse a la Ley del Suelo y a otras legislaciones.
